El Poder Judicial pide respeto para los jueces criticados por excarcelar etarras

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptó ayer, por unanimidad, un acuerdo en el que pide respeto para los jueces, entre los que se incluyen los magistrados de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia que decidieron excarcelar a presos de ETA al computarles las penas cumplidas en Francia.

En cualquier caso, el órgano de gobierno de los jueces ha utilizado un acuerdo tipo, el mismo que usó para la defensa tímida del instructor del caso Nóos, José Castro, ante los ataques del fiscal Pedro Horrach.

La resolución judicial sobre las excarcelaciones provocó la crítica explícita de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por lo que seis vocales progresistas del Consejo solicitaron que se apoyara públicamente a los magistrados, al considerar que las declaraciones e injerencias políticas podían “perturbar sus deliberaciones”. Sin embargo, la permanente del Consejo decidió ayer no pronunciarse sobre esas posibles perturbaciones porque el conflicto jurídico sobre la acumulación de penas no está todavía resuelto. De hecho, la doctrina sobre la posibilidad de cumplir las condenas en otros países de Europa no se definirá hasta enero, ya que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió este martes aplazar su resolución después de seis horas de debate y ante un pleno dividido.

En la decisión adoptada ayer, la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces recuerda que en un Estado democrático los jueces y magistrados “asumen la decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades en condiciones de independencia, imparcialidad y responsabilidad, constituyendo precisamente el ejercicio independiente, imparcial y responsable de la jurisdicción su fuente de legitimidad democrática”.

“Sin perjuicio de que toda decisión judicial está sometida a la crítica pública, todos han de asumir un especial deber de favorecer dicha confianza, respetando la labor jurisdiccional”, señala el acuerdo, que añade que “el traspasar los límites que comporta el ejercicio de tal deber entraña transmitir a la ciudadanía una imagen distorsionada de lo que supone el principio democrático de separación de poderes”.