Un caso de corrupción al calor de la burbuja inmobiliaria

El juicio que se inicia este lunes en Palma es el reflejo del fin de una época. La trama orquestada para desviar fondos públicos a las empresas de Iñaki Urdangarín, en la que están implicados destacados ex altos cargos del PP en las Administraciones de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, no se explica sin el descontrol en las arcas públicas que caracterizó al periodo de la burbuja inmobiliaria, que fue especialmente notoria en estas comunidades. Todo ello sumado al afán de los políticos por agasajar a la Corona en su provecho.

18 acusados. La Audiencia de Palma juzgará a 18 acusados, entre los que se encuentra por primera vez en la historia un miembro de la Casa Real. Junto a la infanta Cristina se sentará su esposo Iñaki Urdangarin. A su lado estarán su exsocio Diego Torres, junto a varios familiares y empleados de Nóos que hicieron posible una trama para desvíar fondos públicos, y destacados ex altos cargos del PP en las Administraciones de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Tres magistradas. Tras una investigación, liderada por el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, que ha durado casi seis años ahora serán tres magistradas designadas por la Audiencia de Palma –Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moya- las que tendrán que juzgar el papel de cada uno de los 18 acusados en el presunto desvío de 6,2 millones de euros a través de la fundación Nóos y su entramado de empresas.

La trama. El funcionamiento de la trama Nóos, organizada por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, fue posible por el deseo de destacados gobernantes del PP, fundamentalmente en Valencia y en Palma de Mallorca, de quedar bien con la Casa Real en la figura del entonces duque de Palma y por el boom inmobiliario que permitió a ayuntamientos y Gobiernos regionales financiar su política de grandes eventos. El modo de operar de la trama Nóos fue siempre muy similar. Primero obtenía adjudicaciones de convenios o contratos, sin que mediase concurso público, para organizar eventos relacionados con el deporte destinados a mejorar la imagen de territorios y políticos. Y, posteriormente, pasaba al cobro unos trabajos que no tenían correspondencia con la realidad.

Por la organización de congresos e informes de asesoramiento, la fundación Nóos cobró cantidades millonarias del Gobierno balear, el Gobierno valenciano y de entidades vinculadas a los ayuntamientos de Madrid y Valencia. Valga un ejemplo de muestra. Por la organización de las jornadas Valencia Summit realizadas en 2004, la fundación Nóos recibió 1.044.000 euros. De todos los gastos presentados, según la investigación, solo 206.402 euros fueron realmente imputables al evento. El resto fueron a parar a las arcas de Nóos.

Alarma en la Casa del Rey. Las prácticas irregulares de Urdangarin pronto llamaron la atención del PSOE balear, que fue el primero en denunciar la situación. Críticas que encendieron la alarma de la Casa Real, que instó en 2006 al todavía duque de Palma a dejar su trabajo en Nóos. Sin embargo, el marido de la infanta Cristina hizo caso omiso e intentó mantener la actividad, aunque retirándose de la escena pública, hasta casi cuatro años más tarde.

Las penas. Las penas que pide el fiscal para Urdangarin ascienden a 19,5 años de prisión por tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales. Una pena que la acusación popular de Manos Limpias quiere elevar a 26,5 años de prisión.

Es esta misma acusación la que reclama pena de prisión y una multa millonaria para la infanta Cristina como supuesta cooperadora de defraudar al fisco, en los ejercicios 2007 y 2008, a través de la empresa Aizoon, cuya propiedad era compartida al 50% por el matrimonio.

A Diego Torres la fiscalía le pide 16,5 años de prisión por los mismos delitos que a Urdangarin y la acusación popular 22,5 años de cárcel. La mujer de Torres, Ana María Tejeiro, se enfrenta a una pena de dos años solicitada por la Fiscalía por un delito de blanqueo de capitales.

Los excargos políticos, con el expresidente balear Jaume Matas a la cabeza, se enfrentan a penas de prisión que llegan hasta los 11 años por prevaricación, fraude, malversación y tráfico de influencias al contratar con Nóos al margen de la legalidad.

Defensas y acusaciones. Defensas y acusaciones han solicitado la comparencencia de 363 testigos, entre los que figuran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, exaltos responsables de la Casa Real y exaltos cargos del PP como Francisco Camps y Rita Barberá a los que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia desistió de imputarlos en Nóos en contra del criterio del juez José Castro.