Suspendido un funcionario de la cárcel de Ávila por supuestos abusos sexuales

El instructor imputa a otros tres empleados del penal, que prestarán declaración el viernes

La denuncia de un grupo de internas de la cárcel de Brieva (Ávila) por supuestos abusos sexuales contra cuatro funcionarios de prisiones se encuentra en manos de la Justicia, según han explicado fuentes penitenciarias. El titular de Instrucción número 1 de Ávila ha abierto diligencias previas y ha imputado a los cuatro empleados del penal, que acudirán a declarar el viernes ante el magistrado. Uno de ellos, según han añadido esas mismas fuentes, se encuentra suspendido de empleo a raíz de la investigación abierta por las acusaciones de las reclusas. Siete presas, según ha adelantado este martes El Mundo, han asegurado, por un lado, que los trabajadores las "forzaron", y también que aceptaron sexo a cambio de comida, alcohol y drogas.

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Las pesquisas definitivas, que se encuentran actualmente bajo secreto de sumario, arrancaron en la primavera de 2014, cuando se desplazó hasta Brieva un equipo de Madrid perteneciente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias —organismo que depende del Ministerio del Interior—. Los inspectores decidieron desplazarse desde la capital después de que, a finales de 2013, una chica presentara una denuncia contra un funcionario, que finalmente se retiró. Según fuentes de la prisión abulense, estos se entrevistaron con las reclusas sin la presencia de la dirección del centro y elaboraron un informe que se elevó a sus superiores.

"Hace algo más de un año iniciamos la investigación, que decidimos trasladar posteriormente a la Fiscalía", subraya Instituciones Penitenciarias. El portavoz del sindicato Acaip, Ignacio Gutiérrez, ha pedido "prudencia" y ha indicado que debe "partirse de la presunción de inocencia". "Pero si hay una condena, aplíquese la ley", ha remachado el representante del colectivo. En esa misma línea se ha manifestado Adolfo Fernández, presidente del área de prisiones de CSI-F: "Es un suceso muy grave y el sindicato es el primer interesado en que se resuelva". "Es un caso que nos afecta a todo el colectivo. Confiamos en la presunción de inocencia, pero, si no es así, que caiga todo el peso de la ley", ha concluido.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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