El fuero de 500 diputados autonómicos pende de los pactos

Casi 500 diputados autonómicos perderán su aforamiento si se cumplen los pactos poselectorales que Ciudadanos y Podemos han firmado con PP y PSOE en siete Comunidades (Madrid, Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Murcia). El cambio legal, que implica reformar los Estatutos de esas Autonomías, necesita ser aprobado por amplias mayorías y obligará a convocar un referéndum.

Es el caso de Castilla la Mancha (por decisión de Podemos) y quizás en Andalucía (si los servicios jurídicos del Parlamento consideran que la modificación afecta a la relación de la Comunidad con el Gobierno). Los partidos implicados se han comprometido a que en 2016 estén en marcha los trámites que acabarían con la protección de esos cientos de diputados que ahora solo pueden ser juzgados por el Supremo o el Tribunal Superior de su Comunidad.

“Los aforamientos y la limitación de mandatos generan consenso entre los partidos y la ciudadanía. No hay que pasarse en las reformas a incluir en los Estatutos: más medidas complicarían el proceso”, explicó José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos y jefe de gabinete de Albert Rivera, que ha firmado pactos de investidura con PSOE (Andalucía) y PP (Madrid, Murcia, La Rioja y Castilla y León). “La fórmula de limitación de mandatos aún no está redactada”, siguió. “La idea es que sean dos legislaturas, pero no seremos dogmáticos y estamos abiertos a otras propuestas [ocho años, por ejemplo]”, añadió sobre la influencia que ese límite tendría a la hora de decidir adelantos electorales. Sin embargo, la posibilidad de introducir acentos locales en las reformas de los Estatutos está firmemente abierta. “Una vez que se abre la reforma del Estatuto, puede haber otras aportaciones, de otros temas”, resumió Juan Cornejo, secretario de organización del PSOE andaluz.

Así, el acuerdo entre PSOE y Podemos en Castilla la Mancha incluye la obligación de que el Estatuto recoja un sistema de financiación basado “en la solidaridad, la suficiencia y la autonomía”, medidas de rescate ciudadano o la reforma de la ley electoral. En Madrid, Ciudadanos valora la posibilidad de introducir en el Estatuto la prohibición de privatizar servicios públicos como el del agua o hacer julio mes hábil en la Asamblea; igual que podría ocurrir en Murcia con el paso de cinco circunscripciones electorales a una sola. Además, en Valencia, el pacto Compromis-PSOE-Podemos contempla “desbloquear la reforma del Estatuto”, medida que también sería necesaria en Extremadura si el socialista Guillermo Fernández Vara culmina su plan de acabar “con los aforamientos para asuntos privados”.

Excepción en Europa

España es una excepción en Europa con más de 17.000 aforados, según calculó en 2014 Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, que proponía reducirlos a 22. Alemania y Reino Unido no tienen aforados con derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano de a pie. En Portugal e Italia solo está en esa posición el presidente de la República; y en Francia, el presidente, el primer ministro y su Gobierno.

Juan Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, propuso esta semana “disminuir el aforamiento, darle sensatez y que sea igualitario”. “El número de aforados es excesivo”, defendió. El resultado de esas reformas dependerá del Congreso que nazca tras las elecciones generales. Los partidos emergentes esperan ser decisivos entonces.