El PP rechaza tomar la iniciativa para reformar la Constitución

Las posibilidades de entablar un diálogo sobre la reforma constitucional presentan gran dificultad ante la reacción del partido que tiene la llave por su mayoría parlamentaria y por estar al frente del Gobierno. El Grupo Popular, que dirige el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, ha querido saltar a la palestra, en fuentes oficiales, para descalificar la llamada Declaración de Zaragoza del PSOE, en la que propugna una revisión de la Constitución pero con respeto y sobre las bases del pacto constitucional de 1978. De nuevo, el PP inquiere al PSOE para que “ante los muchos anuncios y ninguna concreción de su reforma constitucional, presente en las Cortes una propuesta concreta”.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha insistido en esta idea esta mañana en su comparecencia tras la reunión de la directiva del partido. "El PSOE tiene un problema que se llama Partido Socialista de Cataluña, por el que es incapaz de articular un modelo de estructura territorial del país. Esa indefinición que le genera el PSC pretende que la arreglen todos los españoles con una reforma constitucional", ha dicho. "Pero la reforma no es un fin en sí misma, tiene que tener unos objetivos y lograr el mayor consenso posible, el mismo que alcanzó la Constitución del 78. No nos negamos a hablar de reforma, pero antes el PSOE tiene que concretar qué objetivos persigue y qué puntos concretos quiere cambiar", ha añadido.

La dirección parlamentaria del PP formula en la distancia preguntas al PSOE sobre sus pretensiones. “Convendría saber si esta reforma está hecha para contentar a los que votan la independencia de España”. A esta pregunta, el PSOE responde, según el texto de la Declaración de Zaragoza, que “el presidente de la Generalitat ha burlado su condición de representante de todos los catalanes y ha preferido una actuación personal y partidaria, que ha provocado una grave fractura en una sociedad plural como es la catalana”, Y, a continuación, vienen los reproches al Gobierno de España por “no haber comprendido la dimensión del reto ni haber querido plantear alternativas para, sin lesión de la igualdad de trato de todos los españoles, atender los problemas que el Estado autonómico muestra hoy en Cataluña y en el conjunto de las comunidades autónomas”.

Todo esto supone “indefinición y vaguedad”, según los interlocutores oficiales del Grupo Popular. “¿Qué entienden los socialistas por Estado Federal y en qué se diferencia del modelo actual?”, es una de las preguntas del cuestionario que les plantean. “¿En qué consiste la delimitación de competencias del Estado y de las CC AA? ¿Más o menos competencias autonómicas o estatales?" Y siguen las preguntas de calado: “¿Qué va a implicar ese nuevo reconocimiento de los hechos diferenciales: distintas competencias o diferente financiación?”.

De la anterior deriva el contenido de la siguiente: "¿El modelo va a resultar simétrico o asimétrico?". Las preguntas terminan con un juicio de valor: “Si el PSOE no es capaz de suscitar un acuerdo en su partido para ir más allá de las generalidades habituales, ¿cómo piensa encontrar un consenso en el Parlamento?”.

Sí hubo consenso en Zaragoza entre los dirigentes del PSOE y hubo unanimidad en no presentar un texto articulado, sino que en el seno de la Comisión Constitucional se convoque una subcomisión para que expertos constitucionalistas, representantes de órganos del Estado y de las comunidades autónomas debatan los límites de la reforma.

Antes, o simultáneamente, el PSOE propone al presidente del Gobierno que convoque “de manera urgente” la Conferencia de Presidentes para “renovar el sistema de financiación autonómica, para con ello posibilitar la financiación suficiente para el mantenimiento y la recuperación de los servicios derivados del Estado de Bienestar”. En esa Conferencia habría también que “impulsar medidas de regeneración democrática en todas y cada una de las instituciones del Estado”. Esta convocatoria está en manos del presidente del Gobierno.