Los fiscales se movilizan para parar la Ley de Enjuiciamiento

Los miembros de la carrera fiscal se han movilizado para intentar frenar la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los fiscales han organizado una recogida de firmas para pedir al Ministerio de Justicia la suspensión de la entrada en vigor prevista para el 7 de diciembre. Por el momento y en solo dos días, ya han firmado más de 700 profesionales de un total de 2.500 que componen el colectivo.

Los fiscales, con apoyo de las tres asociaciones de la carrera y de dos de los jueces, consideran imposible de aplicar la parte de esa norma que limita a seis o a 18 meses el tiempo de instrucción de sumarios. Para ponerlo en marcha con carácter retroactivo, como exige la ley, deben revisarse más de un millón de sumarios en dos meses para poder determinar cuántos están fuera de ese plazo de instrucción.

El juez instructor, a instancias del fiscal, tiene capacidad para pedir que se prorrogue el plazo, pero para ello debe pedirse expresamente, una vez revisado cada sumario abierto, lo que según los representantes del Ministerio Público es imposible de hacer en este tiempo. Corre el riesgo, explican, de que haya que archivar muchos por no haberse pedido expresamente esa prórroga dentro del plazo legal.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha ofrecido a ir el día 20 a la reunión del Consejo Fiscal para responder a estas objeciones. En principio, el Gobierno no tiene intención de aplazar la entrada en vigor de esta norma que salió de las Cortes solo con el voto del PP y la oposición del resto de partidos.

Rafael Catalá se ha ofrecido a ir el día 20 a la reunión del Consejo Fiscal para responder a estas objeciones

Las firmas recogidas acompañan una carta al Consejo Fiscal en la que se asegura que quieren "trasmitir la profunda inquietud que nos provoca la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, -en vigor el próximo 6 de diciembre- en la que se impone al Ministerio Fiscal la responsabilidad del cumplimiento de los plazos que la propia ley establece para la instrucción de las causas penales, incluidas aquéllas incoadas con anterioridad a la entrada en vigor de la propia norma".

Añade que "si bien como fiscales no podemos negarnos a cumplir norma alguna en cuanto garantes de la legalidad fruto del mandato constitucional, entendemos que la reciente reforma procesal -duramente criticada por el Consejo Fiscal durante su tramitación como anteproyecto de ley- tendrá inevitablemente efectos indeseados en la administración de la justicia. Así las cosas, consideramos que la orden contenida en el reciente oficio enviado por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado resulta de imposible cumplimiento con los medios personales y los recursos materiales con que contamos en la actualidad. Por ello, solicitamos al Consejo Fiscal, con el apoyo y aval de nuestra Fiscal General, que de manera explícita se traslade al Ministro de Justicia la solicitud de la carrera fiscal de que la citada norma (nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) no entre en vigor en el plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado -previsto en la Disposición final cuarta de la Ley 41/2015, de 5 de octubre-. Nuestra petición consiste, en definitiva, en la suspensión de la entrada en vigor de la norma precitada durante el plazo que resulte indispensable para la necesaria dotación al Ministerio Fiscal de medios materiales y personales que hagan viable su debida ejecución, pudiendo cumplir así el mandato recibido del legislador".

Hasta la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, cuestionó la semana pasada en declaraciones a EL PAÍS la norma por falta de medios para aplicarla y porque está pensada para un sistema de instrucción de los fiscales que el Gobierno finalmente abandonó.

En la petición de moratoria para la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento están de acuerdo las tres asociaciones de fiscales, conservadores y progresistas: Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Las asociaciones consideran que facilita la impunidad porque es imposible cumplir los plazos, por ejemplo, en grandes casos de corrupción que requieren comisiones rogatorias o investigaciones complejas.

La AF y la UPF, representadas en el Consejo Fiscal, consideran que se coloca "a los miembros del Ministerio Fiscal en una irresoluble tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el mandato legal con los medios personales y materiales con que se cuenta, puesto que, además, la obtención de datos que pueda realizar el Fiscal depende exclusivamente de la información que quiera facilitarle el Juzgado, sin que pueda asegurarse la bondad de los mismos".