Velasco pide imputar a un senador de Amaiur por pertenencia a ETA

El magistrado reclama al Supremo que actúe contra Iñaki Goioaga por pertenecer al frente de cárceles de la banda

Desde la izquierda, Goioaga, Tontxu Rodríguez y Bildarratz, aceptan el pasado día 24 su nombramiento como senadores autonómicos.
Desde la izquierda, Goioaga, Tontxu Rodríguez y Bildarratz, aceptan el pasado día 24 su nombramiento como senadores autonómicos.david aguilar (efe)

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Tribunal Supremo que impute al senador de Amaiur Iñaki Goioaga por integración en organización terrorista por su supuesto papel en el llamado “frente de cárceles” de ETA, a través del colectivo de abogados. Este grupo de letrados, encabezado en su día por Arantza Zulueta, ahora en prisión, está siendo investigado como supuesta correa de comunicación de las órdenes de la dirección de ETA a sus miembros encarcelados.

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Goiaga, aforado por su condición de senador, había quedado al margen de las diferentes operaciones dirigidas por la Audiencia Nacional contra el grupo encargado de mantener la cohesión entre los reclusos etarras. El frente de makos (cárceles) es la principal rama de actividad de ETA en funcionamiento tras el “cese definitivo de la actividad armada” que la banda terrorista decretó el 20 de octubre de 2011.

En una “exposición razonada” elevada por el juez Velasco al Supremo, el magistrado considera que el papel del parlamentario Goioga es de “especial relevancia”, y que al ser aforado “quedó excluido de las detenciones que se llevaron a cabo del resto de miembros del colectivo el pasado 12 de enero”. En su escrito, Velasco sostiene que los miembros del colectivo de abogados “son plenamente conscientes de que su actividad está dirigida a garantizar la concienciación y homogeneidad ideológica de los presos de ETA”. El “fin último” de este grupo de letrados, explica Velasco, es que los reclusos “no abandonen no abandonen la disciplina y no se puedan acoger a beneficios penitenciarios sin la autorización expresa de la banda terrorista”.

Una de las funciones principales de este grupo de abogados, formado por 15 letrados, es hacer rondas de visitas por las cárceles para trasladar a los presos las directrices de la banda y las “líneas rojas” que no deben traspasar en su vida penitenciaria. No deben colaborar con la justicia para esclarecer crímenes pendientes de juicio, ni pedir perdón por sus crímenes ni pedir beneficios penitenciarios de forma individual.

En relación con estas “rondas”, la exposición motivada hace referencia a un documento en el que se dice que suelen realizarse por dos componentes del Colectivo durante dos o tres días consecutivos, varias veces al año, y que les han permitido contactar con el 65 por ciento de los miembros de ETA en prisión al año, llegando a más del 95 por ciento de los centros penitenciarios en los que hay etarras. En este sentido, destaca la ausencia de visitas a la prisión de Nanclares de Oca, donde se encuentran los internos que han abandonado la disciplina de la banda.

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La estructura de este Colectivo estaría integrada por alrededor de 15 letrados “liberados”, así como por una red de apoyo formada también por abogados que, “sin integrarse orgánicamente en su estructura, colaborarían con las funciones de asistencia a los presos de ETA integrados en el EPPK [siglas en euskera del autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos]”. 

Respecto a su financiación, el magistrado señala que “sería la organización Herrira (suspendida en sus funciones) la encargada de la misma” mediante el pago de la asistencia jurídica a los miembros del EPPK.

El valor de estos servicios prestado por el Colectivo de Abogados-BL ascendería, de acuerdo con la documentación intervenida, a 766.112,76 euros en 2012 y 792.200 euros en 2013. De es cantidades, advierte el juez, no tiene constancia la Hacienda Pública por lo que los miembros del Colectivo de Abogados-BL habrían defraudado un total de 270.336,074 euros en concepto de IVA, “motivo por el que sería presuntamente responsables de dos delitos fiscales”.

Para Velasco, “incluso podrían ser responsables de dos delitos de blanqueo de capitales al haber adquirido, poseído, utilizado y convertido las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública a sabiendas de que las mismas procedían de un delito contra la misma”.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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