El juez Castro resolverá a final de semana el recurso de la infanta

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, prevé decidir al término de esta semana sobre el recurso interpuesto por la Infanta Cristina contra el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, con el que el juez acordó el pasado mes enviarla al banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

El magistrado deberá resolver así si admite la apelación para elevarla, de cara a su estudio y resolución, a la Audiencia Provincial de Baleares, órgano ante el cual la defensa de la Duquesa de Palma impugnó el auto de Castro. En éste, el juez ya dejó constancia de que contra la resolución no cabía recurso alguno.

Para justificar la apertura de juicio contra la Duquesa de Palma, Castro considera que su papel fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda a través de Aizoon, empresa presuntamente pantalla de la que ambos son propietarios.

En su auto, el magistrado resolvió finalmente no aplicar sobre la Infanta la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para Doña Cristina. Por su parte, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el perjudicado por los delitos presuntamente cometidos, la Agencia Tributaria, apuntan a la existencia de indicios criminales sobre Cristina de Borbón.

Con su resolución, Castro culminó más de tres años de investigaciones en torno a la Infanta, cuyo nombre apareció en el foco de las investigaciones del caso Nóos a finales de 2011, prácticamente desde el momento en que la Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon como una de las empresas tapadera que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

El juez fue tajante al desplegar las conductas supuestamente ilícitas desplegadas por doña Cristina, proclamando en su auto distintos "eslóganes y campañas" impulsados por la Agencia Tributaria en los últimos años como "lo que tú defraudas, lo pagamos todos" y "Hacienda somos todos".

En la providencia dictada este lunes, el magistrado también ofrece a la infanta y al resto de acusados la posibilidad, "que no obligación", de que soliciten que les sea comunicada en persona la apertura de juicio oral contra ellos. No obstante, advierte de que el trámite es absolutamente innecesario" y de que generaría además "cuantiosos gastos en el despliegue de medidas de seguridad" y un efecto "dilatorio" de la causa.

El juez Castro ha respondido así al exsecretario de Turismo de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, uno de los acusados, y que había solicitado ser informado personalmente de las peticiones de pena formuladas por las distintas acusaciones, del auto de apertura de juicio oral y de los requerimientos de fianza a los que los inculpados deben hacer frente.