La financiación ilegal de partidos políticos será delito

El Gobierno ya tiene una idea bastante clara de hasta dónde le puede acompañar el primer partido de la oposición, el PSOE, en sus planes de aprobar, en algo más de dos meses, un listado de leyes contra la corrupción política. Los socialistas, por su parte, ya saben la receptividad que tienen sus propuestas de regeneración democrática, sus límites y los del Gobierno. Sus conversaciones, discretas, han sido “fructíferas y clarificadoras”, señalan ambas partes. El primer gran acuerdo consiste en incorporar de forma explícita por primera vez al Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos políticos.

Es seguro que el resto de los grupos parlamentarios protestarán por la negociación bilateral entre el Gobierno y el PP con el PSOE, pero los mayoritarios han decidido arrostrar la crítica para avanzar. Y lo han conseguido, de forma que antes del 31 de diciembre el Congreso aprobará dos leyes y una proposición de ley que recogerá modificaciones y adiciones a una docena de leyes.

En estos momentos existe un listado de asuntos en los que hay acuerdo, mientras que otros se han descartado. Aunque todo es planteable cuando empiece la tramitación parlamentaria. Lo conseguido en estos pactos iniciales es irreversible, según fuentes de las dos delegaciones. En el acuerdo entra el refuerzo del marco penal aplicable a los delitos asociados a la corrupción, como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraudes y exacciones ilegales. Se ha zanjado el debate y los reproches entre partidos en torno a cuándo un político inmerso en un procedimiento judicial debe dejar su cargo. El momento será cuando se abra el juicio oral y no cuando se le impute.

El paso de la política a la empresa privada, o lo que se ha llamado “las puertas giratorias”, se endurece. Los negociadores han acordado ampliar de dos a cinco años la incompatibilidad de un ex alto cargo o exministro para trabajar en un sector con el que haya tenido relación por razón de su cargo. A propuesta del PSOE se establecerá la obligación a los altos cargos de presentar un certificado de Hacienda cada dos años para constatar la evolución de los ingresos, además de la presentación anual de bienes y patrimonio ante la institución a la que pertenezca.

No ha salido adelante la propuesta socialista de que haya elecciones primarias en todos los partidos para elegir a sus representantes como pretendía el PSOE. Sin que aparezca el vocablo “primarias”, el Gobierno ha aceptado que se introduzcan “mecanismos para que los militantes puedan participar en los procesos de elección de sus representantes en los órganos de dirección”, señalan los interlocutores consultados. Sí se ha aceptado, en el apartado de democracia interna de los partidos políticos, la creación del “defensor de los militantes”.

Entre las propuestas socialistas rechazadas destaca la negativa a abordar el cambio de modelo en la elección de cargos institucionales. Por ejemplo, de RTVE. Una mayoría podrá dominar la elección sin necesidad de contar con la oposición. No asume tampoco el PP que figure por escrito la limitación de ocho años para la presidencia del Gobierno y eso que lo practicó José María Aznar y es muy probable que también lo haga Mariano Rajoy. Pero no quiere hacerlo obligatorio. No ha concedido el Gobierno del PP indultos a condenados por corrupción, pero tampoco quiere dejar por escrito un listado de delitos que impedirían esta medida de gracia.

Hay acuerdos y desacuerdos, pero en ningún caso habrá foto. Los socialistas no la quieren, por lo que no se podrá hablar formalmente de un Pacto Anticorrupción. “Las conversaciones sobre regeneración democrática con el PP y el Gobierno no van a servir para que les tapemos sus vergüenzas” ha sentenciado el portavoz socialista, Antonio Hernando. El juez Pablo Ruz mantiene muy viva la investigación por la supuesta financiación ilegal del PP y la existencia de una caja B