La fiscal general alerta de los errores en el nuevo Código Penal
Consuelo Madrigal comunica a todos los fiscales que 16 delitos menos graves pasarán a ser delitos leves por un efecto no deseado
La Fiscalía General del Estado ha detectado los errores en el Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de julio después de un año y medio de tramitación parlamentaria. Esta institución ha dictado una circular en la que informa a todos los fiscales de que por ese efecto no deseado o error 16 delitos menos graves tendrán que considerarse leves.
El ministerio público entiende que la voluntad de los legisladores no era “degradar estos delitos menos graves”. Sin embargo, recuerda que una vez promulgada la ley lo que importa es la letra de la norma no la intención de los políticos que la redactaron.
"Hay razones para sospechar que la voluntad del legislador no era degradar estos delitos menos graves, pues nada se dice al respecto en el Preámbulo y las penas nominalmente asignadas a cada tipo no sufren mutación con el cambio legislativo, pero lo cierto es que una vez promulgada y publicada la ley, ésta adquiere vida propia y es su voluntad inmanente y no la intencionalidad de su autor la que conforma el nuevo ordenamiento jurídico y vincula con sus mandatos objetivos y al intérprete y aplicador", asegura la Fiscalía.
Es decir, que debe entenderse que esas faltas menos graves bajan de grado, según admite Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado, en la "Circular sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves" a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El error se refiere a la tabla de penas que para los delitos leves llega a tres meses y la de los delitos menos graves es desde tres meses, en lugar de tres meses y un día.
Eso que puede parecer un mínimo error provoca problemas técnicos notables, según explica la Fiscal General en la circular. Por ejemplo, alguno de esos delitos son competencia del jurado y, sin embargo, esa intervención no está contemplada en el procedimiento para instruir y enjuiciar los delitos leves.
El Ministerio de Justicia estudia estos días cómo salir del error y del embrollo. La circular de la Fiscalía es importante porque el Gobierno confiaba que el ministerio púbico hiciera una interpretación que le permitiera salvar un error. Ahora el Departamento que dirige Rafael Catalá solo tiene dos opciones: dar por cierta la degradación involuntaria de los 16 delitos menos graves o intentar buscar soluciones técnicas con reformas exprés a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita en este momento. Según grupos de la oposición sería insólito cambiar de esta forma una norma que se publicó en marzo y que entra en vigor en unos días.
Los dieciséis delitos afectados son la sustracción de cosa propia, la ocupación de inmuebles, la alteración de lindes y el uso de un terminal de telecomunicaciones ajeno, entre otros. Es decir, el Gobierno del PP ha bajado de grado sin querer y a su pesar la consideración penal de la ocupación, lo que tiene efectos directos en la prescripción y la acumulación como antecedentes penales.
Revisar millones de causas
La entrada en vigor del Código Penal el 1 de julio está provocando un seísmo en los profesionales de la Justicia y, a partir de esa fecha, una carga sobrevenida en los juzgados. Especialmente, porque se eliminan las faltas porque una parte de ellas pasan a ser infracciones administrativas sancionadas sin intervención judicial en la Ley de Seguridad Ciudadana y una parte mínima de ellas se convierte en delitos leves.
Esto obligará a revisar todos los procesos pendientes en los juzgados unos tres millones según el Gobierno. La ley, según remarca la circular de la Fiscalía obliga a aplicar la pena más favorable y, por tanto, deben archivarse todas las faltas que estén en procedimiento, salvo las que lleven aparejada responsabilidad civil que solo se seguirán a efectos de dirimirla.
Un ejemplo es el de la concejal de Madrid Esperanza Aguirre que podrá pedir el archivo de su causa, si no lo hace el fiscal en cumplimiento de la circular.
Este nuevo tipo de delitos tiene un procedimiento específico que, en todo caso, será preciso aplicar con el consecuente riesgo de caos en los juzgados.
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