Desmontando el crimen perfecto

Joaquín Fernández salió a navegar la tarde del 11 de septiembre de 2008 y jamás regresó. Tenía 23 años y según la última versión de la persona que viajaba con él, fueron a cargar un alijo de hachís en la costa de Almería y ambos se lanzaron al agua al agotarse el combustible. Pero su cadáver nunca apareció y su compañero fue rescatado sin ningún síntoma de hipotermia pese a haber pasado, supuestamente, siete horas nadando. Ante el juez, el superviviente dio tres versiones distintas sobre el tipo de barco en el que habían salido y sobre cómo habían acabado en el agua. Tampoco logró aclarar cómo había muerto Joaquín. Finalmente, la embarcación, de ocho metros y robada la noche anterior, apareció a 23,1 millas (37 kilómetros) a contracorriente del lugar donde un pesquero encontró al superviviente. Algo, según los expertos, completamente imposible. Nada encajaba.

Por eso el padre de Joaquín sostiene, tras siete años de lucha, que su hijo fue asesinado. Pero no hay cadáver, arma o confesión. Y el juez solo imputó a su compañero por omisión del deber de socorro. Se acabó. Sin cuerpo, no hay delito, suele decirse. Y menos si, además, no existen pruebas materiales como restos biológicos o confesiones. “Conseguir la verdad sin el cadáver a veces se hace imposible. Pero con tantas contradicciones y mentiras, quien miente debería demostrar su inocencia con pruebas, no al revés”, sostiene Joaquín Fernández, presidente de SOS Desaparecidos y padre del chico que se tragó el mar.

Dos personas desaparecen al día en España sin dejar ni rastro: el 8% de los casos denunciados

Hay decenas de casos así en España cada año. ¿Desaparecido o asesinado? Esa es una de las fronteras más complicadas de traspasar por las investigaciones policiales, que deben recurrir a la prueba de indicios para esclarecer estos sucesos. Al final, pocas veces se logran condenas sin cadáver y el caso pasa a engrosar las borrosas estadísticas de desaparecidos.

El único dato oficial es del 15 de enero de 2013, cuando el Ministerio del Interior explicó que los años 2010, 2011 y 2012 se produjeron en España 29.607 denuncias por desapariciones, de las cuales se resolvieron 27.279 (el 92%). Eso quiere decir que 800 personas desaparecen sin saber nada de ellas cada año en España. Son dos al día, de las cuales muchos son fugados, accidentados o errores administrativos cruzando datos. Pero un importante porcentaje, calculan en las asociaciones de desaparecidos, se deben a motivos violentos. Cada vez se resuelven más.

Hacer desaparecer un cadáver es relativamente sencillo si se ha planeado previamente. En el caso del reciente crimen de Cuenca, por ejemplo, muchos expertos señalan que si la víctima no hubiera ido acompañada de su amiga a ver al asesino (Sergio Morate compró cal viva solo para un cadáver), probablemente no habría sido tan fácil encontrar el cuerpo. Aún así, el crimen perfecto no existe, coinciden en la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Pero uno de los intentos de alcanzarlo supuso un punto de inflexión en la investigación policial en España. Ramón Laso mató en Tarragona a su mujer y a su cuñado el 27 de marzo de 2009. Ya había estado en prisión por asesinar a su anterior esposa y a su hijo. Pero esta vez planeó mejor el crimen y logró que los cadáveres, el arma y los restos jamás fueran encontrados.

Así que tras la desaparición de sus nuevas víctimas comenzó una compleja investigación desde los Mossos que desembocó, al cabo de cinco años, en la primera condena (30 años) por asesinato en España sin cadáver, arma, restos biológicos o confesión. Como explicaba con detalle un reciente documental de TV3, el juez y jurado popular se basaron en una cadena de indicios [una serie de indicios que funcionan solo como conjunto] que el trabajo policial había logrado obtener: había desviado la pensión de una de sus víctimas, entre otras cosas, y se había hecho pasar por ella en una llamada a un periódico para pedir que dejasen de buscarle. Pero jamás aparecieron los cuerpos.

Pere Sánchez es el jefe de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de la división de Investigación Criminal, que desde 2010 se encarga en los Mossos d'Esquadra de casos como el de Laso. Cuando una desaparición es sospechosa de ser un crimen, reconstruyen la vida del extraviado, exploran sus hábitos, costumbres, infidelidades, problemas de salud, hobbies... Llegan a conocerla como a un familiar. Lo más importante es la constancia, explican, no desmoronarse cuando los resultados tardan en llegar. “Nuestra labor es mutar una simple desaparición en un hecho criminal. ¿Cómo se hace sin cuerpo y sin otros indicios? Tenemos que llegar a una inferencia lógica y trasladarla a judicatura. Se trata de probar que no está viva. Y si no lo está solo puede ser accidental o intencionado. Y normalmente, si pasan 6 meses, la conclusión es que la muerte es intencionada y con la intención de hacer desaparecer el cuerpo. Nuestra máxima es que no necesitamos el cadáver. No nos dedicamos a buscar cadáveres, sino indicios de criminalidad”, sostiene Sánchez.

Nuestra máxima es que no necesitamos el cadáver. Nosotros no nos dedicamos a buscar cuerpos, sino indicios criminales", dicen los Mossos

Para la Guardia Civil se trata, sin duda, de los casos “más complicados de resolver”. Aún así, cree José Manuel Quintana, del grupo de Desaparecidos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, “el crimen perfecto no existe”. “Y afortunadamente, con todos los recursos que tiene la Guardia Civil, la mayor parte de homicidios se esclarecen en menos de una semana”, sostiene este agente. A veces, tras años de investigación, la Guardia Civil localiza a personas que siguen vivas, pero que no quieren volver ni remotamente a su vida anterior.

Sin embargo, hasta 2010 los distintos cuerpos policiales españoles no unificaron sus bases de datos de esta materia y eso dio lugar a terribles errores. El joven Raúl Casero es un ejemplo de ello. Desapareció de su casa el 6 de octubre de 2001. Al ser mayor de edad, su familia no pudo denunciar su ausencia hasta 48 horas después. Pero sabían que algo malo pasaba. Nunca apareció. Diez años después recibieron una llamada de la Guardia Civil de tráfico: su hijo había fallecido el mismo día de la desaparición. Fue atropellado y trasladado al anatómico forense. Pese a tener la descripción detallada del desaparecido, no pudieron identificarlo a lo largo de los días que permaneció ahí. Lo enterraron en una fosa común del cementerio de Carabanchel en un sepelio múltiple, donde estuvo los diez años que su familia pasó buscándole por todos los rincones de la ciudad.

Estos casos son los más complicados de resolver”, señalan en el Grupo de Desaparecidos de la Guardia Civil

Los casos resueltos por indicios múltiples abren también el debate sobre la posibilidad de cometer un error en la condena. Sin pruebas materiales, puede haber brechas en el argumento judicial. Pero la mayoría de expertos, como el catedrático en Derecho Penal de la Universidad Autónoma, Manuel Cancio, no lo ve tan distinto de otro tipo de situaciones. “Una prueba de indicios comporta la posibilidad de una equivocación, claro. Pero aquí las reglas que proceden son las de no tener dudas. Ese es un estándar que se corresponde bastante con el proceso anglosajón. Y para no tenerlas, la cadena de indicios debe descartar otra posible explicación. Y los tribunales en España no condenan por una sola sospecha, por muy fuerte que sea”. Por eso, el padre de Joaquín, igual que las familias de muchos desaparecidos, no ha parado en siete años de reunir todos los indicios posibles para que el caso de su hijo se esclarezca.