Una exconsejera acusa a Matas de amaño en la mayor concesión pública de Baleares

La Fiscalía Anticorrupción ha logrado una confesión firmada de la exconsejera de Sanidad de Baleares por el PP en el último Gobierno de Jaume Matas (2003-2007), Aina Castillo, que destapa supuestas maniobras corruptas del expresidente, preso por una condena de 9 meses. La arrepentida ha desvelado una supuesta operación ilegal ordenada por Matas para favorecer a un adjudicatario con un negocio público "gigante", la obra y explotación de un hospital en Palma por 635 millones de euros.

Castillo acusa al exlíder de ordenarle manipular las valoraciones de la mesa de contratación de la adjudicación de la construcción, explotación y mantenimiento del hospital público de referencia de Baleares, Son Espases. Tras los cambios de valoraciones, con nuevos informes, ganó la UTE liderada por Florentino Pérez de Dragados (ACS) en detrimento del primer ganador, según los técnicos OHL de Juan Miguel Villar Mir. Con Pérez lograron la adjudicación como socios menores las empresas locales Melchor Mascaró y Llabrés Feliu, propietarios y gestores de ambas firmas están implicados en otros escándalos de corrupción.

Aina Castillo, que es abogado y fue una política de primera fila tras ser aupada y protegida por Matas, está imputada junto al exministro y expresidente en otro caso de supuesta financiación ilegal, el caso Over MC. En este asunto penal en instrucción también figura implicado el ex secretario general balear y ex consejero de Interior con Matas, José María Rodríguez, que sigue como presidente del PP de Palma, bajo el mandato del presidente balear y del PP, José Ramón Bauzá.

La Fiscalía Anticorrupción que encabeza en Palma, Pedro Horrach, no ha formulado todavía ante un juzgado de instrucción la querella criminal por el caso de Son Espases. Horrach defiende la primacía de la acción independiente del ministerio público en las investigaciones penales. El acusador ha elaborado un completo dossier sustentado sobre más de media docena de testimonios aparentemente incriminatorios. Este asunto se indaga desde hace años, la Fiscalía está a expensas de tomar declaración al reo Matas, a principios de septiembre. Horrach ha abordado esta cuestión con José Zaforteza uno de los letrados del ex líder del PP, Jaume Matas, preso por corrupción en Segovia por un delito de tráfico e influencias.

En el caso del hospital se abordan los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, fraude. Una de las claves por concretar está en la supuesta existencia de un soborno. La mesa de contratación otorgó la mejor puntuación a la UTE OHL, a pesar de que había presentado una oferta de 740 millones de euros, superior a la de Dragados y FCC que habían presentado una de 635 millones.

La Fiscalía se apoya en la confesión de Castillo, que afirma que el entonces líder popular le ordenó suspender la mesa de contratación para que ganara la UTE liderada por OHL, vinculada al exministro Juan Miguel Villar Mir. Sin embargo, después de la polémica suscitada, cuando se conoció públicamente que ganaría la oferta más costosa, la mesa de contratación varió sus condiciones y pidió dos informes a sendos colegios profesionales, de Economistas e Ingenieros, que decantaron la balanza por la oferta de ACS Dragados y FCC.

La exconsejera Castillo afirma que en dos encuentros que mantuvo con Matas, uno en un gimnasio de Palma y otro en su despacho oficial del Consolat de la Mar, este le entregó un sobre con las pautas para que la mesa de contratación cambiara sus criterios. Castillo era una de las mujeres del partido más afines a Matas, incluso había sido inquilina de uno de los pisos que el expresidente tiene en la céntrica zona del Borne de Palma. Fue una de las únicas que defendió a Matas cuando fue imputado por el caso Palma Arena e incluso fue señalada por la Guardia Civil por haber presionado a testigos de esta causa. Castillo está casada con el actual teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Palma, Julio Martínez, un político de peso del PP de Palma.

En los últimos meses, el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, se ha desplazado a Barcelona y Madrid para tomar declaración a ex altos cargos y empresarios que participaron en el concurso. Entre ellos, al que fuera teniente de alcalde de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, que casi ha cumplido la condena a cinco años por abusos sexuales a menores. También ha tomado declaración al que fuera número dos de la Conselleria, Sergio Bertrán, que actualmente es gerente de la asociación empresarial Caeb. Éste, junto a funcionarios que participaron en el proceso de contratación, también relataron las supuestas prácticas irregulares.

La empresa OHL presentó una demanda en la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las islas para evitar que Dragados y FCC terminara adjudicándose el centro sanitario.