El juez que dimitió del TC por conducir ebrio reingresa en la Audiencia Nacional

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer el reingreso en el servicio activo de Enrique López, el magistrado del Tribunal Constitucional que dimitió tras ser cazado ebrio y sin casco conduciendo su motocicleta, el pasado 2 de junio. Tenía los "ojos rojos, habla repetitiva y rostro congestionado", según el parte de la policía.

Al solicitar su reingreso y cumplir las condiciones, el Poder Judicial no podía más que atender la petición del magistrado para volver a su plaza en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en 2008 y que no ocupaba por encontrarse en un puesto de servicios especiales. Dados los plazos estipulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, López regresará a su puesto antes del día 22; es decir, como máximo, 20 días después de abandonar el Constitucional. De no hacerlo, será declarado en situación de “excedencia voluntaria”.

Enrique López, en su condición de juez, es aforado y, por lo tanto, debe ser juzgado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, según el diario El Mundo, el magistrado ha sido condenado por un juzgado de Madrid a, exclusivamente, una pena de multa en una sentencia conformidad, lo que le posibilita que se incorpore, de manera, inmediata, a la carrera judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la pérdida de la condición de magistrado en caso de una condena a prisión por delito doloso. Pero si la pena es de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, como en este caso, la condena le permite permanecer en su puesto.

Desde la dimisión de Enrique López, su plaza está vacante en el Tribunal Constitucional. El magistrado llegó al tribunal por designación del Gobierno, por lo que la elección de su sustituto ha de realizarse con la misma fórmula; es decir, a propuesta del Ejecutivo de Rajoy, que consiguió que accediera a un puesto en este tribunal en 2013. Así, se mantendrá la mayoría conservadora en el tribunal de garantías constitucionales.

Entre los nombres que figuran para ocupar su puesto se encuentran los de Luis María Díez-Picazo, magistrado del Supremo y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha; la exletrada del Senado y hermana del presidente de la misma cámara, Piedad García Escudero; Enrique Arnaldo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, y Julio Banacloche, catedrático de Procesal de la Complutense de Madrid. Otras fuentes apuntan como candidatos al actual Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce y al magistrado del Supremo,Manuel Marchena. Dado que el nuevo magistrado tiene que jurar su cargo ante el Rey, el nombramiento se ha retrasado para esperar, como mínimo, a la proclamación de Felipe VI.