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El Gobierno dilata la aprobación de medidas contra la corrupción

Hace 20 meses que Rajoy anunció un pacto y reformas legales que ha reiterado varias veces, pero que aún no ha aprobado

Mariano Rajoy durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Mariano Rajoy durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El 20 de febrero de 2013, hace 20 meses, Mariano Rajoy, acosado por el caso Gürtel, subió a la tribuna del Congreso en su primer debate sobre el estado de la nación, ofreció un pacto sobre la corrupción y detalló una larga relación de medidas concretas.

 De ese debate salió una resolución apoyada por el PP en la que se decía que “el Congreso considera necesario un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones”. Se proponía “la elaboración de un pacto ético entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados y la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración de la democracia”.

Pero no hubo entonces ni una sola reunión del Gobierno con los grupos para ponerlas en marcha, solo una comisión interna de La Moncloa que apenas funcionó.

En agosto de 2013, tras resistise reiteradamente, el caso Bárcenas volvió a llevar a Rajoy al Congreso y volvió a anunciar las mismas medidas contra la corrupción para septiembre, tal y como hizo ayer. Pero tampoco ocurrió.

En septiembre de 2013 llegó al Congreso el Código Penal y ahora está parado en la Comisión de Justicia porque el PP ha ido ampliando los plazos de enmiendas. Y en lo que queda de legislatura ya no es posible una Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva como la que anunció entonces reiteradamente y solo será posible un parche para limitar los macroprocesos. El Gobierno envió una ley de financiación de partidos y un estatuto de altos cargos, pero también están varadas en el Congreso. En febrero de este año Rajoy volvió a anunciar en el estado de la nación esas mismas medidas; antes del verano dijo otra vez que en septiembre de este año estarían; el 31 de agosto dio un plazo de dos meses que está a punto de cumplirse y ayer volvió a anunciar lo mismo en el Senado porque aún no han salido adelante. El Gobierno tardó un mes en eliminar la justicia universal o hacer la reforma laboral, tardará lo mismo para dar cobertura a entregas en caliente en Ceuta y Melilla y le llevaron menos tiempo las leyes de abdicación del Rey y de aforamiento de la Familia Real, pero para las de corrupción ha necesitado 20 meses, de momento.

El plazo de dos meses, el último que ha dado Rajoy para aprobar esas medidas, termina en estos días sin que estén aún en marcha.

Hace dos años creó una ponencia para reformar el Reglamento del Congreso y solo se ha avanzado en una mínima parte. Hubo una reunión el lunes y la próxima se ha convocado para el 23 de noviembre, sin prisa. Los demás grupos dudan ya de la voluntad del PP se sacarlo adelante. En febrero de 2013 Rajoy incluyó en la lista de medidas el registro de lobbies y hasta el lunes, el PP no lo puso sobre la mesa de la ponencia de Reglamento y con esa falta de celeridad.

En estos 20 meses en los que Rajoy ha anunciado media docena de veces las mismas medidas hubo voces de alerta, sin que el Gobierno haya tomado decisiones para, por ejemplo, dar más medios a la Justicia contra la corrupción. El pasado mes de abril, hasta el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, alertó en el Congreso de la falta de medios materiales, legales y personales de la Justicia contra la corrupción sin que haya habido respuesta.

Sólo se aprobó a principios de legislatura una Ley de Transparencia de alcance limitado que ya está en vigor en una parte.

Ayer Rajoy volvió a pedir el comodín del pacto y de las mismas medidas contra la corrupción que anunció hace 20 meses. Y hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que esas medidas es necesario aprobarlas "cuanto antes, para ser más contundentes en la respuesta y más ágiles en los procesos judiciales".