Así es el plan de trabajo garantizado que propone Alberto Garzón

"En ciclos de recesión económica, el Estado tiene que ser garante del empleo". La frase es de Alberto Garzón, candidato de IU a la presidencia del Gobierno, y es la idea fuerza de su propuesta principal para las primarias de Ahora en Común a las que se presenta: el "trabajo garantizado". Según esta iniciativa, el Estado tiene la “obligación” de garantizar un puesto de trabajo remunerado y con condiciones laborales dignas a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional y que esté preparada, capacitada y dispuesta para trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad. Así lo explicó Garzón el pasado mes de marzo, en la presentación de la propuesta de IU en el Congreso de los Diputados, que ahora quiere llevar en su programa a las generales. ¿En qué consiste su plan?

¿Trabajo para todos?

IU no propone un plan de trabajo garantizado a escala universal —esto es, no garantiza directamente un empleo a todos los españoles sin trabajo— sino que se trata de una experiencia parcial, cuyo objetivo es la creación de un millón de puestos de trabajo públicos en un año. El "trabajo garantizado" o "empleo garantizado" (guaranteed work y job guarantee, en inglés) es una propuesta de política económica originalmente desarrollada por el economista estadounidense Himan Minsky en los años 80. "Estaba pensada para economías con baja tasa de paro, no como la nuestra. La idea no es generar cinco millones de empleos a través del trabajo garantizado, sino que esta propuesta forme parte de otras medidas", explica a EL PAÍS Eduardo Garzón, economista hermano del candidato de IU que ha desarrollado junto a este y otros expertos en la Fundación Europa de los Ciudadanos el proyecto que hace suyo IU. Entre esas otras medidas abogan por una "profunda transformación del modelo productivo y energético" para que se generen más puestos de trabajo de los que genera una economía "tradicionalmente volcada en la construcción y al turismo", o la "reducción de la jornada laboral a 35 horas", indica. Quienes sigan en paro tras acometer todas esas políticas, recibirían una "renta garantizada" que IU también contempla en el "Plan de rescate ciudadano" que está preparando.

Empleo en áreas concretas

El proyecto que propone IU con este plan de trabajo garantizado se circunscribe a unas áreas concretas: servicios sociales (cuidado de dependientes, ancianos, etcétera) medio ambiente, cuidado de espacios urbanos y actividades recreativas, culturales y de ocio. Los Ayuntamientos, en colaboración con los ciudadanos —a través de mecanismos de participación— serían quienes identificarían los trabajos específicos que se necesitan, y quienes los gestionarían. También se podría ceder la gestión a ONG y asociaciones, nunca a empresas privadas. El empleador sería el Servicio Público de Empleo Estatal.

Contrato indefinido de 900 a 1.200 euros mensuales

El puesto de trabajo estaría regulado por una nueva modalidad contractual formada con las características de un contrato indefinido pero con la especifidad de que el salario estaría tasado entre 900 a 1.200 euros brutos mensuales, en doce pagas y compatibles con otras prestaciones salvo la del desempleo. Tendría una duración de 35 horas semanales y un 12% del tiempo dedicado a formación. Se trataría de un empleo público regido por las condiciones generales de despido del Estatuto de los Trabajadores (en el programa de IU también irá el desarrollo de un nuevo Estatuto), y al que accederían prioritariamente quienes llevan mucho tiempo en desempleo y no tienen ingresos. El sueldo está tasado y no puede ser mayor, explica Eduardo Garzón, porque de otra forma muchos trabajadores del sector privado preferirían abandonar su puesto de trabajo para lograr el trabajo garantizado. "El objetivo no es destruir puestos de trabajo privados, obviamente", señala. Al mismo tiempo, Garzón sostiene que ese nivel de remuneración haría las veces de salario mínimo por debajo del cual ninguna persona trabajaría en el sector privado teniendo la posibilidad de acogerse a este plan de mejores condiciones. "Los empleadores del sector privado se ven obligados a ofrecer salarios iguales o superiores a los del plan", incide.

9.600 millones de euros para financiarlo, el 1% del PIB

El Estado es quien financia el proyecto, que en el primer año en funcionamiento podría crear hasta un millón de puestos de trabajo con un desembolso inicial de 15.000 millones de euros que, restando las cotizaciones sociales y los retornos fiscales, se quedarían en unos 9.600 millones de euros de inversión neta. Estos se financiarían mediante una reforma fiscal —con nuevos impuestos como IVA a productos de lujo, viviendas vacías y transacciones financieras— y la lucha contra el fraude, según IU. "Supone menos del 1% del PIB y hemos rescatado a las entidades financieras destinando hasta un 6% del PIB", incide Eduardo Garzón.

El programa se aplicaría de forma gradual y por etapas y, según la federación de izquierdas, buena parte de la inversión inicial se recuperaría a través de nuevos ingresos tributarios generados y también de los nuevos empleos en el sector privado (entre 200.000 y 300.000, según sus cálculos)  que generaría el plan por el fomento del consumo a partir de un mayor poder adquisitivo de ese millón de ciudadanos que salen del paro. Como las reformas fiscales tardan en hacer efecto, en caso de que fuera necesario se podría emitir deuda pública. "Nos hemos endeudado hasta las cejas para rescatar a los bancos, por qué no hacerlo para crear empleo, y teniendo en cuenta que no es un esfuerzo excesivo para el Estado", apunta Garzón.

Experiencias similares en Nueva Zelanda o Argentina

La propuesta de trabajo garantizado se ha llevado a cabo en otros países, generalmente de forma parcial, como la que plantea IU.  En Nueva Zelanda existe en la actualidad un plan de Trabajo Garantizado para los menores de 35 años. También en Argentina se impulsó en 2012 una iniciativa de estas características para los cabezas de familia con menores a su cargo. En India también existe para los trabajadores agrarios. Otros países como Suecia, Australia, Francia, Estados Unidos y Corea han llevado experiencias similares —nunca universales— en algún momento de la historia.

La voluntad, que acabara siendo universal

Los economistas que han desarrollado la propuesta para IU sí tienen como último objetivo que el plan de trabajo garantizado acabara por ser universal, explica Eduardo Garzón, pero ponen la cautela de que primero comprobarían cómo se desarrolla en la práctica durante ese primer año y al mismo tiempo confían en crear nuevos empleos con las otras medidas de política económica más tradicionales. Este proyecto sería compatible con la creación de empleo público en condiciones estándar, que ellos proponen recuperar y aumentar.