El concejal Zapata recusa a dos jueces por considerarlos “enemigos”

La defensa del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, imputado en una causa de humillación a las víctimas del terrorismo por un tuit en el que hacía un chiste sobre Irene Villa, que perdió ambas piernas por un atentado de ETA, ha recusado, como “enemigos” políticos, a los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel, próximos al PP. Zapata pretende con esta maniobra apartar a ambos jueces de la causa y evitar que revoquen el archivo de su causa, decretado por el juez Santiago Pedraz el pasado marzo, y le envíen definitivamente a juicio.

Los magistrados López y Espejel, pertenecientes a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, forman parte del tribunal encargado de pronunciarse sobre los recursos del caso Zapata en la fase de instrucción. Ambos jueces han sido apartados por la Audiencia Nacional del juicio del caso Gürtel, que afecta al Partido Popular, por su cercanía a la formación conservadora. También han sido separados del juicio del caso Bárcenas, sobre la financiación irregular del PP.

“Entendemos que si no se les deja juzgar a “amigos”, con menos motivos se les debería dejar participar en decisiones judiciales que pueden marcar el destino procesal de un “enemigo”, como lo es el señor Zapata en su condición de concejal de un partido contrario ideológicamente al del Partido Popular, y por tanto su posición será mucho más cuestionada en ese escenario, y su apariencia de imparcialidad absolutamente inexistente", sostiene el abogado Eduardo Cuadrado, que representa a Zapata.

Para apoyar estos argumentos, la defensa se basa en los motivos que llevaron a apartar a ambos magistrados de los juicios de Gürtel y de los papeles de Bárcenas —haber sido nombrados vocales del Poder Judicial a propuesta del PP o los trabajos de López en FAES—, así como en el voto discrepante de Ricardo de Prada, que se opuso a la decisión de sus compañeros de ordenar a Pedraz que reabriera este procedimiento tras archivarlo en dos ocasiones.

De ser aceptadas las dos recusaciones ahora planteadas, López y Espejel no podrían integrar en ningún caso el tribunal llamado a resolver el tercer archivo acordado por Pedraz en esta causa.

Pedraz archivó por tercera vez esta causa, a instancias de la Fiscalía, al entender que Zapata con su tuit de 2011 —"Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos"— no pretendió humillar a las víctimas del terrorismo "por mucho que una mayoría crea que unas palabras sean humillantes".

La sección segunda le había ordenado reabrir el caso en diciembre al estimar un recurso de Dignidad y Justicia contra el archivo, al apreciar que el mensaje que publicó Zapata, pese a referirse a una víctima en concreto, entraña "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas" en su conjunto.

Para rebatir esa apreciación, Pedraz se apoyó en el último informe de la Fiscalía interesando el archivo y en el voto particular de De Prada, que interpretó que no se ha humillado a la víctima que podría haberse visto afectada por el tuit ya que la propia Irene Villa dijo no sentirse ofendida, por lo que el delito simplemente no existe.