La familia del Rey tiene aún causas judiciales pendientes

Felipe VI estrenó ayer su reinado con la promesa pública de impulsar “una Monarquía renovada para un tiempo nuevo”, fiel a la Constitución, “referente de ejemplaridad” y comprometida a “observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social”.

El objetivo de futuro que se ha marcado el nuevo Rey de España para hacer de la Corona un referente de ejemplaridad y así ganar la “autoridad moral necesaria” para ejercer sus funciones depende en parte del pasado, que mantiene alguna cuenta pendiente con la Monarquía.

En un juzgado de instrucción de Palma de Mallorca, el magistrado José Castro está a punto de concluir la instrucción del caso Nóos, que investiga desde hace tres años los negocios supuestamente ilegales del imputado Iñaki Urdangarin, y la responsabilidad penal de su esposa, Cristina de Borbón, también imputada en la causa. El cuñado y la hermana del nuevo Rey están a un paso del banquillo de los acusados en un juicio donde se dirimirán algunas cuestiones que afectan a la imagen de ejemplaridad que Felipe VI reclamó ayer para la Corona.

El tribunal del caso Nóos juzgará si los Duques de Palma se enriquecieron a costa de contratos públicos por más de siete millones de euros que distintos gobiernos del PP dieron sin concurso previo a la empresa de Urdangarin “por tratarse del yerno del Rey”, según admitieron alguno de los políticos implicados en estas prácticas ilegales. El sumario del caso Nóos incluye algunos correos electrónicos donde Urdangarín explica a sus socios cómo Cristina de Borbón le contaba las gestiones que el rey Juan Carlos hacía a favor de sus negocios.

La imagen de ejemplaridad de la Monarquía, por este asunto del pasado, volverá a estar amenazada cuando dentro de unos meses se celebre el juicio.

Junto a ello, el pasado de don Juan Carlos, tras la pérdida de la inviolabilidad que le concede la Constitución, se someterá también a juicio público. El Gobierno iniciará una tramitación parlamentaria urgente para otorgar una protección jurídica al rey Juan Carlos ante cualquier querella o demanda que se pueden presentar contra él. Se trataría de un aforamiento especial y único en España que remitirá cualquier causa contra el monarca al Tribunal Supremo.

El debate en el Congreso sobre esa reforma legal para aforar al Rey ha vuelto a sembrar dudas sobre la Monarquía. Algunos grupos parlamentarios ya han anunciado que no aceptan esta protección jurídica especial que el Gobierno pretende conceder a don Juan Carlos con el argumento de que ese aforamiento único demostraría que todos los ciudadanos no son iguales ante la Ley.

Hace año y medio, dos personas presentaron demandas de paternidad contra don Juan Carlos en dos juzgados de lo civil de Madrid. Las juezas resolvieron archivar no admitir las demandas con el argumento de que “la inviolabilidad que la Constitución concede al Rey implica la imposibilidad no sólo de exigir responsabilidad penal sino también de dirigir contra el Monarca acciones ante la jurisdicción civil”. Ese blindaje ya no existe.

Las mismas personas que demandaron a don Juan Carlos hace año y medio pueden volver a hacerlo tras la abdicación pues la causa por la que fueron inadmitidos sus litigios ya no está vigente.

Si eso se produce sin que el Congreso y el Senado hayan aprobado la reforma legal para otorgar el fuero total al Rey saliente, cualquier juzgado de lo civil podría abrir una causa. La admisión de este tipo de demandas, algo habitual en los juzgados con mínimos indicios, se puede demorar entre 15 días y un mes como máximo.

Respecto a los supuestos delitos de carácter penal que pudiera haber cometido en el ejercicio de su cargo de Rey, el Gobierno sostiene que ninguno de los actos de Don Juan Carlos durante su reinado pueden ser ahora perseguidos judicialmente.

Otros expertos jurídicos entienden que no hay ninguna Ley vigente que incluya la inviolabilidad entre las causas de extinción de la responsabilidad penal.

El Código Penal señala siete causas de extinción de la responsabilidad penal: la muerte del reo, el cumplimiento de la condena, la remisión definitiva de la pena suspendida, el indulto, el perdón del ofendido, la prescripción del delito o la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.

“La Corona”, dijo ayer Felipe VI, “debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza; y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio”.