Catalá quiere aprobar las reformas de Justicia “a toda máquina”

El ministro comunica a los grupos que no renunciará a la prisión permanente revisable

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una sesión del Senado.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una sesión del Senado. ULY MARTÍN

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido recientemente con algunos portavoces de los grupos parlamentarios para comunicarles su intención de aprobar "a toda máquina" las reformas pendientes en su departamento con el fin de sacarlas adelante durante los primeros meses de 2015, según informaron fuentes conocedoras de estos contactos.

Catalá es consciente de que el calendario parlamentario apremia y es necesario dar un empujón al gran volumen de normas pendientes si quiere aprobarlas en el "sprint final" de la legislatura, habida cuenta de que solo queda un periodo de sesiones completo (de febrero a junio) antes de las elecciones generales de 2015.

Las reformas del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Jurisdicción Voluntaria, la Ley Hipotecaria y el Catastro Inmobiliario, del Registro Civil, del Estatuto de la Víctima, la transposición de varias directivas europeas o el "ajuste" de las polémicas tasas judiciales son las medidas que ocuparán la apretada agenda de los diputados.

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De hecho, las prisas alcanzan a la tramitación del Código Penal, paralizado durante un año en el Congreso, y reactivado tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre medidas contra la corrupción.

Tras este tiempo, el Congreso arrancará la próxima semana el debate y análisis de las casi 900 enmiendas con el objetivo de aprobar en enero la reforma en un pleno extraordinario, para su remisión al Senado. La celeridad ha irritado a varios grupos de la oposición, que se quejan de esta vía exprés para discutir un texto de tal relevancia y complejidad.

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Sobre el fondo del asunto, Catalá ya ha manifestado a los grupos que no renunciará a la prisión permanente revisable, cuya legalidad defiende y que es una medida prevista en el Código Penal de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y en el programa electoral del PP. Los grupos también discrepan sobre la supresión del libro de las faltas, las medidas de seguridad o la regulación del delito de financiación ilegal.

El Gobierno ha elegido la vía de enmiendas para modificar las tasas judiciales en el proyecto de asistencia jurídica gratuita y también para encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores, a través de una reforma que obliga a los centros sanitarios a comunicar electrónicamente los nacimientos y defunciones. Con este trámite se ahorra los informes de los órganos consultivos.

Finalmente, Catalá espera recibir a lo largo de enero los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

En breve, previsiblemente el próximo viernes, llevará al Consejo de Ministros la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que redistribuirá la carga de trabajo entre juzgados. Además, la nueva Ley de Servicios Profesionales -que afecta a abogados y procuradores- sigue en el aire, pese a que Bruselas y el Banco Central Europeo han criticado el retraso de España a aprobar esta norma.

Catalá ha retomado el diálogo con todos los colectivos aunque ha manifestado que la "ambición" de las reformas continúa. Su antecesor en el cargo prometió una revolución en la Justicia, aunque prácticamente solo logró sacar adelante el nuevo modelo de CGPJ, las tasas y la ley que suprime el número de jueces sustitutos.

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