Así se paga una comisión ilegal para cobrar una factura
Un vídeo muestra a un proveedor de la desalinizadora de Cartagena entregando 4.500 euros para agilizar una deuda. La planta ya ha costado 90 millones de dinero público
Se llama “la propinilla”. Y fue el peaje que supuestamente pagaron algunos proveedores de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) para agilizar el cobro de sus trabajos en esta planta para producir agua que simbolizó uno de los proyectos estrella del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel (PP). La infraestructura ya ha costado 90 millones de euros de dinero público.
El empresario Jesús G. F. asegura que abonó 20.000 euros en comisiones ilegales durante cinco años a un responsable de la firma encargada del mantenimiento de la instalación, Tedagua, del Grupo ACS.
La mordida perseguía acelerar el cobro de sus facturas por valor de 150.000 euros. El receptor del dinero fue presuntamente el jefe de administración de la desalinizadora, Joaquín Peña, según un vídeo al que ha tenido acceso EL PAÍS y que forma parte de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Las imágenes muestran a Peña contando 4.500 euros en la garita de vigilancia de la desalinizadora. La escena se desarrolla en un clima distendido después de que el proveedor descubra que todavía no ha cobrado porque “Madrid”, donde se encuentra la sede central de Tedagua, no ha autorizado el abono. “¡Es el impuesto revolucionario por trabajar aquí!”, ironiza el donante. La becaria del departamento de administración Sandra R. y un guardia de seguridad asisten a la escena, según la denuncia ante Anticorrupción.
El hombre que paga la mordida es el gerente de una firma de pinturas con cuatro trabajadores. Este empresario sostiene que otros cinco proveedores de la desalinizadora de Escombreras desembolsaron también durante años “la propinilla”. “Si pagabas, en tres días te ingresaban el dinero. De lo contrario, podías tardar hasta seis meses en cobrar. Me tuve que bajar los pantalones. Pensé en las familias de mis empleados. Y nunca inflé el precio para recuperar la comisión”, justifica este pintor, que sostiene que la desalinizadora le adeuda desde 2013 trabajos por valor de 18.000 euros. Según su relato, la rúbrica de Peña resultaba imprescindible para cobrar. Y, de no abonar el peaje, “los futuros trabajos se alargaban hasta no llamarte”.
La “propinilla” se sustanció también en cestas navideñas, jamones, invitaciones a restaurantes y ordenadores portátiles, según el denunciante.
El presunto receptor del dinero, que ayer atendía el teléfono que figura en la web oficial de la desalinizadora, colgó en tres ocasiones a este periódico tras ser preguntado por el vídeo. La empresa encargada del mantenimiento de la planta, Tedagua, ha indicado que, en caso de confirmarse la actuación irregular de Peña, "actuará en consecuencia". "Nos desmarcamos totalmente de estos comportamientos", explica un portavoz de la filial de ACS. Tedagua ya despidió hace dos años a los jefes de planta y de mantenimiento de esta instalación por hechos similares.
El material que maneja la Fiscalía Anticorrupción de Murcia podría ser constitutivo de un delito de extorsión, según el abogado que ha presentado la denuncia, Diego de Ramón.
La desalinizadora de Escombreras es una factoría construida por una filial de ACS. La firma mantiene un contrato de arrendamiento con el Gobierno de Murcia. El centro fue concebido para producir agua para el regadío, el abastecimiento humano, el mantenimiento de campos de golf y el uso industrial. La Región de Murcia ha desembolsado hasta 2013 un total de 90 millones de euros. Y ha asumido compromisos financieros con la empresa que desarrolló la infraestructura por valor de 446, según el Tribunal de Cuentas. La iniciativa concebida por Valcárcel costará a las arcas públicas 600 millones de euros, según el PSOE.
investigacion@elpais.es
Dinero público al servicio de una obra bajo sospecha judicial
Inaugurada en vísperas de las elecciones que revalidaron en 2007 la mayoría absoluta del PP en Murcia, la desalinizadora de Escombreras (Cartagena) nació acompañada de polémica. La planta arrancó sin permisos del Ministerio de Medio Ambiente ni declaración de impacto ambiental. Y fue una apuesta del Ejecutivo del popular Ramón Luis Valcárcel para abastecer de agua a Murcia, Cartagena y Torre Pacheco.
Sus detractores -la oposición al PP y grupos ecologistas- vieron en el proyecto la excusa perfecta para desatascar grandes planes urbanísticos en plena orgia inmobiliaria. La instalación se levantó sobre unos terrenos cedidos por la Región de Murcia. Y pronto concentró las reticencias de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Este organismo desaconsejó en 2008 captar agua de una dársena repleta de suciedad donde atracaban buques metaneros. Greenpeace fue más allá al señalar el peligro de los vertidos en la zona.
La desalinizadora es propiedad de la filial de ACS Hydromanagement. Una sociedad que alquila la planta a la Región de Murcia. El contrato obliga a la comunidad a pagar al grupo de Florentino Pérez cerca de 600 millones de euros si rescinde el acuerdo antes de su finalización, en 2034.
La planta está siendo investigada por dos juzgados de Murcia, la Asamblea regional y el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía Anticorrupción tiene diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón por los presuntos delitos de malversación, falsedad documental y fraude en las subvenciones. De Ramón, que sostiene que el proyecto se ideó para justificar la recalificación de 180 millones de metros cuadrados, también ha remitido un escrito al comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, Karmenu Vella. El documento pide la inspección de todos los productos agrícolas regados con agua procedente de la desalinizadora de Escombreras. “El agua se capta dentro de la dársena del puerto de Cartagena, donde entran petroleros, metaneros, buques de carga y cruceros. Se trata de embarcaciones que contienen metales pesados y otras sustancias no aptas para el consumo humano”.
Según el portavoz del PSOE en la Comisión de investigación de la desalinizadora de Escombreras, Jesús Navarro, el proyecto “no fue necesario y se desarrolló para hacer viables iniciativas urbanísticas. Un entramado societario ha permitido que una obra que podía costar 85 millones suponga un desembolso de 600”.
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