Precios “desorbitados” por Goyas pagados con dinero público

“O eran muy muy malos negociantes o tienen mucho que aclarar. Pero los datos son incontestables: esos cuadros no valían la cantidad desorbitada que el Gobierno de Aragón pagó por ellos”. Lo dice Arturo Ansón, catedrático del Instituto Goya de Zaragoza y autor del informe aportado a la denuncia que la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción por el sobrecoste de dos pinturas de Goya adquiridas en 2006 y 2007 por el Ejecutivo aragonés. La unidad de blanqueo de capitales de la policía y el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza investigan ahora esa operación. Las pesquisas se han ampliado a tres cuadros más. En total, el Gobierno aragonés pagó por los lienzos 14,7 millones. En algún caso, más del doble del precio estimado por los especialistas.

El grupo de blanqueo de capitales ha descubierto que el dinero de la compra de uno de los Goya, La letra con sangre entra, terminó en una cuenta de Londres. El juez que lleva el caso ha pedido ayuda a las autoridades británicas para saber quién estaba detrás. “Hay que averiguar cuánto recibieron los propietarios, cuánto la galería Caylus [intermediaria en la venta] y cuánto se pagó a Hacienda para ver si parte del dinero fue a parar a otras manos”, explica Pilar Villellas, abogada de Apudepa. “El problema es que puede que en Reino Unido no estén obligados a guardar los datos bancarios más de cinco años”, añade.

La Fiscalía Anticorrupción vio consistente la denuncia de Apudepa y la remitió a la fiscalía de Zaragoza. El instructor, José Ignacio Martínez, es el mismo que investiga el caso Plaza, un fraude en las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), propiedad del Gobierno regional y del Ayuntamiento de esa capital, que podría alcanzar los 200 millones. El actual Ejecutivo autónomo, del PP, que se ha personado como perjudicado en la causa, se limita a afirmar que colaborará con la justicia, sin ofrecer más precisiones. Los hechos se produjeron bajo la presidencia de Marcelino Iglesias, del PSOE, quien acaba de dejar la portavocía de su partido en el Senado.

El caso cuadros y el caso Plaza están relacionados ya que uno de los lienzos, Don Luis María de Borbón y Vallabriga, se compró a través de la Fundación Plaza, constituida en octubre de 2006 por la plataforma logística y participada mayoritariamente por la Administración regional. El fin de la fundación era “materializar los programas de responsabilidad social corporativa de la sociedad mercantil Plataforma Logística de Zaragoza”. “¿Qué tienen que ver unos cuadros con las obras de una plataforma logística?”, se pregunta Carlos Bitrián, de Apudepa.

En el patronato de la fundación figuraba Carlos Escó, exviceconsejero de Obras Públicas,exconsejero delegado de la Plataforma Losgística de Zaragoza y marido de la entonces titular de Cultura —posterior candidata a la presidencia aragonesa— Eva Almunia. Escó está imputado en el caso Pagarés, que investiga una posible malversación de fondos públicos por los sobrecostes en la construcción de naves en la misma plataforma logística. El juez le impuso, junto a otros dos imputados, una fianza de 18,5 millones.

El 9 de noviembre de 2006, el Gobierno regional anunció la adquisición de Don Luis María de Borbón y Ballabriga por la Fundación Plaza, creada solo 17 días antes. El retrato, propiedad de los duques de Sueca, fue adquirido por 10 millones y presentado al público el 18 de diciembre por Iglesias y la consejera Almunia. “Antes de empezar las negociaciones con el Gobierno de Aragón el cuadro se ofrecía a un comprador en Madrid por una cifra en torno a los 4 o 4,5 millones de euros”, recuerda Ansón. “Pagar 10 era una barbaridad”, considera.

En abril de 2007, el Gobierno aragonés anunció la compra por 2,5 millones de La letra con sangre entra, perteneciente a la Colección Rosillo de Madrid. El viceconsejero de Cultura, Juan José Vázquez, aseguró que habían adelantado la adquisición porque los propietarios tenían “más ofertas” y alguna llegaba a los tres millones. “El precio de este tipo de cuadros no se rige por su tamaño”, añadió, refiriéndose a los 19,7 por 38,7 centímetros de la pintura.

“No sé de dónde se sacó que tenían más ofertas, pero en diciembre de 2004 ese cuadro salió a subasta en la sala Castellana 150 de Madrid por 1,3 millones de euros, y no lo compró nadie”, apunta Ansón. “De hecho, antes de comenzar la subasta, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales [del Ministerio de Cultura] había considerado la pintura exportable. Lo lógico es que el Gobierno de Aragón le hubiera pedido al Gobierno central que ejerciera su derecho de tanteo y retracto para adquirir el cuadro, o que, tras quedar desierta la subasta, como ocurre con un piso, hubiese negociado a la baja, en lugar de pagar el doble”. añade.

Los cuadros estaban destinados al Espacio Goya, un proyecto por el que el Ejecutivo aragonés pagó 1,8 millones de euros al equipo de arquitectos y que nunca llegó a realizarse. El informe del Tribunal de Cuentas sobre Aragón de 2006 y 2007 apreció múltiples irregularidades en la adjudicación de los contratos para dicho proyecto. Chunta Aragonesista denunció que el Gobierno aragonés había invertido en él hasta 50 millones incluyendo los 24 que costó construir una nueva Escuela de Bellas Artes para ubicar en la antigua un Espacio Goya que nunca llegó a existir.