Una mancha en el blanco uniforme de la Armada

Cuando en 2011 llegó la primera denuncia, el entonces jefe de la Asesoría Jurídica de la Armada consideró que se trataba de una “cuestión particular”, que podía “resolverse internamente”. Durante una semana, el general auditor se reunió casi diariamente con el denunciado, a quien invitó a buscar otro destino a cambio de enterrar el caso, según declararía el teniente. Se quería evitar a toda costa que estallara un escándalo que acabaría inevitablemente por salpicar la imagen de la Marina.

Pero intentar taparlo fue peor y el teniente de Intendencia I. E. M. tendrá que sentarse en los próximos días en el banquillo para enfrentarse a una petición fiscal de seis años y nueve meses de prisión, así como 21.000 euros de indemnización para sus presuntas víctimas. La acusación particular eleva la pena a siete años y seis meses y 26.000 euros. Ambos le imputan dos delitos de abuso de autoridad, en su modalidad de trato degradante e inhumano, y otro de extralimitación en el ejercicio del mando. El defensor pide la absolución de su cliente, por considerar que los “escarceos” con el infante de Marina F. D. B. fueron “libres, tolerados y consentidos”, mientras que con E. P. sólo existió una “íntima amistad”, hasta el punto de que, según algunos de sus compañeros, se comportaba como el “novio” del superior.

I. E. M. no era un teniente cualquiera. Ocupaba un puesto de confianza en el Cuartel General de la Armada: era el jefe de la Secretaría del director de Asuntos Económicos. Disponía de coche oficial (“para sorpresa de oficiales de mayor rango”, según el fiscal), proponía el nombramiento y cese de los conductores y pagaba dietas en metálico. Estas prerrogativas, alega su abogado, también las tenía su antecesor en el puesto. Pero I. E. M. sumaba a ello sus “excelentes relaciones con otras autoridades de la Armada e incluso con la Casa Real”, en palabras del fiscal.

La defensa del mando alega que todo es falso y fruto de una venganza

Según el escrito de acusación, el teniente se valió de su posición de poder para “solicitar al soldado F. D. B. prestaciones de claro contenido sexual [...] amenazándole, si no accedía, con enviarle de vuelta a la AGRUMAD [Agrupación de Infantería de Marina de Madrid]. De esta manera consiguió que el soldado le enviase una foto de su pene [...]”. Posteriormente, le habría obligado a “que se masturbase con él en la habitación del hotel [...] Una vez lo hubo hecho, regresó a su habitación llorando y se abrazó al soldado P., diciéndole que había perdido la dignidad”.

Al también infante E. P., añade, le habría propuesto, “como prueba de confianza”, que subiese desnudo a su dormitorio y, “como este se negase, le amenazó con cesarle”, mientras que al soldado J. P. le citó a las 12 de la noche en su despacho oficial, donde le mantuvo retenido durante cuatro horas, diciéndole que “la Policía Militar se le iba a llevar a la Prisión Militar, que debía dejar a su novia y que él se iba a encargar personalmente de que le echaran de la Armada y despidieran” a ella del supermercado donde trabajaba.

La defensa asegura que muchos SMS aportados al sumario están manipulados y alega que los soldados, lejos de estar “amedrentados”, mostraban “cariño, amistad y afecto” hacia el teniente. Le denunciaron, concluye, en venganza por el cese de uno de ellos.