Ley de enjuiciamiento criminal

Los fiscales rechazan las propuestas de Catalá para aplicar la ley procesal

El ministro impone la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento tras constatar las críticas del Consejo Fiscal

Rafael Catalá en Bruselas este lunes.
Rafael Catalá en Bruselas este lunes.OLIVIER HOSLET / EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha escuchado este martes durante dos horas las duras críticas de los miembros del Consejo Fiscal a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, les ha explicado que no suspenderá su entrada en vigor y les ha ofrecido medidas adicionales para aplicarla. Pero para los miembros electos del Consejo —conservadores y progresistas y representantes de los 2.500 miembros de la carrera fiscal— esos medios son insuficientes, la norma es inconveniente e imposible de aplicar.

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"Las medidas propuestas no alcanzan a colmar la demanda de los fiscales y solo la prórroga de la entrada en vigor podría resultar satisfactoria. Lamentamos que una propuesta razonada, ponderada y basada exclusivamente en criterios técnicos no haya sido tomada en consideración por el ministro", han asegurado en un comunicado los miembros del Consejo Fiscal tras la reunión con Catalá.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal fue aprobada en las Cortes y entrará en vigor el 7 de diciembre. Contiene la limitación de los plazos de instrucción a seis o 18 meses prorrogables, entre otras medidas. Todas las asociaciones de jueces y fiscales la han rechazado y se han sumado otros colectivos como el de los abogados, a través del Consejo General de la Abogacía, que, en algunos casos, han hablado de "impunidad" y "ley de punto final".

En la reunión, el ministro les ha propuesto medidas adicionales como el refuerzo de plantillas de fiscales o mejoras del sistema informático, sin precisar, y una instrucción para que los secretarios judiciales den traslado de las actuaciones a los fiscales. Sin embargo, no pudo ir más allá porque la propia norma establece que su aplicación no puede llevar incremento de presupuesto.

Todos los representantes de los fiscales han cuestionado la norma

Todos los representantes de los fiscales, pertenecientes a la conservadora Asociación de Fiscales y a la Unión Progresista de Fiscales han cuestionado la norma. La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, pese a que rechazó la ley en declaraciones a EL PAÍS y suscribió hace meses un informe crítico, se ha puesto de parte de Catalá durante la reunión.

A la salida, el ministro solo ha admitido la posibilidad de introducir cambios dentro de unos meses si se advierten disfunciones. Para entonces ya se habrán celebrado las elecciones y habrá otra configuración parlamentaria. Por ejemplo, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha insistido en su rechazo a la reforma legal y ha anunciado que si gobiernan la cambiarán. Los socialistas mantienen en su programa electoral su propuesta de instrucción en manos de los fiscales, que el PP hizo suya al inicio de la legislatura y luego abandonó.

"Si en el futuro comprobamos que lo que hoy consideramos suficiente no lo es, hipotéticamente podría plantearse una suspensión de plazos pero no ahora", ha precisado el ministro.

Al acabar la reunión, los miembros electos del Consejo Fiscal han suscrito un comunicado en el que se remiten al informe crítico de esta institución y consideran insuficientes las medidas propuestas por el ministro de Justicia. En su opinión, es inaplicable la norma.

La limitación de plazos se aplica con carácter retroactivo a los procesos ya abiertos, por lo que tendrán que revisar cientos de miles de sumarios en los próximos meses. Según el ministro de Justicia, no sería democrático suspender ahora la entrada en vigor de la ley.

Para los representantes de los fiscales en el Consejo "es inexplicable e insólito, máxime en estas condiciones, que el plazo de vacatio legislativa se haya limitado a dos meses".

Al rechazo a la ley se sumaron a última hora los secretarios judiciales, ahora llamados letrado de la administración de Justicia, a través del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia con un comunicado en el que aseguran que "una instrucción precipitada e improvisada dirigida por parte del Ministerio de Justicia no sería una solución adecuada, y que podría generar nuevas disfunciones" y "el sistema de plazos máximos en fase de investigación pierde su sentido si no se atribuye a la Fiscalía la instrucción de los procesos".

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