Suspendidos seis policías por un vídeo que revela un supuesto cohecho

La noche del pasado 19 de mayo seis policías registraron un comercio de Sevilla sospechoso de vender tabaco ilegal. En el registro del local los investigadores contaron durante una hora billete a billete hasta sumar supuestamente 17.350 euros. Las cuatro cámaras del comercio grabaron toda la escena y por estos vídeos una juez les ha imputado por cohecho, hurto, falsedad en documento público y amenazas. Tras la investigación de Asuntos Internos, los seis agentes están suspendidos de empleo y sueldo a la espera de que la instructora decida su suerte.

En estos vídeos del sumario judicial se ve cómo los policías inspeccionan el establecimiento, regentado por una pareja de nacionalidad rumana, y requisan cartones de tabaco ilegal. Pero la escena, de una hora de duración, está protagonizada por un proceloso recuento de dinero en el que intervienen los agentes, que introducen el efectivo en distintas bolsas de plástico. Mientras, la pareja dueña del local asiste preocupada a la secuencia y a ratos la mujer amamanta a su hija pequeña frente a los policías.

¿Qué pasó después de requisar el dinero y de que los seis agentes y la pareja salieran del local del barrio sevillano Macarena? Ahí las versiones discrepan. Los propietarios del comercio acusan a los policías de quedarse con 17.350 euros para su propio beneficio, además de exigirle el pago próximo de otros 10.000 euros como mordida para evitar problemas en el futuro. Y los policías aseguran que tras haber sacado el dinero, se lo devolvieron a los comerciantes porque la cantidad incautada no alcanzaba el mínimo de 15.000 euros que estipula la Ley de Represión del Contrabando.

De momento, tanto la unidad de Asuntos Internos como la juez Elvira Alberola, titular del Juzgado 1 de Instrucción de Sevilla, asumen la versión de los denunciantes en el caso, avanzado por el diario Abc. “Los agentes imputados contando dinero, no justificándose la razón de ello determinando la existencia de delito de contrabando el tabaco aprehendido mas no el dinero, no constando sin embargo tras su recuento y no aprehensión acta alguna de entrega a su dueño”, relata el auto del pasado 23 de julio. Es decir, la magistrada se extraña de que los agentes, tras un laborioso recuento de dinero, devuelvan este capital a los dueños del local sin siquiera reflejarlo en el acta policial. Y por tanto, no da crédito a la explicación de los agentes sobre que no devolvieron el dinero porque no alcanzaba el mínimo para ser considerado una infracción.

Para rebatir la versión de los agentes, la instructora resalta el detalle –registrado al final de la grabación- de que un agente se meta un grueso fajo de billetes en el bolsillo trasero del pantalón y segundos después lo fuera a entregar a sus dueños: “No justificándose igualmente que si el mismo [el dinero] no iba a ser intervenido, se introdujera en bolsas, y menos que se introdujera en el bolsillo de un policía que con él salió del establecimiento, dato objetivo que consta en las cámaras, constando así a los fotogramas que obran a los folios 317, corroborando la versión de la víctima”.

El dueño del local le dijo a la juez que había sido amenazado: “El policía más alto me dijo que conocía mis horarios, y el trayecto de la tienda a mi domicilio y nadie sabe cómo me puede venir un tiro a la cabeza”. Estas presuntas amenazas provocaron que la juez dictara el pasado 23 de julio una orden de alejamiento para todos los policías respecto al local.

Tres días después del registro del 19 de mayo, la pareja denunció los hechos y entregó las grabaciones a un inspector de la sección de Extranjería de la Jefatura Superior de Policía, que posteriormente judicializó el asunto. Semanas después la Guardia Civil detuvo al dueño del local en una redada contra el tabaco ilegal.

Ahora los agentes defienden su inocencia y tildan de “conclusiones fabuladas y hasta pueriles” la investigación de Asuntos Internos, cuyos pinchazos telefónicos no ofrecieron indicios delictivos. Los policías subrayan las confusiones en el relato de los denunciantes sobre el dinero supuestamente requisado y otro capital que les dejaron en la tienda sin confiscar. “Resulta inconsistente que asegure que le quitaron 17.000 euros, le dejaran 5.000 en el local, y que en la puerta le pidieran otros 10.000 ¿por qué no llevarse los 22.000? Si se llevaron el dinero, ¿por qué no llevarse todo y ya está?”, plantean fuentes de una de las defensas personadas, que resaltan cómo la entrega de la grabación a través de un inspector del Cuerpo para denunciar unos hechos supone un “cauce irregular”.

Por su parte, fuentes policiales reclaman prudencia ante la investigación de la juez, que ha citado a imputados y denunciantes a declarar el próximo enero. “La juez y el fiscal mantienen las imputaciones y nuestro régimen disciplinario es el que es”, zanjan sobre la suspensión de los policías del Cuerpo, criticada por los sindicatos policiales y cuya aplicación desde la Dirección General no es homogénea y depende de cada caso concreto.