El juez Bermúdez encarcela a siete de los once anarquistas detenidos

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha enviado a prisión a siete de las 11 personas detenidas el pasado martes por su vinculación a un grupo de carácter anarquista al que se atribuye la colocación de varios atentados con artefactos explosivos. Para los otros cuatro arrestados en la operación policial desarrollada por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, el magistrado ha decretado medidas cautelares consistentes en presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio. A los imputados se les acusa de constituir, promover, dirigir y pertenecer a una organización terrorista” en relación con tenencia y depósito de sustancias u aparatos explosivos y delitos de daños y estragos con finalidad terrorista.

El magistrado afirma que “de la investigación de los grupos anarquistas coordinados se extrae que sus miembros pudieran ser presuntos autores de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación artesanal en todo el territorio nacional”.

El magistrado afirma que la operación contra los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC) se ha intervenido documentación como boletines internos de la organización con actas de reuniones y material táctico. Los miembros del GAC, según Bermúdez, se comunicacan y coordinan de manera reservada a través de servidores informáticos seguros y también mediante la práctica de no enviar correos electrónicos sino dejarlos como borradores y compartir las claves de acceso a las cuentas.

Bermúdez cita un informe policial en el que se detallan "decenas de indicios tanto de la unidad ideológica como de la estrategia para desestabilizar al Estado y alterar gravemente la paz pública". Estos indicios avalan, según el magistrado, la hipótesis de que el GAC "es un punto de encuentro de grupos violentos con fines terroristas que individualmente considerados y sin la debida coordinación no podría lograr el objetivo final" de la lucha revolucionaria contra el Estado.

"Estos grupos actúan siempre de forma violenta, lanzando bengalas y petardos, incendiando contenedores, dañando el mobiliario urbano y la propiedad particular, provocando graves enfrentamientos con la policía y agrediendo a todo aquel que les haga frente", afirma Bermúdez. Estas actuaciones, sostiene el magistrado, "imposibilitan la convivencia normal de los ciudadanos, a los que atemorizan alterando gravemente la paz pública, lo que define sus acciones como de finalidad terrorista", según el Código Penal.

El juez Bermúdez sostiene que en el caso concreto de uno de los arrestados, cuyo nombre no facilita, se han hallado "tres propuestas sobre el derramamiento de sangre, el empleo de la fuerza y la expansión de la subversión y la revuelta", y en su domicilio en Madrid se ha hallado un archivo "con un esquema de cómo funciona un paquete bomba", así como machetes, puños americanos, navajas de doble filo, bolas de golf y bengalas de barco.

En la Operación Pandora fueron detenidas siete mujeres y cuatro hombres de entre 31 y 36 años y de nacionalidades española, uruguaya, italiana y austriaca. El dispositivo policial, centrado en el centro okupa Kasa de la Muntanya, en el barrio barcelonés de Gràcia, contó con más de 450 agentes antidisturbios, que realizaron hasta 13 registros domiciliarios, 11 de ellos en Barcelona, uno en Sabadell y otro en Manresa. También registraron varios ateneos libertarios de la capital catalana, concretamente los del barrio de Sant Andreu y el del Poble Sec. La Guardia Civil realizó también otro registro con un detenido en Madrid. Entre los arrestados hay un bombero del Ayuntamiento de Barcelona.

Las declaraciones de los detenidos comenzaron en torno a las 17 horas y se desarrollaron con rapidez ya que la inmensa mayoría se negó a contestar a las preguntas de las partes. Solo alguno aceptó contestar a las preguntas de su propio abogado.

Los investigadores relacionan a los detenidos con diversos atentados perpetrados en los años 2012 y 2013, en especial con la colocación de explosivos en cajeros automáticos de sucursales de bancos italianos. También se atribuye a la misma organización, bajo el nombre Comando Insurreccional Mateo Morral, la colocación de un explosivo en la catedral madrileña de La Almudena, el 7 de febrero de 2013. A este grupo se le vincula también con la bomba que explotó en la basílica de El Pilar en Zaragoza. Las dos bombas eran de fabricación casera y en ninguno de los dos casos se registraron heridos. Fuentes cercanas al caso apuntan que el grupo pretendía, además de cierta publicidad, causar el terror entre los feligreses en ambos templos.

La policía detuvo en Barcelona a mediados de noviembre de 2013 a dos ciudadanos chilenos acusados de ser los autores materiales de la colocación de la bomba en El Pilar y a una colaboradora italiana. Los dos arrestados eran Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, Moniquita y Francisco Javier Solar Domínguez, Cariñoso ambos naturales de Santiago de Chile. La supuesta colaboradora es Valeria Giacomoni, de Trento. Las informaciones obtenidas tras aquellas detenciones fueron la semilla que desembocó en la operación dirigida el martes en Barcelona por el juez Gómez Bermúdez. Sin embargo el poceso judicial ha apartado a Giacomoni de los hechos descartando su imputación por colaboración ya incluso antes de celebrar el juicio a la vista de la falta evidente de la relación con los hechos.

Los Mossos d’Esquadra registraron durante más de 13 horas el histórico edificio del movimiento okupa Kasa de la Muntanya. No se efectuó ninguna detención en su interior, pero los mossos evitaron que los residentes en el inmueble okupado realizaran cualquier llamada mientras registraban los tres pisos del edificio. En el interior dormía una veintena de personas, entre ellas tres niñas de 5 y 6 años. Durante la operación se requisaron varios teléfonos móviles, ordenadores y material informático.