El debate de la futura Ley se enreda en el Consejo del Poder Judicial
Dos informes contrapuestos y cuatro alegaciones complican la deliberación del próximo viernes
El debate que celebrará el Consejo General del Poder Judicial el próximo viernes para aprobar su informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley del aborto tendrá dos informes —el de la ponente conservadora Carmen Llombar y el de la vocal progresista Pilar Sepúlveda— y cuatro alegaciones —de dos vocales elegidos a propuesta del PP, la vocal propuesta por CiU y el vocal propuesto por el PNV —. Con estos precedentes la deliberación para sacar un texto adelante con un mínimo consenso se complica.
El Consejo General del Poder Judicial está compuesto por 21 vocales, de los que diez más el presidente son a propuesta del PP, ocho del PSOE, uno de CiU y uno del PNV.
La ponente conservadora ha redactado un informe que avala el proyecto aunque plantea algunos cambios, entre ellos que se incluya el supuesto de aborto por malformación del feto incompatible con la vida. La vocal progresista Pilar Sepúlveda defiende en su texto la vigente ley de plazos y rechaza por tanto la reforma que plantea el Gobierno. Aunque en sus reflexiones técnicas sobre la norma también defiende la inclusión del tercer supuesto de malformación del feto, no lo vincula a que esta sea incompatible con la vida, como hace la ponente conservadora.
A priori, el informe conservador contaría con 11 votos, de todos los vocales elegidos a propuesta del PP, y el progresista con 10 (los ocho del PSOE más los de CiU y PNV). Pero las alegaciones anunciadas ayer por cuatro vocales del Consejo del Poder Judicial pueden dar al traste con este pronóstico.
Fallo del Constitucional
El magistrado Fernando Grande Marlaska, propuesto por el PP, sugiere que se abstendrá en la votación con el argumento de que el Consejo del Poder Judicial no debería pronunciarse sobre el proyecto del Gobierno hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso contra la ley de plazos vigente. La abogada del Estado Nuria Díaz, también propuesta por el PP, rechaza el informe de la ponente de su propio grupo conservador y se opone a que se incluya en la futura ley un nuevo supuesto de aborto por feto inviable. Los vocales de CiU (Mercè Pigem) y PNV (Enrique Lucas) también defienden esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre la actual normativa y piden al Gobierno que retire el proyecto, dado que el modelo actual “presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía y no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación”.
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