El Gobierno y PSOE negocian las leyes contra el terrorismo

El Gobierno negociará en los próximos días con el PSOE las medidas contra el terrorismo, especialmente las que tienen que ver con el nuevo Código Penal que se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados.

Para eso, los ministros de Interior y de Justicia, Jorge Fernández y Rafael Catalá, respectivamente, han convocado para la próxima semana al portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.

Inicialmente, esa nueva regulación iba a ser tramitada como el resto del Código Penal, con las 90 enmiendas del PP que incluyen un tratamiento radicalmente distinto del terrorismo, especialmente el yihadista. Sin embargo, los socialistas protestaron por entender que nunca antes uno de los dos grandes partidos había abordado una reforma sobre terrorismo de manera unilateral y sin negociación previa entre PP y PSOE. Aseguraban los socialistas que de esa forma se rompía el consenso mantenido durante 30 años en la lucha contra el terrorismo.

El Gobierno ha rectificado y ha sacado esa negociación de la del resto del Código Penal, cuya ponencia se ha reunido este jueves con presencia de todos los grupos. El capítulo será negociado con el PSOE.

El nuevo tratamiento que pretende el Gobierno del terrorismo incluye propuestas innovadoras como penalizar la actividad, independientemente de la pertenencia a grupos organizados concretos como ocurre ahora. También se tipifica por primera vez la voluntad de incorporarse a esa actividad, más que la comisión concreta de actos. Por ejemplo, se castiga la simple consulta de webs de captación de yihadistas. El PSOE rechaza esta medida por entender que deja un margen notable de arbitrariedad.

Los socialistas también rechazan el registro de viajeros en líneas comerciales que pretende poner en marcha el Gobierno al margen de recomendaciones como la del Parlamento Europeo.

El principal partido de la oposición teme que el Gobierno pueda utilizar sucesos como el atentado de París para endurecer estas medidas.

El resto del Código Penal siguió ayer en el Congreso con la tramitación exprés que rechazan todos los grupos salvo el PP. La ponencia se reunió por la tarde y seguirá este viernes, para que se apruebe en comisión el día 16 y en pleno el 20 de enero.

El PP mantiene en contra de todos la prisión permanente revisable

El PP negocia con los grupos y ha aceptado algunas enmiendas, pero con algunos puntos innegociables, incluido ese calendario de tramitación rápida, después de haber mantenido congelado el Código durante más de un año en el Congreso.

Por eso el PP rechazó este jueves en la Mesa del Congreso que se frene la tramitación para pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial, después de que el proyecto haya quedado alejado del texto inicial del Gobierno.

Para el Ejecutivo es innegociable la prisión permanente revisable que apoya el PP en solitario. Este jueves la nueva fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dicho en el Congreso no ser “muy partidaria” de esta propuesta.

En la reunión de la ponencia de este jueves el PP sí acepta revisar las medidas de seguridad posteriores a la condena para delitos muy graves que, inicialmente, tenían carácter indefinido. Tiene dudas sobre el cambio en la edad de relaciones sexuales consentidas que ahora es de 13 años y el Gobierno quería elevar a 16.

El proyecto mantiene la eliminación de las faltas para convertirlas en delitos menos graves o en sanciones administrativas en la ley de seguridad ciudadana. En sus enmiendas, el PP propone un sistema de solución amistosa para los casos de tráfico, evitando la judicialización de esos asuntos.

Las enmiendas del PP también elevan las penas para los delitos de corrupción, aumentando los tiempos de prescripción. En principio, todos los grupos apoyan esta parte, aunque en la reunión de este jueves de la ponencia no se avanzó. El mismo ritmo rápido quiere aplicar el PP a las leyes contra la corrupción, sin aceptar en este caso las propuestas de la oposición. Este jueves se reunió la ponencia del estatuto de los altos cargos y el PP quiere aprobarlo el próximo miércoles para remitirlo al Senado y solo ha logrado un acuerdo con CiU para condicionar su aplicación a las normas catalanas.

El socialista Antonio Pradas ha lamentado que no se acepte su pretensión de añadir en las leyes anticorrupción compromisos para reducir los aforamientos, limitar los indultos o suspender a los cargos públicos, diputados, senadores y alcaldes que se vean incursos como imputados en un juicio oral por delitos de corrupción.