Alaya envía a prisión a dos imputados de la Operación Enredadera
La juez acusa al gerente de Adif de Sevilla y a un exdirector provincial de cobrar comisiones
La juez Mercedes Alaya ha enviado a prisión al gerente de Adif de Sevilla, Antonio Rodríguez Jurado, y al exdirector de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio, a los que acusa de cobrar entre ambos más de 500.000 euros en comisiones para beneficiar a la empresa Fitonovo.
Los dos comparecieron anoche ante la juez, que pidió una fianza de 90.000 euros para el directivo de Adif y de 100.000 para el funcionario de Diputación, mientras que dejó en libertad a dos trabajadores de Fitonovo de Sevilla y de Granada, han informado fuentes judiciales.
El directivo de Adif, que necesita muletas para caminar, habría recibido supuestamente más de 400.000 euros en "mordidas" entre 2002 y 2011 y está acusado de prevaricación, cohecho y asociación ilícita, mientras que Podio está imputado como presunto perceptor de 111.000 euros entre 2001 y 2013.
Las cuatro personas que comparecieron anoche fueron detenidas dentro de la Operación Enredadera, la tercera parte de la Operación Madeja contra el pago de sobornos para lograr contratos públicos.
Hoy está previsto que comparezcan ante la juez los otros seis detenidos que quedan de los32 que fueron arrestados inicialmente en 12 provincias españolas.
La noche anterior, la juez envió a prisión a un comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, para el que pidió una fianza de 180.000 euros.
Entre los detenidos pendientes de declarar están el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP), y el anterior representante de Izquierda Unida en la comisión de mercados ambulantes del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona, que fue asesor del primer teniente de alcalde de Antonio Rodrigo Torrijos en el anterior mandato.
La investigación ha puesto de manifiesto que Fitonovo habría creado "una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos", según informó la Guardia Civil.
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