Garzón quiere expropiar las viviendas vacías a los bancos que desahucien

El acceso a la vivienda debe ser un derecho fundamental y como tal “garantizado y protegido por las Administraciones públicas”, incluso con “intervención directa ante una emergencia habitacional”. Bajo esa filosofía, IU ha construido su propuesta electoral en materia de vivienda, que incluye medidas dirigidas principalmente a los más vulnerables. Entre ellas, la coalición que encabeza para las generales Alberto Garzón quiere que se regule la expropiación de las casas vacías de las entidades financieras que desahucien a familias en riesgo de exclusión social. El Tribunal Constitucional declaró ilegal la expropiación de viviendas vacías incluida en el decreto andaluz antidesahucios de 2013.

La federación de izquierdas aspira a una ley orgánica que regule el derecho a la vivienda. En la Constitución, este derecho se encuadra en el capítulo de los principios rectores y, como tal, no es un derecho individual que pueda reclamar el ciudadano ante los tribunales como sí ocurre con otros como la libertad de expresión, por ejemplo. En esa ley, IU quiere que se incluya la expropiación, así como la posibilidad de sancionar a “las entidades financieras, sociedades de gestión de activos y personas jurídicas” —no a particulares— que tengan viviendas deshabitadas. La federación de izquierdas recuerda que en España hay 3,5 millones de viviendas vacías, un millón nuevas.

La coalición quiere acabar con los desahucios y plantea la dación en pago retroactiva (que la entrega de la casa salde la deuda) y la “condonación de la deuda hipotecaria”, aunque no especifica en qué casos se podría perdonar esa deuda. Los desalojos de personas “en situación de vulnerabilidad” estarían también prohibidos si la Administración no garantiza un realojo adecuado. Quieren establecer por ley que la vivienda habitual es un bien “inembargable”.

Pisos públicos

¿De qué forma garantizarían los poderes públicos ese realojo? IU plantea que el Estado y las comunidades autónomas deben “adquirir anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de vivienda a precio de coste”, así como crear un parque público de viviendas a través de la “movilización de los pisos vacíos en manos de las entidades bancarias”. El Estado pondría después a disposición de las personas sin recursos esas casas a través de un alquiler social que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos los gastos de suministros, según el documento programático.

Sus propuestas en materia hipotecaria incluyen la eliminación completa de las cláusulas suelo “en las hipotecas en vigor y en las futuras”, la supresión automática por parte de las entidades bancarias “y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” y el establecimiento de una moratoria sin detallar “en el pago de las hipotecas a las personas desempleadas”.