Izquierda Unida propone limitar el salario máximo a diez veces el base

La libertad de empresa debe tener como límite la igualdad de los ciudadanos y la redistribución de la riqueza y por eso es necesario regular un tope de salario máximo tanto para la empresa pública como la privada de diez veces el salario mínimo profesional o, en su caso, el menor que establezca el convenio. Es una de las medidas de la propuesta laboral de Izquierda Unida para las elecciones generales, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La federación de izquierdas pide también recuperar la indemnización por despido de 45 días y hacer equiparable y obligatorio el permiso de paternidad para mujeres y hombres.

Más información

PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU plantean auditar el sistema eléctrico

Garzón pedirá a Rajoy una consulta para Cataluña y un Estado federal

Garzón: “El PP es una trituradora de empleo y de democracia”

Las soluciones a la precarización y la degradación del trabajo que se ha producido con la crisis y las sucesivas reformas laborales ya no pueden llegar con otra reforma, sino que es necesario un nuevo Estatuto de los Trabajadores que asegure un “trabajo digno como derecho”. En ese nuevo marco laboral ha trabajado un equipo de laboralistas “críticos”, economistas y sociólogos coordinados por la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adoración Guamán, presidenta de la fundación de IU. El resultado es la propuesta del partido para el 20 de diciembre, que busca “revertir décadas de degradación del marco normativo y de las dinámicas empresariales fraudulentas”, según indica el documento.

IU considera necesario fijar por ley un límite máximo a los salarios, tanto en la empresa pública como en la privada, que no supere la cuantía equivalente a “10 veces las retribuciones totales que perciba la persona de salario más bajo por una jornada ordinaria o normal según la legislación vigente o, en su caso, el convenio aplicado”, señala textualmente la propuesta. Esto es, diez veces el salario mínimo profesional, actualmente fijado en 648,60 euros al mes —aunque la federación de izquierdas propone, al mismo tiempo, elevarlo de forma progresiva hasta 1.176 euros en 2019— o, si el convenio correspondiente establece un salario mínimo mayor, diez veces este último. La filosofía es que el jefe no cobre más de diez veces por encima de lo que su empleado con el sueldo más bajo.

El partido quiere asegurar ese tope máximo salarial con una nueva figura fiscal que gravaría las “donaciones extra salariales” para cualquier excedente en esa cantidad, que tributará por el donante según el impuesto de donaciones y por el receptor en su totalidad por el tipo máximo de IRPF.

“Hay que limitar los salarios si queremos una redistribución real de la riqueza”, defiende la coordinadora de la propuesta. A las críticas de que este tipo de medidas pueden desincentivar el trabajo, responde que “el empresario puede motivar a los trabajadores por otros métodos, como los horarios”. En materia salarial, IU aboga también por aprobar una ley de igualdad de salarios entre hombres y mujeres con sanciones económicas para las empresas incumplidoras.

En esa perspectiva de género, la propuesta que defenderá Alberto Garzón apuesta por dejar de hablar de conciliación para pasar a hablar de “corresponsabilidad”, y para ello establece que el permiso de paternidad sea equivalente y obligatorio para ambos progenitores, con una duración de 18 semanas (que incluiría el periodo de lactancia), con los mismos periodos obligatorios (6 semanas) y con igual prestación económica, del 100%. La equiparación de los permisos de los hombres a los de las mujeres sería progresiva.

En el nuevo Estatuto de los Trabajadores que ha elaborado IU la jornada laboral estaría limitada a 35 horas semanales y la jubilación con plenas garantías llegaría con 65 años —la voluntaria, a los 60—. El partido ve “populista” la propuesta del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de rebajar a 63 años la edad de jubilación. “Trabajamos con economistas para no prometer nada que no podamos cumplir, y eso no es posible”, señala Guamán.

La propuesta laboral del partido se completa con la medida estrella, el plan de "trabajo garantizado", con el que la federación de izquierdas promete crear un millón de empleos públicos con una inversión de 15.000 millones de euros brutos para servicios sociales, medio ambiente, cuidado de espacios urbanos y actividades recreativas, culturales y de ocio. Al millón de puestos de trabajo accederían prioritariamente quienes llevan mucho tiempo en desempleo y no tienen ingresos, que lograrían un salario de entre 900 a 1.200 euros brutos mensuales. La federación de izquierdas lleva también en su programa para las generales un plan de "emergencia social" que establece una renta mínima de 529 euros mensuales para dos millones de personas sin ingresos y asegura un mínimo vital de electricidad y agua gratuito para este colectivo.