Las grandes urbes se centran en parar los desahucios y en medidas sociales

Madrid y Barcelona examinan las promesas de las fuerzas del cambio

Los Gobiernos de las principales ciudades, liderados por candidaturas de plataformas alternativas de izquierdas, serán los primeros en impulsar el cambio político y en llevar a las instituciones la filosofía de  Podemos. El plan que esbozaron ayer Manuela Carmena en la capital, Ada Colau en Barcelona, Joan Ribó, de Compromìs, en Valencia, Pedro Santisteve en Zaragoza, Xulio Ferreiro en A Coruña y José María González en Cádiz pretende frenar los desahucios y atender las necesidades energéticas de los hogares sin recursos, propone más austeridad y redistribución de la riqueza.

La cabeza de lista de Ahora Madrid evitó ayer ahondar en el programa en su primer discurso ante el pleno, pero en su comparecencia posterior fijó algunas prioridades de su proyecto: que “todos los niños y ancianos de la ciudad tengan recursos alimenticios suficientes y alternativas habitacionales cuando se producen desahucios”; evitar las ejecuciones hipotecarias y, cuando se produzcan, ofrecer una “solución habitacional”; impulsar una oficina antifraude —una medida acordada con el PSOE con la firma del pacto de investidura— y una rebaja salarial de sus concejales

El peligro de la inestabilidad

El consenso no es el denominador común de la política que se ejerce en las instituciones españolas. El bipartidismo de los últimos 30 años ha consolidado un modelo de acción política basado en mayorías absolutas donde el entendimiento con la oposición no era imprescindible. Tras las elecciones del 24-M, la capacidad de diálogo de la clase política se pondrá a prueba. En los próximos meses, los nuevos alcaldes, más frágiles que nunca en la reciente etapa democrática por no contar con mayoría absoluta en los plenos, deberán aprobar los Presupuestos de 2016, una prueba de fuego para medir su estabilidad.

Colau dejó claro que “una ciudad democrática debe acabar con la lacra de los desahucios y con la pobreza energética”. La nueva alcaldesa de Barcelona, además, quiere reclamar a la Generalitat su deuda con el Ayuntamiento, mientras que el nuevo regidor de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, propuso revitalizar el barrio del Cabanyal-Canyamelar, amenazado por la especulación urbanística en las últimas décadas. Todos se platean realizar una auditoría de las cuentas municipales e impulsar planes que llaman “de emergencia social” o “rescate ciudadano”.

Las maneras de hacer, además, cambiarán a la fuerza debido a la fragmentación; en la mayoría de los grandes Ayuntamientos el entendimiento del Gobierno municipal con la oposición será imprescindible para avanzar. A partir de ahora, cada presupuesto municipal para gestionar la ciudad del año siguiente será una prueba de resistencia para el Gobierno de turno. Hay otras novedades para arrancar un mandato de cuatro años más cargado que nunca de incertidumbres.

Austeridad. La austeridad se instalará en los bolsillos de algunos alcaldes y muchos concejales. Acostumbrados a sueldos de 100.000 euros al año para los alcaldes de las grandes ciudades, Colau y Carmena han prometido no cobrar más de 45.000. La Marea Atlántica que gobernará en A Coruña promete bajar salarios a toda la Corporación y poner un límite máximo de 40.000 euros. Joan Ribó también garantiza rebajarse su nómina. Habrá menos asesores y más funcionarios en tareas de alta dirección.

Moratorias urbanísticas. Los grandes planes de expansión urbanística que dejaron esbozados los alcaldes salientes de algunas de las grandes ciudades quedarán congelados si las promesas de los nuevos regidores logran votos suficientes a partir de ahora. La Operación Chamartín en Madrid o el puerto exterior de A Coruña serán sometidos a revisión por los gobiernos municipales. 

El “rescate ciudadano”; más presupuesto para necesidades básicas. Los Gobiernos municipales de Madrid, Valencia, Zaragoza o Barcelona prometen más presupuesto para necesidades básicas y algunos incluso plantean avanzar en la aprobación de una “renta básica de ciudadanía”. Todos tienen planes para implantar programas de ayuda económica a las familias con menos rentas para que puedan hacer frente al pago de sus necesidades básicas (luz, agua, alimentación).

Política fiscal redistributiva. Los planes de las plataformas ciudadanas de izquierda que gobernarán las ciudades más pobladas de España pasan por mantener la presión fiscal de los principales impuestos (bienes inmuebles y circulación) para la mayoría de los vecinos aunque prometen aplicar rebajas a las rentas más bajas. Algunos de los nuevos equipos de Gobierno municipal preven gravar a los bancos que poseen miles de viviendas vacías.

Más participación ciudadana. La elaboración de los presupuestos o los planes de reforma tendrán un paso previo al debate en pleno. Los nuevos alcaldes explican que someterán estas decisiones a una especie de encuesta previa entre los vecinos afectados.

Examen a un modelo vigente desde 1978

[TXT-DESPI]El Gobierno de UCD presentó en enero de 1978 un proyecto de ley de comicios locales que premiaba con la alcaldía al partido que obtuviera más votos. En el debate parlamentario, el portavoz de la minoría comunista, Simón Sánchez Montero, usó un argumento que hoy sigue vivo: “Con menos del 30% de los votos se puede ser alcalde. Vamos a tener Ayuntamientos ingobernables, donde la oposición mayoritaria, por el número de concejales, haga muy difícil resolver los gravísimos problemas que la administración municipal tiene”.

Sánchez Montero convenció a los grupos, que aprobaron una ley que delegaba en los concejales la elección de alcalde, y no en los vecinos a través de sus votos. Saldría elegido alcalde quien consiguiera la mayoría absoluta de los votos de los concejales. En su defecto, sería alcalde el candidato con más votos en las elecciones. Con este sistema han funcionado hasta ahora los Ayuntamientos sin grandes problemas de gobernabilidad; PP y PSOE impusieron sus mayorías absolutas[/TXT-DESPI]. Ese modelo se somete ahora al examen más difícil: las mayorías absolutas ya no existen.

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