El 'bombero' Catalá

En dos tacadas, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha situado en el puesto de mando a sus máximos colaboradores para llevar adelante lo que aquí hemos llamado la contrarreforma en referencia a la desactivación de la política de su predecesor Alberto Ruiz-Gallardón.

http://blogs.elpais.com/analitica/2014/09/la-contrareforma-català.html

Por orden de aparición, el ministro ha provocado el cese, el 3 de octubre, en su primer consejo de ministros, del subsecretario de Justicia, Juan Bravo, un hombre al que Ruiz-Gallardón se llevó inmediatamente al Ministerio de Justicia desde el Ayuntamiento de Madrid, donde era concejal de Hacienda y Administración y tercer teniente de alcalde. Le ha sustituido Áurea Roldán.

Bravo ha sido el hombre encargado de la ley de tasas judiciales vigente, una ley sobre la que Catalá anticipó cambios importantes al tomar posesión de su cargo en el Palacio de Parcent, el 29 de septiembre.

Catalá cambió, también en su estreno en el consejo de ministros, al secretario general técnico del Ministerio y al director de cooperación jurídica internacional, nombrando, respectivamente a Julio Fuentes y a Javier Herrera García- Canturri.

Una semana después, el pasado viernes 10, Catalá sustituía al número dos, el secretario de Estado de Justicia Fernando Román, por Carmen Sánchez-Cortés, hasta entonces directora de Función Pública en el Ministerio de Hacienda, y colocaba a Antonio Dorado como secretario general de la Administración de Justicia.

(En la foto que abre esta entrada Ruiz-Gallardón aparece flanqueado por Juan Bravo, izquierda, y Fernando Román; abajo Carmen Sánchez -Cortés y Antonio Dorado)

La prioridad de modificar la ley de tasas judiciales está fuera de toda duda. La semana pasada, Catalá asistía al Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (83 decanos de Colegios de Abogados y consejeros electivos) 

“No me imagino ninguna reforma con garantía de éxito sin el consenso de los profesionales” que intervienen en la Justicia. "Las cosas se cambian con el concierto y el consenso, instrumentos necesarios para abordar las modificaciones en la Administración de Justicia. Sin vosotros no funcionarán las reformas necesarias”, dijo el ministro ante Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (ver foto) y los consejeros.

Las reformas pendientes necesitan que “se revisen, ajusten e impulsen para que se aprueben con el máximo consenso posible antes de finalizar esta legislatura”

El ministro ya ha puesto en marcha la reforma de las tasas judiciales en el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, recordando que durante su etapa como secretario de Estado de Justicia con José María Michavila de ministro, se aprobaron unos gravámenes asociados al orden mercantil y para las personas jurídicas. Y anunció la convocatoria de una mesa sectorial para hablar sobre las tasas judiciales y el servicio de Justicia Gratuita. Se ha comprometido a “analizar, revisar y ajustar” la aplicación de las tasas judiciales.

A sugerencia de Carnicer, el ministro también dijo que le anima el consenso y voluntad de mejora en otros proyectos. Entre ellos, el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.

¿Qué nos dice todo esto? 

Que si bien el proyecto de reforma de ley del aborto ha podido descerrajar, por así decir, o catalizar, según se prefiera, la crisis que ha dejado fuera de combate a Ruiz-Gallardón, lo cierto es que el Gobierno asume una realidad: está en cuestión gran parte de la política judicial del ex ministro.

Catalá es... el bombero. Se advierte en todos sus intervenciones desde que ha asumido el puesto. Se trata ahora, en un año y tres meses de legislatura, de apagar los incendios alimentados durante los dos años y siete meses anteriores.

En rigor, la carga política del asunto del aborto ha soterrado, al menos inmediatamente, en el momento de la dimisión, la política judicial.

Una política judicial que ha enfrentado al Gobierno con todos los estamentos del mundo judicial y jurídico, lo que ya es decir.

Las tasas judiciales, la reforma apresurada y sin consultar a nadie de la ley de jurisdicción universal, con la liberación de decenas de narcos, una reforma que la sentencia del Tribunal Supremo ha calificado de "confusa"; la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ahora, según petición del propio presidente, Carlos Lesmes, debería ser reformada diez meses después de su entrada en vigencia. Las idas y venidas con la ley de Reforma Integral de los Registros, y los continuos remiendos de la ley Orgánica del Poder Judicial, con la propuesta sobrevenida de cambio en el sistema de aforamiento de jueces, magistrados y fiscales.

¡Qué lejana parece esta ocurrencia espectacular de la reducción de los aforamientos de más de 17.000 a 22, tanto como aquella de suprimir los partidos judiciales!

Y en los cajones, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya prioridad -la del funcionamiento de la justicia penal- ha destacado Catalá al tomar posesión de su cargo.

Por tanto, la salida de Ruiz-Gallardón ha sido propulsada por la crisis de su política judicial a lo largo de la mayor parte de la legislatura, de la cual el proyecto de reforma de la ley del aborto ha sido la guinda.

Quizá con la sustitución de Fernando Román haya quedado más patente la crisis de esa política judicial porque ha sido él en gran medida el inspirador de las iniciativas del ex ministro, quien, sobre todo, se ha identificado con el proyecto de reforma de la ley del aborto.

Como siempre, hay sobrevivientes de esa política. O de la autoría intelectual de esa política. Y el más relevante es el de una persona que estuvo dos años, entre 2002 y 2004, bajo las órdenes de Rafael Catalá en el Ministerio de Justicia. Esta persona era entonces director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

¿Su nombre?

Es el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.