Catalá confía en que el Supremo vete el descuento de penas a etarras

El Gobierno mantiene su presión para evitar que los etarras que cumplen condena en España puedan descontarse el tiempo de prisión abonado en cárceles francesas, como ha sucedido, entre otros, con el histórico dirigente de la banda Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, liberado el pasado 4 de diciembre, tras 27 años entre rejas, por orden de la Sección Primera de la Audiencia Nacional en aplicación de una normativa europea. Después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría criticara esta resolución judicial y apoyara la decisión de la Fiscalía de recurrir la excarcelación, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que confía en que el Tribunal Supremo “valide” la legislación española que “garantiza que no se lleven a cabo descuentos de cumplimiento de condenas” por sentencias impuestas en otros Estados de la UE, y que entró en vigor al día siguiente de que a Santi Potros le fuera aplicado el beneficio penitenciario.

El próximo martes, el Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo analizará un recurso del etarra Kepa Pikabea contra la decisión de otra Sección de la Audiencia Nacional, la Tercera, de no acumular sus condenas en Francia. Los magistrados del alto tribunal sentarán doctrina sobre esta cuestión y su decisión se extenderá al resto de casos, lo que puede suponer que todos los condenados puedan acogerse al beneficio si cumplen los requisitos; o, como desean el Gobierno y la Fiscalía, la acumulación no sea posible y los ya beneficiados, entre ellos Santi Potros, regresen a prisión.

La causa ha llegado al Supremo después de que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se dividiera por nueve votos contra nueve sobre la aplicación de la “decisión marco” de la UE de 2008 sobre el reconocimiento de las condenas penales dictadas por tribunales de otros países. La decisión se derivó entonces a cada una de las secciones de la Audiencia. El pasado 2 de diciembre, la Sección Primera interpretó la normativa comunitaria en beneficio de los etarras y ordenó un nuevo cómputo del tiempo de cumplimiento de condena descontando el tiempo purgado en Francia. La medida supuso la salida de prisión, dos días más tarde, de Santi Potros y del también etarra Alberto Plazaola y una reducción sensible del tiempo de estancia en prisión para los terroristas Francisco Mujika Garmendia Pakito y Rafael Caride Simón.

Sin embargo el mismo 2 de diciembre, la Sección Segunda negó la acumulación de penas a otro miembro de la banda, Iñaki Bilbao Beaskoetxea. Este tribunal optó por interpretar la decisión marco europea a la luz de la Ley Orgánica 7/2014, publicada en el BOE el 13 de noviembre pasado y que todavía no había entrado en vigor cuando fue utilizada. La norma española, por la que traspone al derecho español la decisión marco de la UE, impide la acumulación de condenas cumplidas en el extranjero anteriores al 15 de agosto de 2010.

En un acto organizado por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) en San Sebastián, Catalá, tras subrayar que el Supremo resolverá “desde su independencia y cualificación”, manifestó que espera que la doctrina del alto tribunal “se acerque más a la interpretación que ha hecho la Sección Segunda”. “Creo firmemente que esa es la interpretación correcta, razonable y la que ha querido llevar a cabo el legislador en la trasposición en la ley”.

Las palabras del ministro de Justicia se suman a las pronunciadas tras la salida de prisión de Santi Potros por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y que han sido consideradas como un ataque a la independencia de los jueces por el sector progresista del Consejo General del Poder Judicial. La número dos del Ejecutivo criticó abiertamente la decisión de la Sección Primera: “Los ciudadanos no lo entienden y nosotros [el Gobierno] tampoco lo entendemos” clamó la vicepresidenta. Sáenz de Santamaría criticó que la decisión puede variar en función de la sala que la adopte, y apoyó la decisión de la fiscalía de recurrir esta puesta en libertad ante el Tribunal Supremo. “Nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero en este caso es más difícil porque, depende de la sección, se toma una decisión u otra. La ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera no cabe en esta ley. El Gobierno tiene su criterio: estamos de acuerdo con el recurso de la fiscalía”, aseguró.