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El Gobierno no frenará la reforma procesal pese al rechazo unánime

El ministro de Justicia atribuye las críticas a la Ley de Enjuiciamiento a que "todo cambio del sistema de trabajo genera una incertidumbre"

Rafael Catalá en la presentación de los nuevos juzgados de Albacete.
Rafael Catalá en la presentación de los nuevos juzgados de Albacete. EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, está dispuesto a proponer un plan con medidas para poder aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el 7 de diciembre. Pero no está dispuesto a aplazar su entrada en vigor como piden las asociaciones de jueces y fiscales. Toda la carrera judicial y fiscal, a través de sus asociaciones, rechazan el apartado referido a los plazos concretos de instrucción por entender que son inaplicables. Incluso, llegaron a hablar en un comunicado conjunto de "ley de punto final" y de "impunidad" para los grandes casos. Para el ministro esa valoración es "un despropósito".

El Gobierno no suspenderá la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a pesar de las protestas de todas las asociaciones de jueces y fiscales contra la limitación de plazos de instrucción que contiene. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este viernes a EL PAÍS que "aplazar la entrada en vigor no es la solución".

Justicia ya paró en 2014 con un decreto una ley aprobada

F. G.

Si el Gobierno quisiera podría frenar la entrada en vigor de la Ley de Enjuciamiento Criminal o retrasarla como piden jueces y fiscales para facilitar su aplicación. Hay precedentes de leyes que son frenadas cuando están en vacatio legis, es decir, cuando ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado y antes de entrar en vigor. El último es, precisamente, del actual Gobierno y del titular de Justicia. Fue la ley que regula el registro civil para desjudicializar y encomendar su gestión a los registradores mercantiles. Ante los problemas de aplicación, el 4 de julio de 2014 el Consejo de Ministros aprobó un decreto-ley que incluía la suspensión de la entrada en vigor de la norma que había aprobado el Parlamento. Aquella fue una suspensión sine die, lo que suponía que el Consejo de Ministros frenaba una ley tramitada en las Cortes. Lo hacía, además, dentro de un decreto ómnibus de medidas económicas. Tan excesivo era el procedimiento que hace dos semanas el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que reconvenía al Gobierno por el abuso de ese decreto-ley previsto solo para asuntos de urgencia. Como todo decreto-ley aquel fue ratificado ese mismo mes de julio en el Congreso. Si ahora el Gobierno tuviera voluntad de frenar la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento sólo tendría que aprobar un decreto-ley muy breve. Esa norma tendría que ser ratificada en las Cortes y aunque se disuelvan las Cortes el 27 de octubre puede hacerlo la Diputación Permanente. El Gobierno lo puede hacer porque tramitó Ley de Enjuiciamiento Criminal en dos partes y la referida a los plazos de instrucción la hizo ley ordinaria y no orgánica. Si hubiera sido orgánica no podría cambiarla por decreto-ley.

 

Catalá asegura que "es un despropósito tachar la norma de ley de punto final o asegurar que facilita la impunidad" como aseguran las organizaciones profesionales de jueces y fiscales.

El ministro atribuye el rechazo unánime de jueces y fiscales a la resistencia normal cuando se establece un cambio de modelo. "Todo cambio del sistema de trabajo genera una incertidumbre", asegura.

No obstante, explica que el martes acudirá al Consejo Fiscal para exponer cómo se aplicará la ley y para poner sobre la mesa un plan de trabajo con medidas concretas.

Entre esas medidas se incluye la posibilidad de establecer un nuevo sistema de organización de los juzgados antes de la entrada en vigor de la ley el próximo 7 de diciembre. Los fiscales se quejan de que al aplicarse con carácter retroactivo los límites temporales de instrucción es preciso revisar una por una los millones de causas abiertas, a pesar de que el ministerio público no tiene acceso inmediato a todas las investigaciones.

Para ello, Catalá propondrá aprobar un reglamento dirigido a los secretarios judiciales, que están a cargo del ministerio para "facilitar la colaboración entre jueces y fiscales".

El ministro asegura que también está dispuesto a incrementar el número de fiscales sustitutos para reforzar las plantillas.

La instrucción de la Fiscalía General del Estado para aplicar la norma pide también cambios en los sistemas informáticos de la Justicia con medios que en este momento no existen. El ministro de Justicia afirma que está dispuesto a estudiar también mejoras sobre ese sistema.

Margen suficiente

Catalá explica que no es cierto que las causas deban revisarse antes del 7 de diciembre, puesto que el plazo de instrucción es de seis meses, es decir, que hay margen hasta junio de 2016 para esa revisión.

"Se pueden cumplir los plazos", asegura el titular de Justicia que explica que han tomado como referencia los baremos de carga de trabajo de los juzgados y los tiempos medios de instrucción que en 2014 fueron de 245 días de media, según la memoria de la Fiscalía General del Estado y la del Poder Judicial.

En los casos considerados complejos el plazo de instrucción se amplía a 18 meses, lo que para Catalá "resulta razonable".

Explica que el transcurso de esos plazos sin prórroga no supone archivo de las actuaciones. Los críticos con la reforma entienden que pasados esos plazos no es posible practicar más diligencias lo que, en la práctica, supone el cierre de esas causas. Las críticas se refieren también al hecho de que solo puedan prorrogarse los plazos a instancias del fiscal y no de oficio por el juez o a instancia de alguna otra parte como las acusaciones. Catalá argumenta que no ha dado tiempo a cambiar el sistema para que el fiscal se encargue de la instrucción, pero que "se trata de avanzar en esa dirección".

El ministro añade que es "injusto que se juzgue la ley solo por el apartado de los plazos porque incluye una veintena de novedades destinada a facilitar la agilidad del proceso". Por ejemplo, la eliminación de la conexidad para evitar las macrocausas, la doble instancia penal o la regulación de la intervención de las comunicaciones, entre otras.

Por el momento ya han firmado más de 1.100 fiscales la carta pidiendo que se frene la entrada en vigor de la reforma, lo que supone la mitad de los miembros de la carrera.

En otras instancias avanza el rechazo a la reforma y, por ejemplo, la junta de jueces de Granada ha aprobado una resolución crítica con la norma en la que se habla de impunidad para los grandes casos, informa Efe.

La propia Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, propuesta por el Gobierno del PP, ha cuestionado la reforma procesal.

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