Algunos abogados se interesan por su incorporación al sindicato

Algunos abogados se han puesto en contacto en los últimos días con el entorno de Manos Limpias, tras el estallido de la Operación Nelson y antes de saber la intención de Bernad de disolver la organización, para expresarle su interés en incorporarse al sindicato. Uno de estos abogados, según fuentes cercanas al sindicato, tiene su firma en algunas demandas y querellas interpuestas en nombre del partido de Pablo Iglesias, Podemos.

Manos Limpias ha estado (o estuvo) en multitud de procesos judiciales desde su constitución. Está en el asunto de los ERE de Andalucía, en Gürtel, en querellas contra Artur Mas y la familia Pujol, en la denuncia por supuesta financiación ilegal de Podemos, en el caso del nepotismo del Tribunal de Cuentas, en el Madrid Arena (la tragedia de la noche de Halloween en este inmueble municipal), en diferentes procedimientos contra la banda terrorista ETA, en el caso de los dos alcaldes del PSOE de la localidad madrileña de Ciempozuelos (luego absueltos) que supuestamente habían ocultado dinero en Andorra, en las diligencias sobre la filatélica Afinsa, o en el caso de Caja de Madrid por las tarjetas black. También actuó en su día contra los jueces Baltasar Garzón y Juan de Olmo (este último, por su instrucción de los atentados del 11-M).

En 2006, el líder del sindicato señaló que un 70% de las denuncias presentadas hasta entonces por Manos Limpias había prosperado, y lamentó que el 30% restante no lo había hecho por “falta de medios económicos”, si bien anunció que el 30% de las que sí habían prosperado se saldó con sentencias condenatorias.

También han destacado las denuncias o personación del sindicato en asuntos relacionados con la Iglesia. Los medios de comunicación tampoco han estado a salvo de sus denuncias. Ni los políticos: interpuso demandas, luego archivadas, contra el expresidente Zapatero y su equipo económico, al entender que sus decisiones perjudicaron la economía nacional; contra responsables del Ayuntamiento de Madrid por prevaricación y tráfico de influencias, e incluso contra el expresidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, también por prevaricación, y que supuso su inhabilitación durante nueve años para ese cargo público.