Certezas y dudas de los ERE

La juez Mercedes Alaya ya ha llegado a la cúspide de la pirámide, símil que ha utilizado a lo largo de casi cuatro años de investigación para explicar su teoría del fraude de los ERE subvencionados por la Junta de Andalucía. La instrucción inductiva de Alaya se fundamenta en que el Gobierno autónomo diseñó el fondo, aprobado durante una década por el Parlamento autónomo a través de la ley de Presupuestos, con el fin de repartir discrecionalmente dinero público de forma no sólo espuria sino delictiva. Desde esta perspectiva se explica su creencia de que la causa de los ERE, pese a su complejidad, es inescindible y que en el mismo saco de implicados quepan desde dos expresidentes de la Junta de Andalucía a la ristra de intrusos que han percibido una prejubilación injusta, pasando por los numerosos comisionistas, abogados o empresarios de medio pelo que hicieron negocio con este monumental escándalo.

Esta teoría de Alaya (que implica la cooperación por acción u omisión de centenares de personas en el desfalco) se compadece con la imagen extendida en determinados segmentos de la ciudadanía de que en Andalucía hay una democracia limitada, lo que algunos llaman el régimen, que explicaría la falta de alternancia en el Gobierno autónomo no tanto en la incapacidad histórica del PP como en las diferentes artimañas que habría utilizado el PSOE para evitar ser apeado del poder en la comunidad más poblada de España. Siendo esto una excusa de mal pagador, lo cierto es que el fraude de los ERE es un evidente ejemplo de clientelismo y descontrol del dinero público. Nada ha hecho tanto daño al PSOE andaluz en los más de 30 años de autonomía como este caso de corrupción, de ahí que para muchos Alaya sea una heroína que ha removido los cimientos de la comunidad, leyenda que se ha acrecentado tras el último fracaso electoral del PP en 2012 y tras la renuncia a la presidencia de la Junta de José Antonio Griñán en el verano de 2013 por el desgaste del caso.

El paso que ha dado la instructora, reclamado desde hace meses por la Fiscalía Anticorrupción y sugerido también por la Audiencia de Sevilla, es el mejor camino para discernir en un plazo razonable si la cúpula de la Junta de Andalucía actuó de forma delictiva al decidir el pago de los ERE mediante las transferencias de financiación (una figura presupuestaria común en las Administraciones, que da agilidad en la gestión pero que tiene controles de fiscalización más débiles) o si, por el contrario, las responsabilidades penales se circunscriben en el ámbito político a la Consejería de Empleo, foco del abuso del dinero público.

El relato que ha elaborado Alaya desde el principio de la instrucción da por hecho que fue la cúpula del Gobierno autónomo la que se confabuló para repartir de forma arbitraria el fondo de los ERE a lo largo de una década. El principal respaldo a esta tesis es el informe que los expertos de la Intervención General del Estado hicieron a petición de la juez, en el que se censuraba con dureza el uso de las transferencias de financiación. El principal problema es que no hay testimonios ni documentos que acrediten tal conspiración delictiva.

La juez se basa también en los sucesivos informes de la Intervención de la Junta de Andalucía que año tras año alertaron del irregular procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas. Pero también consta en la causa la declaración judicial como imputado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, quien fue muy crítico con la actuación del Gobierno autónomo, pero quien también subrayó que el uso de las transferencias de financiación era legal, más aún cuando eran aprobadas por el Parlamento vía ley de Presupuestos. Esta declaración, cuya trascendencia no fue suficientemente valorada, trasladaría el debate del Código Penal al Derecho Administrativo.

Otro elemento controvertido de la teoría de la magistrada, y que alimentará la discusión en el Supremo, es la inclusión entre los implicados de Manuel Chaves. A diferencia de los demás aforados, Chaves no estuvo al frente de ninguna consejería en la etapa del fraude, sino que dirigía un órgano colegiado, el Consejo de Gobierno, encargado de aprobar el proyecto de ley de Presupuestos y las modificaciones presupuestarias para aumentar el crédito del fondo de los ERE. ¿No deberían, en coherencia, estar también ante el Supremo todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta entre 2001 y 2010 que apoyaron estas decisiones?

A estas alturas, el caso de los ERE acumula numerosas certezas (fundamentalmente el desvergonzado uso del dinero público para el lucro de unos pocos y la increíble falta de controles internos en la Junta de Andalucía), pero también dudas que tendrá que resolver el Supremo. La principal: saber si los aforados son la parte más elevada de la pirámide delictiva o si su responsabilidad penal está asentada sobre un castillo de naipes.