Santamaría defiende que los diputados tengan “experiencia”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha eludido pronunciarse sobre un posible cambio en el régimen de compatibilidades que tienen los diputados después de que el portavoz del grupo parlamentario popular, Rafael Hernando, se mostrara partidario incluso a ampliarlo para que puedan tener más actividades privadas. "Los actores públicos deben tener la mayor experiencia posible sobre lo que van a debatir", ha indicado.

Santamaría aludió a la división de poderes y sí habló del estatuto del alto cargo del Ejecutivo que, según dijo, tiene un régimen "muy serio y riguroso de incompatibilidades". Ese régimen permitió, sin embargo, que el exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, mantuviera sus intereses empresariales mientras formaba parte del Ejecutivo español y tuviera que vender las participaciones que poseía en dos empresas petroleras, Ducor y Petrologis Canarias, centradas en el almacenamiento de combustible para ser comisario de Clima y Energía en la Comisión Europea.

"Algunos pensamos que esto de la vida política consideramos que puede ser limitado en el tiempo y hemos de ordenar bien que quien entra en política no se lleve por delante su carrera profesional y prestigio en el sector al que pertenece", ha señalado la vicepresidenta.

El debate se ha abierto después de que EL PAÍS publicara como los diputados Vicente Martínez-Pujalte y el actual embajador en Reino Unido, Federico Trillo, cobraron dinero de la empresa constructora Collosa, especializada en obra pública. El primero ingresó por esa asesoría 75.000 euros en poco más de un año; Trillo, 354.560 euros en casi tres años. Todos los partidos, excepto el PP, reclamaron ayer que se restringieran las compatibilidades.

Respecto al caso Rato, la vicepresidenta del Gobierno ha negado que el Ejecutivo autorizara o desautorizara la detención del exvicepresidente económico Rodrigo Rato. "El Gobierno ni autoriza ni desautoriza ninguna actuación de la Agencia Tributaria, la Fiscalía o los tribunales. Hasta ahí podíamos llegar", ha manifestado.

Sáenz de Santamaría ha recalcado que "la ley se aplica para todos" y que los gobiernos "están para cumplir la ley y hacer que se cumpla", y no para "tomar determinadas decisiones que son injerencias" en las que puedan adoptar otras instituciones, ante las que "lo que hay que hacer es respetar la ley"