El cambio que llega a las televisiones autónomicas con los nuevos Gobiernos

El cambio político que las elecciones del 24-M trajeron tras de sí ha removido los terrenos en los que desde hace cuatro años se asentaban las televisiones autonómicas. La influencia de las formaciones emergentes en la configuración de Gobiernos y la llegada de aire nuevo a los parlamentos de varias Comunidades Autónomas apuntan hacia una etapa distinta para las 13 regiones que cuentan con una televisión pública.

El regreso de Canal 9

La radiotelevisión valenciana, con más de 26 años de emisión, fue clausurada por el Partido Popular en 2013. En ese momento acumulaba una deuda de más de 1.200 millones de euros. La formación conservadora, que hasta las pasadas elecciones gobernó la Comunidad Valenciana durante 20 años y propició una plantilla de más de 1.500 trabajadores, también aprobó una ley que impide a la Generalitat prestar servicios de radiodifusión y televisión.

Es el mayor escollo al que se enfrenta el Gobierno que del socialista Ximo Puig para abrir de nuevo el canal autonómico el 9 de octubre, día de la Comunidad, tal y como adelantó a EL PAÍS en una reciente entrevista. Puig también avanzó que se trabaja en la anulación de la ley y en las soluciones que permitan deshacer el caos jurídico y económico que supuso el cierre del ente. En la actualidad, el gasto de la televisión supera lo que hubiera costado mantenerla abierta con un ERE pactado.

Telemadrid, en la encrucijada

La televisión madrileña se encuentra en una encrucijada política y económica. El PP perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas retiraron por primera vez en 20 años y, por tanto, también en el consejo de administración del ente público. La ley es clara: los representantes en el órgano de gobierno de la televisión se repartirán proporcionalmente según del número de diputados obtenidos “al inicio de cada legislatura y una vez constituida la Asamblea”. Resultado: el PP pierde el férreo control que ejercía sobre ella y queda a expensas de lo que decidan los grupos de la oposición. Por eso, la presidenta Cristina Cifuentes no ha cambiado aún la composición del consejo y lo ha retrasado para finales de año en medio de las quejas de las otras formaciones con representación (PSOE, Ciudadanos y Podemos).

Telemadrid sufrió en 2013 un ERE que redujo la plantilla de 1.170 a 309. El 40% del presupuesto se emplea en la contratación de programas externos. La oposición en la Asamblea de Madrid reclama la "despolitización" del ente público, de hecho es uno de los 72 puntos que Ciudadanos obligó a firmar al PP para dar su respaldo a Cifuentes en la sesión de investidura. PSOE y Podemos piden la vuelta de los trabajadores despedidos. Los tres partidos de la oposición quieren que el director general sea elegido por mayoría en la Asamblea de Madrid, algo que hasta ahora no ocurría.

El lío de Radio Televisión Castilla-La Mancha

El nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE-Podemos) se ha propuesto como una de sus principales tareas cesar de su puesto al actual director general del ente público, Ignacio Villa. "Queremos ir a hacia un modelo similar al de RTVE en la época de Zapatero", aseguran fuentes del Ejecutivo de Emiliano García-Page (PSOE). La propuesta socialista consiste en cambiar los órganos de dirección de la televisión manchega: el Parlamento elegiría por mayoría un director general y un consejo de administración renovado.

La próxima semana, la Junta celebrará un pleno monográfico sobre esta renovación de la televisión autonómica. Durante la anterior legislatura, el PSOE denunció "manipulación" en las informaciones del ente. Por el momento, el PP se ha negado a cambiar el actual consejo de administración y no acepta la propuesta del nuevo Gobierno (seis miembros del PSOE y seis del PP y tres de Podemos). Carmen Amores, periodista y directora de Antena en Canal Sur desde 2013, es el relevo propuesto para Villa. Desde el Ejecutivo esperan tener listo el nuevo modelo antes de final de año.

Las reformas que están en el aire

La Corporación de la Radio Televisión Aragonesa es un de las pocas que no tiene déficit ni pérdidas. La razón del buen estado de sus cuentas es, a juicio de sus responsables, el modelo: una televisión pública externalizada al 90%. Ese modelo chirría a Podemos, la formación que ha posibilitado el gobierno del socialista Javier Lambán y entre cuyos acuerdos para apoyar la investidura está el de que los servicios informativos no estén en manos de productoras privadas, como ocurre ahora.

Ese acuerdo está a expensas de las auditorias que van a realizarse a todas las empresas del Gobierno y se abordará entre septiembre y octubre. El director de la televisión pública de Aragón, Pepe Quilez, no oculta su satisfacción por el buen estado de las cuentas y por sus índices de audiencias. Podemos quiere que cambien las cosas, porque en los acuerdos no solo está lograr que los informativos sean de la plantilla, sino que el nombramiento de los directores sea por acuerdo de al menos tres quintas partes de la cámara.

El nuevo Gobierno tripartito de Baleares (PSOE, Mès y Podemos) no ha podido cambiar ni la cúpula de directivos, ni tampoco ha alterado la programación ni el estilo y tendencia de los programas e informativos de la radio televisión balear. El nuevo Ejecutivo quiere modificar el modelo, porque en el actual no tienen mayoría cualificada, para remover al actual equipo de confianza del PP,.

El Gobierno de Francina Armengol cambiará la ley del ente o esperará seis meses de impasse legal para nombrar a los nuevos consejo y director general. Cada partido del pacto del Gobierno propuso un periodista o técnico gestor, pero la desconfianza del PP hizo fracasar el intento.

El nuevo Gobierno de Asturias (PSOE-IU) presidido por Javier Fernández, plantea la renovación del consejo de administración a través de una ley que ya aprobó en julio de 2014, pero que "por la cercanía de las elecciones" se paralizó. Desde el Ejecutivo asturiano no han desvelado ninguna novedad al respecto de la televisión autonómica, "tendremos que valorar las propuestas”, se han limitado a señalar. La deuda del ente supera el 66% del presupuesto anual que recibe (20 millones de euros para 2015).

En Extremadura, el nuevo Gobierno (PSOE-Podemos) salido de las urnas el pasado 24 de mayo no está conforme con el modelo de televisión que ha heredado de la anterior legislatura (PP). Desde el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara consideran que Canal Extremadura TV ha estado "al servicio de los intereses de este partido [PP] y en el que se incumplía de manera flagrante la obligación de defensa de servicio público que rige esta norma".

La Junta de Extremadura quiere hacer de la televisión pública "una televisión plural, verdaderamente inspirada en los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones". La elección del director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) se hará por concurso de méritos (la Junta no especifica cómo).

El debate por la reforma de la televisión vasca (EiTB) comenzará en septiembre u octubre, cuando se creará una comisión parlamentaria para estudiarlo, tal y como se han comprometido el PNV y el PSE. Todos apuestan por una reforma, pero apenas han precisado el cómo (nadie duda del carácter de servicio público del ente). Una reforma que el PSE plantea debido al desplome de las audiencias. El año pasado EITB logró cubrir su déficit gracias al éxito de la película Ocho apellidos vascos. El Gobierno ya estaba preparando una aportación extra para este 2015.

Las que no cambian

Ningún grupo parlamentario cuestiona la continuidad de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), una empresa púbica con una de las mayores plantillas de la comunidad. Todos los grupos lo entienden como un servicio público necesario para los andaluces. En 2015, la RTVA calcula unas pérdidas de 28,7 millones de euros.

Al no haber cambio de Gobierno en la Xunta de Galicia, no se ha reavivado el debate sobre la compañía con motivo de las elecciones. Pero año tras año, con la presentación de los presupuestos, surgen críticas al recorte que afecta a los gastos en personal. El director general de la corporación, Alfonso Sánchez Izquierdo, dijo al presentar en el Parlamento los presupuestos para este año que, "a medio y largo plazo", el modelo económico y el coste de la plantilla no son "sostenibles".

Al mismo tiempo que se recorta en personal, la Xunta ha mantenido hasta ahora sin amparo legal un consejo de administración encabezado por un director general designado por el Ejecutivo y no por el Parlamento, como exige el nuevo texto legal, y paga cerca de 800.000 euros anuales a 11 consejeros. Tras las elecciones municipales, PP y PSOE se repartieron todos los cargos del consejo.

El director general de la televisión canaria es Santiago Negrín, periodista y el primero que ha sido elegido por el Parlamento de Canarias. Con anterioridad lo elegía a dedo el presidente del Ejecutivo autonómico. El consejo de administración también fue elegido por el Parlamento de Canarias, a propuesta de los diferentes partidos que lo componían.

En Cataluña ha sido el propio Gobierno nacionalista el que ha cambiado sus criterios políticos sobre cómo debe ser la televisión pública desde principios de 2012. Tras unas elecciones en las que Convergència formaliza su conversión al soberanismo y en las que pierde diputados en favor de Esquerra Republicana, rompe con el PP y TV-3 y Catalunya Ràdio pasarán a ser herramientas gubernamentales claves del llamado "proceso". El propio Consejo del Audiovisual Catalán criticaba el pasado junio la emisión de un programa de debate, .Cat, con las fuerzas soberanistas por la total ausencia de pluralismo.

Murcia y su canal de gestión indirecta

En la pasada legislatura (Gobierno del PP) se acometió el cambio del modelo de la televisión autonómica 7 Región de Murcia, siendo la primera Comunidad Autónoma en implantar un modelo de gestión indirecta. Desde el pasado 1 de abril, la empresa CBM del Grupo Secuoya ha comenzado las emisiones de esta nueva televisión. El contrato de adjudicación es de tres años más otros tres negociables. Desde el Gobierno consideran que la televisión autonómica debe ofrecer contenidos diferenciados de los que ya dan las cadenas nacionales.

Las comunidades que no disponen de canales autonómicos públicos son Navarra, Cantabria, La Rioja y Castilla-León. Ceuta y Melilla cuentan con televisiones locales. El caso de la comunidad castelloleonense es particular. Radio Televisión de Castilla-León es de titularidad privada (tiene seis años de antigüedad), pero desde su creación existe una comisión de seguimiento compuesta por el Gobierno y los grupos con representación parlamentaria. Tras las elecciones de mayo, ya han entrado los representantes de las formaciones con diputados en la Junta: PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto (IU-Equo y UPL).

Con información de Lourdes Lucio, Cristina Huete, Vicente G. Olaya, Silvia Rodríguez, Pedro Gorospe, Ana Pantaleoni, María Josep Serra, Andreu Manresa, Txema Santana, Concha Montserrat, Francesco Manetto y Sergio Lillo.