Uno de cada tres muertos en accidente fallece en un ‘tramo negro’

La DGT ha renovado este miércoles su último plan para combatir la alta siniestralidad en las carreteras secundarias, donde se registran más del 80% de los fallecidos en accidente. Tráfico ha publicado el nuevo listado de tramos de las vías convencionales donde, a partir de ahora, colocará los radares móviles. En total, 1.314 intervalos repartidos por todo el territorio nacional —excepto Cataluña y País Vasco, donde las competencias se encuentran transferidas— y que cubren 25.172 kilómetros. "Es la primera actualización que se hace desde que, a principios de julio, se dieran a conocer los primeros tramos", ha recalcado el organismo, que ha analizado durante estos tres últimos meses la accidentabilidad en estos tramos negros: uno de cada tres fallecidos ha muerto en ellos.

Según los datos recabados por el organismo encabezado por María Seguí, entre julio y septiembre, 86 personas se han dejado la vida en los intervalos seleccionados en el primer listado difundido. Entonces, la DGT los seleccionó en función de la alta accidentalidad que presentaban o por detectarse en ellos porcentaje de infracciones de velocidad superior a la media. Un método que mantiene con la nueva relación de 1.314 tramos publicada este miércoles. Aunque, según recalca Tráfico, un 35% de los puntos marcados ahora no se incluyeron la primera vez.

La medida de este miércoles responde al desarrollo de uno de los planes estrellas anunciados por Seguí en febrero, cuando compareció en el Congreso después de que se frenase el descenso de los muertos en carretera. La DGT diseñó un plan especial de vigilancia de las carreteras españolas, que ha supuesto sacar todos los radares móviles de las autopistas y las autovías para llevarlos a las carreteras secundarias; y, posteriormente, publicar por primera vez en la historia dónde se colocan este tipo de cinemómetros.

Además, el organismo ha intensificado la vigilancia en las vías convencionales a través del Plan Integral de Vigilancia, que consiste en parar a los conductores detectados con los radares a más velocidad de la permitida. "Y los agentes de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil le realizan, si lo consideran necesario, las pruebas de detección de alcohol y drogas, así como le revisan la documentación para comprobar que tanto el permiso para conducir, ITV y seguro del vehículo se encuentran en regla", relata la DGT.

Conflicto con los examinadores

El sindicato CSI-F, que ha respaldado la huelga de examinadores convocada el pasado 14 de septiembre, ha solicitado reunirse con los ministros de Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, para que "medien y desbloqueen la negociación con Tráfico". Las conversaciones entre los funcionarios y la DGT se encuentran enquistadas. Y los paros parciales, que han provocado que se aplacen más de 35.000 pruebas, se prolongan desde hace cuatro semanas. "Los examinadores se sienten maltratados y abandonados por la Administración ante situaciones indeseables que viven a diario, como insultos o agresiones físicas que, en muchos casos, terminan en los tribunales", ha afirmado el colectivo, que ha subrayado que este jueves anunciará nuevas movilizaciones. "Nos vemos obligados a acrecentar el nivel de protestas", ha apostillado CSI-F en un comunicado.