Ruz y las condiciones de Andorra

La salida de Jordi Pujol Ferrusola sin medidas cautelares de su declaración ante el juez Pablo Ruz, el pasado lunes 15 de septiembre, plantea un problema para el desenlace de la comisión rogatoria que se tramita en Andorra. la juez María Ángels Moreno Aguirre ha dado un mes el pasado 1 de septiembre para sustanciar si corresponde proceder al auxilio judicial que pide el juez Ruz. Este plazo, pues, vence dentro de catorce días, el próximo 1 de octubre.

Durante este periodo, la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, representada por el ex decano del Colegio de Abogados de Andorra, Joan Miquel Rastagneres, que ha recurrido la entrega de datos, puede presentar sus alegaciones. Al final del plazo, la juez adoptará su decisión.

Pero en su resolución del pasado 1 de septiembre, la magistrada andorrana advertía que la información que pudiese entregar, proveniente de la Banca Privada de Andorra, "únicamente puede ser utilizada para la persecución del delito de blanqueo de capitales si estos provienen de conductas delicitivas de corrupción y tráfico de influencias". En su auto añadía que los datos no pueden "servir de prueba para la persecución de delitos contra la hacienda pública o del blanqueo de dinero proveniente del fraude fiscal".

El auto del juez Ruz, de 28 de julio pasado, en el que citaba a Jordi Pujol Ferrusola a declarar el lunes 15 de septiembre, decía que los "hechos investigados podían ser constitutivos, entre otros, de un delito de blanqueo de capitales de los artículos 301 y siguientes del Código Penal". En otra parte de la resolución, el juez habla de "presuntos delitos contra la Hacienda pública de los artículos 305 y siguientes del Código Penal, sin perjuicio de ulterior calificación".

Ambos delitos, pues, así planteados, no darían pie a usar la información que pudiera entregar la juez Moreno Aguirre. Habría que ver, claro cuál será la "ulterior calificación" que promete el juez Ruz.

  El juez solicitaba "toda la documentación e información que estuviera a disposición de la la Banca Privada de Andorra de cualesquiera productos bancarios y/o fondos de los que sean o hayan sido beneficiarios Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironés y las mercantiles investigadas en este procedimiento", al tiempo que requería datos sobre las empresas investigadas: Project Marketing Cat; Iniciatives, Marketing i Inversions; Inter Rosario Port Services; Active Translation, Iberoamericana de Business and Marketing e Irigem 2012".

Al recibir la comisión rogatoria, a primeros de agosto pasado, la magistrada solicitó, a mediados de dicho mes, información complementaria al juez Ruz. 

 Porque, según fuentes jurídicas, la primera petición era lo más parecido a lo que en la jerga anglosajona se llama una fishing expedition. Esto es, una expedición de pesca para reunir información a efectos de acusar a alguien. En este caso, de fundar las imutaciones.

Las aclaraciones enviadas se basan en los informes de la la Policía Judicial,la UDEF, sobre ciertas operaciones que trascienden el delito fiscal y el blanqueo de capitales. 

Así, las empresas que aparecen en el texto inicial de la comisión rogatoria se vinculan en la información complementaria con operaciones concretas cuya narración no aparece como tal en el auto del 28 de julio de 2013, aunque se mencionan al referir diligencias realizadas.

Está claro que si el material probatorio realmente existente sobre las operaciones descritas fuera sólido o contundente, la fiscal Belén Suárez hubiese solicitado el pasado lunes 15 alguna medida cautelar tras la declaración de Pujol Ferrusola. Da la impresión que la fiscal no ha considerado suficiente los informes de la UDEF para pedir al juez medidas personales contra el imputado.

Cuando en otro procedimiento por delitos de corrupción, la Fiscalía Anticorrupción solicitó esas medidas, el juez, como es habitual, las concedió. Ocurrió con el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en dos ocasiones. En febrero de 2013, la Fiscalía pidió prohibición de salida de España, la retirada de su pasaporte y su comparecencia en el juzgado cada quince días, todo ello por posible riesgo de fuga. Y el 27 de junio de 2013, la Fiscalía solicitó prisión incondicional para Bárcenas, lo que el juez dictó a continuación.

En el caso Bárcenas la comisión rogatoria procedente de Suiza ya había confirmado para esas fechas que el extesorero del PP llegó a acumular en las cuentas de varios bancos helvéticos una fortuna de hasta 48 millones de euros. 

¿Esperan la fiscal Belén Suárez y el juez Pablo Ruz que la comisión rogatoria de Andorra aporte documentos e información que arroje luz sobre las operaciones presuntamente delictivas cuya investigación se halla en una fase muy embrionaria?

Es posible. Bárcenas había declarado como senador en el Tribunal Supremo, más tarde lo hizo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego en la Audiencia Nacional, en 2012. Finalmente, en junio de 2013, Ruz, a petición de la Fiscalía, le envía a prisión. Veinte días después, el 15 de julio, ya en prisión, confiesa al prestar declaración ante Ruz, en la que asume la autoría de la contabilidad B manuscrita de su puño y letra, con los visados, hasta 2008, también de su predecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta.