La mitad de los extranjeros internados en los CIE en 2013 no fueron expulsados

Casi la mitad, el 47,5%, de los 9.002 extranjeros internados en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) el año pasado no fueron finalmente expulsados de España, "a pesar de que con la medida de internamiento se pretende asegurar su repatriación efectiva", según revela un informe del Defensor del Pueblo presentado este martes en el Senado, que alerta también de distintas vulneraciones en las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en España. Entre ellas, lo difícil que resulta probar una agresión mientras se está retenido, por las "deficiencias" que presentan los partes de lesiones, que se llevan a cabo de forma imprecisa y tardan en entregarse al juez.

La institución que dirige Soledad Becerril detecta también deficiencias en la asistencia sanitaria en los CIE, a menudo objeto de polémica por sus problemas de hacinamiento o malos tratos. “No se realizan analíticas destinadas a detectar el consumo de sustancias tóxicas o la existencia de enfermedades infecto- contagiosas de la forma más inmediata posible”, apunta el texto, y “el idioma sigue siendo un obstáculo para la comunicación fluida entre los servicios sanitarios y los internos”. En 2013, la policía detuvo a 49.406 personas por infracción de la Ley de Extranjería, un 17,07% menos que el año anterior (59.575).

El informe alerta además de que los partes de lesiones de las personas privadas de libertad en España presentan numerosas "deficiencias" que provocan su "escaso valor legal" y que "no permiten la toma de decisiones" sobre las agresiones en centros de detención. Los documentos a través de los cuales los médicos ponen las lesiones en conocimiento de los jueces suelen estar "incompletos", son "imprecisos" y en muchos casos "no se describe la forma en que el lesionado refiere que se produjeron las lesiones". Además, a veces "se produce una demora importante de su llegada desde el centro hasta el juzgado" o no se remiten directamente al juez de guardia, según recoge el estudio.

"Un parte de lesiones completo y que recoja los datos que se consideran mínimos e imprescindibles constituye un elemento esencial en la detección de los malos tratos, puesto que se trata del documento médico temporalmente más cercano a los hechos alegados y, en consecuencia, la información que brinda tiene un carácter único”, expresa el informe del Defensor del Pueblo, que se elabora en virtud de un mandato de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, de 2002. El documento echa en falta que las lesiones se documenten en los centros penitenciarios también con fotografías, y recalca que en las cárceles o en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) "los partes no se remiten directamente al juez de guardia [como es preceptivo], sino al director del centro o al juez de control". El texto también alerta de que “a veces se produce una demora importante de la llegada de estos partes desde el centro donde se produce la asistencia hasta el juzgado".

"Sería necesaria una mayor formación en materia de medicina legal, sobre todo a la hora de descripción técnica de las lesiones, por parte de los médicos asistenciales", pide el Defensor del Pueblo. 

Salas de asilo sin luz natural

La institución que dirige Soledad Becerril ha visitado a lo largo del año pasado 60 centros de privación de libertad (en todos los casos, salvo seis, en visitas no anunciadas), como comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, centros penitenciarios, centros para menores infractores, CIE y otros como hospitales psiquiátricos o calabozos de juzgados, con el objetivo de comprobar que en todos ellos se respetan los derechos humanos.

En las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid- Barajas, donde se encuentran los extranjeros que han solicitado asilo en España y a los que no se les ha permitido la entrada en el país al no cumplir los requisitos legales, el Defensor comprobó que al menos 162 personas en 2012 y 101 en 2013 habían permanecido más de 72 horas en las mismas, pendientes de ser rechazadas. La sala que se encuentra en la Terminal 4 satélite de aeropuerto “carece de luz natural”, destaca el informe, y tanto en esta como en la de la Terminal 1, los que se encuentran en ella "no pueden salir al exterior".

El Defensor ve también "deficiencias" en los centros sociosanitarios, aquellos en los que están ingresados mayores de 18 años con discapacidad intelectual moderada, severa o profunda y con dependencia. Los técnicos de la institución visitaron dos centros, “El Pinar”, en Teruel, y “Santa Teresa de Arévalo”, en Arévalo (Ávila) y encontraron problemas con la autorización judicial para el internamiento de estas personas. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales no requiere, dice el informe, autorización judicial expresa para el ingreso. “Debería instarse por parte de los familiares o tutores la autorización judicial para el internamiento no voluntario como requisito para el ingreso”, apunta. En el de Ávila, además, “se detectaron casos de pacientes antiguos que podrían no disponer de capacidad para dar su libre consentimiento a la continuidad del centro, y respecto de los cuales no existía autorización judicial para su permanencia en el mismo, por lo que dichas situaciones deberían revisarse”.

El documento refiere, por último, que en las cárceles, —en las que se ha reducido la población en 9.000 personas en los últimos cuatro años (hasta los 65.395 reclusos en 2013)—, se llevaron a cabo durante el año pasado 105 informes de inspección por denuncias de malos tratos, de los cuales 85 fueron archivados, 13 están pendientes de resolución judicial, seis en trámite y uno fue transformado en información reservada.