España: 18 refugiados en seis meses

Cada año llegan a España miles de personas huyendo de guerras o persecución política, y cada año el Gobierno español concede el derecho de asilo a cientos de ellas. Pero, de pronto, la guerra en Siria y la consiguiente crisis de los refugiados desatada en Europa en 2015 lo han cambiado todo: de pronto, la capacidad de acogida de España -y de prácticamente todos los países europeos- parece haber desaparecido. De las casi 16.000 personas que España se comprometió hace seis meses a traer desde los campamentos improvisados de Italia y Grecia, solo han llegado 18 (cifras oficiales). El 0,1%. España tiene aún año y medio de plazo para cumplir su compromiso, pero a este ritmo es imposible que ni siquiera se acerque. Ahora, además, la Unión Europea ha empezado a expulsar a los refugiados, devolviéndolos a Turquía para desde allí organizar otro plan.

¿Qué explicación hay a esta caída de brazos? ¿Qué ha pasado en estos seis meses? ¿Es un problema de medios, de presupuesto, de red de acogida? El Gobierno del PP y las ONG coinciden: no, nada de eso falta. El Ejecutivo ha destinado un presupuesto “suficiente” (253 millones), según las organizaciones, y las plazas de acogida crecen cada día. Hay, además, miles de refugiados, muchos de ellos sirios, que siguen llegando por sus propios medios a España, y aquí su solicitud se tramita normalmente. ¿Qué justifica entonces la ínfima cifra de 18 refugiados traídos de los campamentos?

El presidente Mariano Rajoy dará hoy su versión en el Congreso, pero un portavoz del Ministerio del Interior adelanta este argumento: el procedimiento decidido por la UE para el reparto de refugiados “es complejo, con varios actores implicados, y la dificultad radica en conseguir que todos ellos estén coordinados”. Esa coordinación entre países ha fallado, viene a decir el Gobierno. El propio Rajoy, preguntado por el asunto, apuntó el pasado domingo en La Sexta: “Las decisiones que se toman en la UE desgraciadamente no van todo lo rápido que me gustaría. Hay cosas que deberíamos hacer mejor. Las cosas van lentas”. Las tres ONG que gestionan la acogida de refugiados en España —CEAR, Cruz Roja y Accem— llegan a otra conclusión: ha faltado “voluntad política”, no solo en España sino en toda Europa (el grado de cumplimiento global es del 0,5%). En ningún momento, sospechan, hubo intención real de llevar a cabo ese acuerdo.

La situación hasta 2015. El año pasado pidieron asilo en España 14.887 personas, casi tres veces más que el anterior; cerca de la mitad eran sirios. Entraron por Ceuta y Melilla, o llegaron en avión y pidieron asilo nada más pisar el aeropuerto. El procedimiento para todos es el mismo: los solicitantes son trasladados a pisos o centros de acogida (actualmente hay unas 2.000 plazas), donde pasan un máximo de seis meses; allí reciben techo, comida, atención social, asesoramiento legal y laboral, ayuda psicológica y cursos de español.

A los seis meses se les concede un permiso de trabajo y salen de los centros, aunque siguen recibiendo ayudas durante un año, mientras esperan la resolución de su solicitud y viven de su trabajo. Si finalmente no logran el estatus de refugiado, se les entrega una orden de expulsión. Las ONG calculan que, en 2015, el 40% de las solicitudes tramitadas fueron aceptadas (más del doble que otros años).

“Hay dinero y hay plazas”. Pero muchos solicitantes de asilo no gastan sus seis meses de estancia: se van antes; sobre todo los sirios. No quieren quedarse en España sino seguir hacia Alemania, Francia y Suecia. Los que se van dejan paso a otros. “La ocupación de las plazas está ahora en el 80% o 90%, y abrimos nuevas plazas a diario. El sistema no está ni mucho menos saturado. Aquí no hay un problema de falta de dinero o infraestructura, sino de falta de voluntad política”, señala Estrella Galán, secretaria general de CEAR. “Nadie nos da una explicación para entender esto: por qué, si nos han dotado de medios, no se trae a los sirios de los campamentos de Grecia e Italia”, coincide Julia Fernández Quintanilla, directora general de Accem. Cristina Domínguez, de Cruz Roja Española, apunta: “El Gobierno dice que hay un problema de gestión a nivel europeo, sobre todo en la identificación de los refugiados en Grecia. Se echan las culpas unos a otros. Pero supongo que a los refugiados que están deportando ahora a Turquía también tendrán que registrarlos, y eso lo están haciendo rápido”.

Desde diciembre, nada. Según el acuerdo cerrado por el Consejo Europeo en septiembre de 2015, y tras sucesivos ajustes, España se comprometió a acoger entre 2016 y 2017 a 15.888 refugiados de los campamentos de Italia y Grecia y a 1.449 de países vecinos de Siria. En noviembre y diciembre llegaron los primeros 18. Desde entonces, nada. En marzo el Gobierno anunció que activaría un segundo bloque de traslados para 450 personas, pero el anuncio no se ha materializado. Interior afirma ahora que en las últimas semanas España ha comunicado a la Comisión Europea su voluntad de traer a "32 personas más desde Italia y 150 desde Grecia"; y ha trasladado a Acnur su voluntad de que comiencen los trámites para reasentar a 285 desde Turquía.

¿Por qué no llegan? El Gobierno ha respondido por escrito a este periódico con un argumento: las complejas “implicaciones procedimentales” del plan de la UE están retrasando su ejecución; por ejemplo, “la importancia de facilitar información sobre el país de reubicación a los potenciales beneficiarios, o las cuestiones relativas al control de seguridad, temas no enteramente resueltos”. “España no puede actuar en solitario”, zanjan desde el Ministerio del Interior. Algo parecido alegan otros países europeos. Y Grecia e Italia se declaran sobrepasados. El resultado es que los refugiados siguen en los campos.