Griñán urge a la juez del ‘caso ERE’ a finalizar la instrucción

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y otros tres ex altos cargos imputados en el caso ERE urgen a la juez, María Núñez, a finalizar cuanto antes la pieza troncal de la instrucción, que hoy cumple cinco años desde su comienzo en 2011. Griñán alega que debe “tener un juicio dentro de un plazo razonable”, y sufrir más retrasos tras un lustro de investigación cuestionaría “la efectividad y credibilidad de la justicia”.

La Fiscalía Anticorrupción pidió a principios de año declarar la macrocausa “de especial complejidad”, lo que permite disponer de 18 meses más para finalizar la instrucción. Ahora las defensas de Griñán y el exconsejero Antonio Fernández se oponen a esta prórroga para la pieza separada en la que el expresidente está imputado junto a su antecesor Manuel Chaves y otros 50 ex altos cargos del Ejecutivo autónomo. Esta investigación está centrada en el diseño del fondo para empresas en crisis que la Junta dotó con 855 millones entre 2001 y 2010. “Se han practicado numerosísimas investigaciones y toda clase de diligencias, unas veces testificales y otras de pericias, hasta agotar todo el elenco previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, argumenta su abogado.

La fiscalía estima que la pieza del diseño del fondo se abrió hace seis meses. “Pero no, no son seis meses, han sido cinco años, más otros seis meses más, hasta el 6 de junio de 2016”, sostiene el letrado José María Mohedano.

El caso de los ERE fraudulentos, la investigación con más imputados de la historia judicial (271), cumple hoy cinco años a un ritmo pausado que no permite adivinar su final. La macrocausa, que censura un fondo de 855 millones de la Junta de Andalucía y acabó con la carrera política de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, avanza al ralentí. La investigación iniciada por la juez Mercedes Alaya llegó al Tribunal Supremo, regresó a su juzgado de origen en Sevilla, y ahora está dirigida por la magistrada María Núñez.

Nadie se atreve a cifrar el retraso que acumula un caso con más de 500.000 folios entre tomos y anexos. Pero de los 126 ERE y 275 subvenciones directas a empresas concedidas por la Consejería de Empleo andaluza entre 2001 y 2010, la Guardia Civil solo ha examinado unas decenas de expedientes. Por si fuera poco, la instructora ha avanzado que en breve imputará a más de 200 mineros prejubilados en un ERE, con lo que se alcanzará el medio millar de acusados. Desde que el caso se dividió en piezas hace seis meses, las pesquisas deben avanzar a mayor ritmo, pero de momento la decisión está atascada.

Desde 2011 la causa ha acaparado la arena política andaluza hasta que Alaya ascendió el pasado verano a la Audiencia de Sevilla y cesaron sus polémicos autos. Sin embargo, también el PP nacional ha achacado a los socialistas las invectivas de Alaya, que acusaba al PSOE de instaurar una red de “clientelismo” para la compra de votos, además de financiarse de manera ilegal. A menudo, como contrapeso a la trama Gürtel. El caso llevó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán como imputados ante el Supremo.Y junto a ellos han sido acusados siete exconsejeros del Gobierno andaluz, banqueros, empresarios, directivos de empresas públicas, alcaldes, y un largo etcétera con decenas de intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas).

La causa provocó la dimisión de Griñán como presidente en 2013, además de diversos terremotos en el PSOE andaluz. Cuando el Supremo inculpó por prevaricación al expresidente y su antecesor Chaves, acabó con las carreras políticas de dos cargos históricos que lo habían sido todo en el partido socialista.

¿Cómo se explica el volumen del caso ERE? Alaya, con el apoyo de la Audiencia de Sevilla, la fiscalía, la Guardia Civil y el Supremo incluyó en el ámbito penal actuaciones administrativas que hasta entonces habían permanecido en el ámbito contencioso-administrativo. Un abogado que pide el anonimato se lamenta del giro que supuso la causa, marcada por la prosa inquisitiva de los autos de Alaya: “Criminalizó conductas que hasta entonces no eran de ámbito penal y ningún otro juez veía. Esto nos ha llevado a una causa imposible e interminable, pero es que a la gente le gusta que una ilegalidad sea materia penal”.

La instrucción judicial considera que el Ejecutivo autónomo concedió de manera ilegal todo el fondo al no respetar la Ley de Subvenciones, entre otras. Y al incluir todos los niveles de decisión, los investigadores implicaron a la cúpula de la Junta, altos cargos de Presupuestos, servicios jurídicos y la agencia pública Idea, pagadora de los ERE. Enfrente las defensas alegaron la autonomía del Gobierno para legislar y la legalidad de las transferencias de financiación usadas para los ERE.

Desde el inicio, Alaya abrió nuevas vías de investigación, una tras otra, todas bajo un mismo sumario. Esta multiplicidad de investigaciones paralelas hizo aumentar el número de imputados. Finalmente, en la primavera de 2015 Alaya ascendió a la Audiencia de Sevilla y quiso seguir investigando gracias a una comisión de servicio, pero jugó mal sus cartas. Atacó a su sucesora al frente del juzgado, María Núñez, y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio marcha atrás al comprobar que no podían colaborar. Ahora el juez Álvaro Martín debe investigar las seis primeras piezas separadas, entre ellas la que afecta a Chaves y Griñán y 50 ex altos cargos por el diseño del fondo, pero el CGPJ aún debe aprobarlo un mes después.

La fiscalía ha pedido que la causa sea declarada “de especial complejidad” para prorrogarla 18 meses más. El abogado de Griñán ha replicado que se ignoraría su derecho a tener “un juicio dentro de un plazo razonable” porque “debe evitarse que un acusado permanezca mucho tiempo en estado de incerteza”. Sin embargo, todo apunta a que las prórrogas se sucederán durante años. “Si no lo acabamos nosotros lo acabarán nuestros hijos”, vaticinó con sorna uno de los guardias civiles al frente de la investigación.