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ANÁLISIS

La izquierda entra como un miura en la fiesta de los toros

Los ayuntamientos carecen de competencias taurinas, pero pretenden actuar en las plazas de titularidad pública y suspender las ayudas

El torero Rafael Cerro en una faena en Feria de San Isidro 2015.
El torero Rafael Cerro en una faena en Feria de San Isidro 2015.

Algunos de los nuevos Ayuntamientos surgidos en las recientes elecciones locales han entrado como un miura en la fiesta de los toros. La iniciativa parte de los grupos de izquierda -desde Podemos, sus distintas marcas blancas, Compromís, Bildu, IU y la ayuda inestimable de Ciudadanos y PSOE, según los casos-, y pretende cortar la coleta a la tradición taurina de muchas localidades.

Los nuevos representantes saben que los Ayuntamientos carecen de competencias en esta materia, pero juegan con la ventaja de que la mayoría de las plazas de toros son de titularidad pública, propiedad de los consistorios, en gran parte, y diputaciones, lo que les permite decidir sobre su uso. Andalucía, por ejemplo, cuenta con 102 plazas de toros permanentes, de las que solo 21 (el 20,5 por ciento) están en manos privadas.

La autorización de un espectáculo taurino depende exclusivamente de la Comunidad Autónoma correspondiente, que tiene la obligación de comunicarla al alcalde de la localidad donde se celebre.

En las plazas que sean de titularidad pública y que no estén comprometidas por un contrato con un empresario privado, dependerá de la propiedad municipal la celebración o no de festejos taurinos; si, por el contrario, mantiene en vigor un acuerdo contractual con una empresa privada, serán los tribunales los que determinen la cuantía de las indemnizaciones a las que hubiera lugar si existe una ruptura unilateral de lo firmado.

Los Ayuntamientos no cuentan con competencia alguna en las plazas privadas; tanto el propietario como el arrendador solo deberán solicitar la autorización a la Comunidad Autónoma correspondiente.

Por último, en el caso de las plazas portátiles sí podrán poner trabas, tanto en la concesión del suelo para su instalación, si es público, como en las licencias municipales correspondientes para la seguridad, electricidad, agua, etc.

Además, las corporaciones locales también pueden suprimir las ayudas que permiten que se celebren espectáculos taurinos con la participación de primeras figuras, como ocurre con otro tipo de celebraciones culturales y festivas, pero con el consiguiente perjuicio para la economía de la localidad.

No está nada claro, no obstante, el motivo real de esta moda de la izquierda política; dice rechazar la fiesta de los toros por razones animalistas, si bien abundan los casos de flagrante incoherencia ideológica o instrumentalización política cuando la afición de los votantes pone en peligro la permanencia en el gobierno de algunas siglas.

Lo cierto es que, sorprendentemente, la fiesta de los toros está en el ojo del huracán de muchos munícipes, como si su existencia se hubiera convertido de la noche a la mañana en uno de los problemas sobresalientes de las nuevas corporaciones.

Mientras tanto, la mayoría del sector, expectante y atemorizado, se ha refugiado en tablas, y guarda un irresponsable silencio a la espera de que pase un vendaval de imprevisibles consecuencias. Solo la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) ha denunciado públicamente ‘la posición deplorable que mantiene el PSOE utilizando la tauromaquia como moneda de cambio’.

Es cierto que la ambigüedad e incoherencia manifiesta del Partido Socialista ha alimentado esta corriente antitaurina. Al tiempo que los socialistas decidieron en 2011 por decreto que la tauromaquia es ‘una actividad artística y cultural’, y la defienden con ardor en Andalucía, mantienen una postura abstencionista, cuando no contraria a los toros, en todas las discusiones y votaciones parlamentarias, y no han tenido empacho en unir sus votos a corrientes abolicionistas para mantener alcaldías. El propio Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, afirmó que ‘no me verán en una corrida de toros’, si bien expresó su respeto a la tauromaquia y a la libertad de decisión de cada ciudadano.

Ciertamente, esta actitud del primer partido de la oposición ha alimentado esta ola de modernidad antitaurina, que ha alcanzado su punto culminante con la entrada de nuevos partidos de izquierda en los ayuntamientos y está cuajada de gestos y también de contradicciones políticas.

Existe una plataforma en Internet que recoge firmas para pedir al Rey que no vuelva a acudir a una corrida de toros. El Ayuntamiento de Madrid ha renunciado al palco que tiene asignado en la plaza de las Ventas, que es propiedad de la Comunidad madrileña.

El propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmaba recientemente en un encuentro digital que no le gustan los toros, pero que no es partidario de que se prohíban, sino de que se abra un debate entre la ciudadanía.

Y una consulta es lo que han anunciado que llevarán a cabo ayuntamientos como Huesca, Alicante y el municipio valenciano de Aldaia, entre otros.

El alcalde de Zamora ha dejado claro que ‘si la gente quiere toros, que se pague su entrada’ y la decisión de no financiar los espectáculos. En Alzira (Valencia) han suspendido los festejos populares, y el alcalde de la localidad madrileña de Pinto ha aceptado que haya toros este año, pero ya ha anunciado una consulta a los vecinos para las fiestas venideras.

Por su parte, Marea Atlántica, que gobierna en A Coruña, ha decidido suspender la feria y pretende alcanzar un acuerdo indemnizatorio con la empresa que mantiene un contrato en vigor.

Mientras tanto, la feria taurina volverá a San Sebastián porque Bildu ha perdido la alcaldía en favor del PNV. El partido de la izquierda abertzale constituye otro un caso evidente de incoherencia política. Prohibió los toros en la capital donostierra, pero los mantiene en Azpeitia, -donde gobierna con mayoría absoluta-, conocida por su exigente afición taurina.

Cataluña está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre la legalidad o no de la prohibición de los festejos taurinos en esa Comunidad, donde están permitidos los correbous, y, hasta el momento, no se han planteado problemas en las comunidades de Castilla León, Castilla la Mancha y Andalucía.