El tribunal del ‘caso Nóos’ desestima expulsar a Manos Limpias del proceso

La 36 sesión del juicio por el caso Nóos ha estado marcada por la decisión del tribunal de desestimar la petición de la defensa de Diego Torres, formulada la víspera, para que se expulse del proceso al pseudosindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular contra la hermana del Rey, tras la detención de su presidente, Miguel Bernad. La magistrada ha añadido, asimismo, que "no ha lugar a incorporar ningún testimonio" relacionado con la Operación Nelson que afecte al proceso en el que son juzgados la Infanta y su marido, Iñaki Urdangarin, tal y como pedía la Fiscalía. La magistrada Samantha Romero ha señalado que, en cualquier caso, el tribunal se pronunciará sobre la petición de la defensa de Torres en "la sentencia final". 

La letrada del pseudosindicato Virginia López Negrete ha indicado que, tras la decisión del tribunal, "Manos Limpias, como persona jurídica, sale reforzada de esta causa". "No hay ningún tipo de motivo para que esta acusación no esté aquí", ha recalcado. El letrado de Diego Torres, Manuel González Peeters, ha presentado una protesta formal a la que se han adherido otras defensas. El fiscal Pedro Horrach, por su parte, ha anunciado que se interesará por la información del proceso que se sigue en la Audiencia Nacional en relación con Manos Limpias y la aportarán al juicio del caso Nóos "si ello es posible".

José Manuel Romero, asesor jurídico de la Casa Real y conde de Fontao, ha sido el principal testigo de la jornada. Ha explicado ante el tribunal que recomendó a Iñaki Urdangarin que abandonase las “actividades de carácter mercantil porque el marido de la Infanta no debía realizar actividades de esta índole en primera persona”. Romero ha repetido varias veces que nunca dedujo “que hubiese una actividad ilícita, sino una actividad inadecuada” para Urdangarin, aunque solo comentó la situación del duque de Palma con el entonces jefe de la Casa Real Alberto Aza. “No hablé con nadie más”, ha recalcado.

La sala que juzga la trama montada a través del Instituto Nóos por Iñaki Urdangarin y Diego Torres para obtener fondos públicos y repartírselos, ha escuchado a José Manuel Romero explicar que se preocupó del tema tras aparecer las primeras informaciones sobre la actividad mercantil del esposo de la Infanta en Baleares.

“Las personas de la Familia Real no debían realizar operaciones mercantiles por cuenta propia”, ha asegurado el conde de Fontao, que ha reconocido que se desplazó en 2005 a Barcelona para explicarle a Urdangarin que debía desvincularse del Instituto Nóos y adoptar el criterio establecido para los miembros de la Casa del Rey de que solo podían trabajar por cuenta ajena o colaborar en fundaciones controladas por un patronato externo.

Romero ha asegurado que, ni en ese momento, ni en los años posteriores tuvo “la más mínima sensación de que hubiese un ilícito penal”. “Mi intervención fue para proteger el nombre y la participación institucional del señor Urdangarin”, ha manifestado el conde de Fontao. Romero ha explicado que le dijo al marido de la Infanta que “podía cobrar indemnizaciones por acudir a reuniones de los consejos de administración de empresas, pero nunca comisiones” por la obtención de contratos.

De las actividades privadas no se ocupaba nadie

El asesor jurídico externo de la Casa del Rey, que desempeñó sus labores entre 1993 y finales de 2014, ha negado que supiese de la existencia de Aizoon, la sociedad participada al 50% por la infanta Cristina y su esposo. “De las actividades privadas de los miembros de la Familia Real no se ocupaba nadie, no eran objeto de autorización”, ha dicho el conde de Fontao, que ha asegurado que nunca supo que la hija del Rey Juan Carlos y su secretario Carlos García Revenga formaban parte de la junta del Instituto Nóos o que el matrimonio hubiese constituido la sociedad patrimonial Namasté, primero, y Aizoon, después.

Tras el interrogatorio de las partes, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha preguntado al asesor jurídico de Juan Carlos I si las recomendaciones realizadas a Urdangarin tuvieron un carácter imperativo. “Generalmente yo hacía recomendaciones, y lo que ocurría es que se cumplían”, ha dicho Romero, que ha recordado que el entonces duque de Palma abandonó el Instituto Nóos y promovió la creación de una fundación siguiendo sus instrucciones. Sin embargo, el conde de Fontao ha añadido: “Mis indicaciones no eran una intervención coactiva, porque la Casa Real no hace eso, pero yo tenía cierta autoridad porque llevaba 22 años”.

Durante la sesión de hoy también ha declarado como testigo el empresario de Lobby Comunicación Miguel Zorío que prestó servicios de gabinete de prensa para el Instituto Nóos en las jornadas Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006 y participó en el proyecto de Juegos Europeos. Zorío ha negado haber librado facturas falsas y ha indicado que el Gobierno valenciano se negó a pagar porque no estaban bien documentadas.

Zorío, que ha relatado una reunión con Urdangarin y el entonces presidente valenciano que omitió en su declaración Francisco Camps, ha explicado que facturaron elevadas minutas porque su empresa es "una boutique de comunicación". Las declaraciones posteriores de dos extrabajadoras de Lobby Comunicación han revelado que parte de los informes por los que se cobraron elevadas cantidades se realizaron en muy poco tiempo y con información obtenida, básicamente, de Internet.