El colectivo de presos de ETA desafía con protestas los planes electorales de Sortu

Los presos de ETA, punta de lanza del movimiento abertzale en los años de plomo, han convocado acciones de protesta en las cárceles para esta semana en respuesta a la petición de Sortu de que asuman la legalidad penitenciaria. El pulso de la dirección del colectivo de presos —con acciones a favor de la excarcelación de los reclusos enfermos— a la de Sortu complica los planes de esta formación de encauzar legalmente su situación para liberarse de las rémoras de un pasado que quiere superar para competir electoralmente en mejores condiciones.

Las esperanzas de Sortu hoy se concentran en exclusiva en un próximo desarme de ETA, mientras el colectivo de presos se convierte en el último baluarte de la resistencia a la normalidad. La cifra de reclusos etarras es hoy de 400, la más baja en los últimos 35 años, ya que tras el cese definitivo de la banda han bajado considerablemente los ingresos en prisión mientras han aumentado las salidas por cumplimiento de pena. El 95% está en primer grado, el más exigente: en régimen cerrado, sin beneficios penitenciarios. Más de la mitad están dispersos en prisiones muy alejadas del País Vasco.

La permanencia en primer grado se explica por su rechazo a solicitar beneficios penitenciarios. El Gobierno vasco calcula que 100 de los 400 podrían salir de la cárcel en breve si solicitasen los beneficios penitenciarios, lo que también conoce Sortu. Pero lo impide la inercia de la dirección del colectivo, entre cuyos portavoces están los exdirigentes de ETA Mikel Antza y Soledad Iparraguirre, contrarios a solicitarlos.

Romper la situación

Para romper con esta situación e ir desactivando el problema, el 13 de enero, uno de los líderes más significativos de Sortu, Rufi Etxeberria, invitó al colectivo de presos de ETA a “actuar con audacia” y “asumir la legalidad penitenciaria y su aplicación individualizada”. Etxeberria fue tajante: “El colectivo no se ha adecuado a la nueva realidad”, tras reconocer la imposibilidad de negociación entre el Gobierno y ETA para sacar a los presos de la cárcel o mejorar su situación a la que habían aspirado en el pasado tanto Sortu como el colectivo. Todo depende del compromiso individual de los presos con la legalidad penitenciaria, apuntó Etxeberria. 

Al día siguiente, 35 dirigentes de la izquierda abertzale juzgados en la Audiencia Nacional escenificaban la nueva propuesta al llegar a un pacto con la fiscalía por el que lograban no entrar en prisión a cambio de reconocer el daño a las víctimas, resarcirlas y admitir que la antigua Batasuna participaba de la estrategia etarra. La respuesta del colectivo ha tardado un mes, a través de una convocatoria de protesta en las cárceles durante esta semana en un gesto de rechazo a la petición de Sortu. En su texto, el colectivo ni siquiera alude a la petición que le hace Sortu ni tampoco al pacto que sus 35 dirigentes alcanzaron con la fiscalía. Sin embargo, sí alude al conflicto interno en la izquierda abertzale entre la dirección de Sortu y la minoría de ATA (Amnistia Ta Askatasuna), que reprocha a los oficialistas su renuncia a la amnistía y a la movilización callejera.

En esta situación de parálisis, el Gobierno vasco considera “muy conveniente quebrar el dominio de una minoría del colectivo con el cambio de la política de dispersión de Rajoy”. “El acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi, liberándolos de las presiones de la dirección y facilitando su contacto con la realidad más próxima a través de los medios de comunicación vascos, con los familiares e incluso con Sortu, propiciaría que muchos asumieran las políticas de reinserción y su aplicación individualizada. Sería un cambio por razones de Estado porque afecta a la convivencia”, añaden las mismas fuentes.