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España, entre los países donde más falta de independencia judicial se percibe

Más del 40% de los españoles achaca la falta de independencia judicial a la presión política

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, en la presentación de los resultados del indicador. Ampliar foto
La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, en la presentación de los resultados del indicador. EFE

España es el sexto país de la Unión Europea donde sus ciudadanos perciben una mayor falta de independencia de su sistema judicial, con el 56% que lo valora como "malo o muy malo" desde el punto de vista de su independencia, según los resultados del índice sobre los sistemas judiciales en la UE publicado este lunes por el Ejecutivo comunitario.

Solo los ciudadanos de Bulgaria (70%), Croacia (66%) Eslovenia (62), Eslovaquia (61%) e Italia (61%) creen que sus tribunales y jueces son todavía menos independientes que en el caso de los españoles, mientras que, en el polo opuesto, los sistemas judiciales de Dinamarca (7%), Finlandia (12%) y Suecia (145) son los mejores valorados por sus ciudadanos, según los resultados del informe, el cuarto publicado hasta ahora y que incluye, por primera vez, datos sobre la percepción de los ciudadanos y no solo las empresas.

Injerencias políticas

Respecto a los motivos para percibir una falta de independencia judicial, el principal motivo que esgrimen los españoles es la presión de los Gobiernos o políticos, algo que sostiene el 41% de los españoles, los quintos que más denuncian la injerencia política como el principal problema de la justicia, solo por detrás de eslovacos, búlgaros, croatas, italianos y eslovenos.

Asimismo, el 38% de los españoles achaca la falta de independencia judicial a las presiones económicas o de otros intereses específicos y el 28% a la falta de independencia al estatus y posición insuficiente de los jueces para garantizarla.

"La percepción de la independencia judicial en España sigue siendo un desafío para España y creo que se debe no solo a casos individuales de los ciudadanos en sí sino también a estos casos públicamente monitorizados y bien conocidos, donde la gente espera una decisión justa por parte de los jueces en el país", ha explicado en rueda de prensa la comisaria de Justicia, Vera Jourová, preguntada por los casos judiciales pendientes como el caso Noos o el caso Bárcenas sobre la posible financiación ilegal del PP y las recomendaciones del Ejecutivo comunitario a España para mejorar en la independencia judicial.

Jourová no se ha querido pronunciar más allá sobre la situación "doméstica" en España y ha recordado que compete a las autoridades políticas llegar a "sus propias conclusiones de lo que deben hacer" para mejorar a la luz de los resultados del Índice comparativo, que pretende ser "una herramienta muy valiosa" para "impulsar" las mejoras, aunque ha dejado claro que los Gobiernos europeos sí deben cumplir las recomendaciones específicas de Bruselas.

En el caso de la percepción de la independencia judicial por parte de las compañías, el 64% de las empresas en España consideran la situación "mala o muy mala", solo por delante de Eslovaquia (77%), Bulgaria (71%) y Croacia e Italia (70%), según el informe. En el polo opuesto, las empresas en Luxemburgo (7%), Dinamarca (10%) y Finlandia (12%) son las más satisfechas con la independencia judicial en su país.

Eficacia y calidad

Al margen de la independencia judicial, el informe también mide la eficiencia y calidad de los sistemas judiciales de los Estados miembros a la luz de indicadores como el número de casos civiles y comerciales pendientes y el plazo para resolver el litigio o la formación de jueces o la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre otros.

En el caso de España, la comisaria ha destacado que "los indicadores de eficiencia y de la calidad del sistema judicial muestran en general una actuación media, con espacio para la mejora en ciertos parámetros", en particular, los plazos para resolver los litigios civiles y comerciales y el número de casos administrativos pendientes y ha valorado que "al contrario que el año pasado, España ha cooperado plenamente en los preparativos del índice, incluido aportando datos sobre los indicadores de eficiencia".

Los datos muestran que en España se necesitaban 318 días para resolver casos civiles y comerciales en 2014, únicamente por detrás de Grecia (330), Francia (348), Croacia (380), Eslovaquia (524), Italia (532) y Malta (536) y año y medio para resolver sobre quiebras de empresas en 2015 en España, entre los diez donde menos se tarda, junto con Chipre y Letonia. Además, España es el tercero con más casos administrativos pendientes de resolución (0,4 por cada 100 habitantes), igual que Italia, Finlandia y Letonia y sólo por detrás de Alemania y Chipre (0,9 cada uno).

Por lo que se refiere a la tasa de resolución en primera instancia, el 1% de los casos civiles, comerciales y administrativos se resuelven en primera instancia en España, como en la mayoría de los países y quedaban pendientes de resolución 3,1 casos por 100 habitantes, solo menos que en Rumanía (3,3), República Checa (3,4), Polonia (4), Chipre (6,1) Eslovaquia (7,3), Italia (7,4), Croacia (8,4) y Eslovenia (12).

En el caso del número de jueces y el gasto público en justicia, España es el duodécimo país donde el Gobierno gasta más dinero (82 euros por habitante), solo por detrás de Luxemburgo, Reino Unido, Alemania, Suecia, Austria, Países Bajos, Finlandia, Bélgica, Italia, Eslovenia e Irlanda y el sexto que menos jueces por habitante tiene, 12 por cada 100.000 habitantes, igual que Suecia.

En el caso de la formación de los jueces, el 0,38% de toda la plantilla de jueces españoles participa en programas de formación en materia de Derecho europeo o para estudiar la legislación de otro país, el duodécimo mayor porcentaje en toda la UE, por detrás de Eslovenia, Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Rumanía, Bulgaria, Países Bajos, Italia y Croacia.

En términos generales, la comisaria ha valorado que "la mayoría de los Estados miembro están haciendo progresos para mejorar sus sistemas judiciales", aunque "todavía hay espacio para la mejora" y ha asegurado que "la Comisión seguirá asistiendo a los Estados miembros a mejorar sus sistemas judiciales" porque son clave para el Estado de Derecho, pero también para la confianza de los inversores y contribuir al crecimiento económico.