El juez manda a prisión a cinco de los anarquistas detenidos por terrorismo

El juez Eloy Velasco, titular del juzgado número seis de la Audiencia Nacional, ha decretado este miércoles prisión incondicional para cinco de los 15 anarquistas detenidos el pasado lunes por colocación de bombas incendiarias y terrorismo en el marco de la llamada Operación Piñata, desarrollada por los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, Barcelona, Palencia y Granada. El resto de los arrestados ha quedado en libertad con medidas cautelares. Deberán presentarse en dependencias judiciales cada 15 días, además de entregar sus pasaportes y tener impedida la salida de territorio español.

Velasco imputa a los encarcelados un delito de “integración en organización terrorista de tipo insurreccionista-anarquista, pues a la característica del delito de organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal se añade que su fin era el de subvertir el orden público y alterar gravemente la paz”. Todos los enviados a prisión serían presuntamente miembros destacados de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), cuyo principio básico es el que sigue y así lo publicitan: “Entendemos el sabotaje como valioso en sí mismo en nuestro camino de desestabilización, colapso y destrucción del sistema y al mismo tiempo como propaganda que incite a la lucha contra todas las estructuras de dominación y extensión de la agitación y la revuelta, de los conflictos contra el poder y sus representantes. Nuestras ideas y formas de actuar deben estar dirigidas a extender la revuelta”.

Simpatizantes anarquistas se concentraban esta mañana en las inmediaciones de la Audiencia Nacional para protestar por los arrestos de sus “compañeros” y por el ingreso en prisión de Enrique Balaguer Pérez, presunto responsable de GAC y ya detenido por los mismos delitos en la llamada Operación Pandora del pasado mes de enero; Paul Jara Zevallos, supuesto líder del citado movimiento en Madrid —donde se efectuaron la mayor parte de las detenciones— ; Javier García Castro, también miembro de ese grupo en la capital, junto a Jorge Linares Izquierdo; y Javier Grijalbo Adan, cabecilla de la organización en Palencia.

A todos ellos el magistrado los relaciona con actos de coordinación y promoción de sabotajes, entre ellos daños en 114 cajeros automáticos y estragos en sendas sucursales de Bankim y Caixa Catalunya. Se investiga también su relación con los artefactos colocados hace dos años en la basílica del Pilar de Zaragoza —donde resulta herida un persona y causaron daños materiales en el templo— y en la Catedral de la Almudena de Madrid, donde la bomba ubicada en un confesionario no llegó a estallar.

Entre los elementos incautados en los 17 registros que la policía llevó a cabo, tanto en centros sociales ocupados como en viviendas privadas, se encuentran manuales para confeccionar explosivos y de táctica de guerrillas, fotos de policías y de comisarías como presuntos objetivos de sus ataques, reivindicación de actos con artefactos incendiarios, documentos de organización y financiación y proselitismo de jóvenes para realizar actos terroristas, manuales de autodefensa y de técnicas para evitar el seguimiento y la detención policial, así como dispositivos técnicos de acceso cifrado a WiFi para hacer anónima su navegación en Internet, ocultos en bolsas de aseo.

Los Grupos Anarquistas Coordinados son también los mismos que en su día reivindicaron el envío de enviaron consoladores explosivos al arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez González, y al director del Colegio de los Legionarios de Cristo, una escuela privada de Madrid. En este último caso el artefacto detonó en una oficina de correos.

Desde uno de los centros ocupados, La Quimera, en el barrio de Lavapiés (Madrid) se publicó un comunicado el día de las detenciones en el que sus usuarios manifestaban: "Esto no es más que otro ataque al movimiento anarquista con la intención de criminalizar y represaliar nuestra lucha", publicaban en su web para condenar la actuación policial. Desde el centro social vallecano La 13-14 Ocupada se denunciaba así mismo la fuerza empleada por los agentes: "Han optado por usar la fuerza bruta, derribando completamente la puerta de acceso al centro social con un ariete, arrancando los propios marcos de las puertas y no han tratado de justificar con ninguna orden ni ningún tipo de documentación oficial el registro”.

Las actividades “anarco-insurreccionales” que se les imputan a los encarcelados incluyen “captación de militantes mediante adoctrinamiento y proposición para cometer actos violentos, así como la financiación de los grupos”. En los registros se han incautado importantes cantidades de documentación: "Han registrado la biblioteca y los archivos, apropiándose de todo el material que les ha venido en gana. Los equipos informáticos que había en el centro social han sido incautados, así como el libro de actas y el archivo", comunicaban los ocupas de La 13-14.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, explicó en su momento que la operación contra GAC continúa abierta para evitar que el "terrorismo anarco" se expanda. y, a preguntas de los periodistas, precisó: "La Policía Nacional no ha cesado en sus investigaciones, en una labor preventiva para evitar que este tipo de grupos tengan un crecimiento o expansión con operaciones como ésta”.