Jueces y fiscales encaran la ley del aborto

El gobierno de los jueces y el Consejo Fiscal afrontarán en los próximos días los informes preceptivos que tienen pendientes desde hace cinco meses sobre el proyecto de ley del aborto que ha elaborado el Gobierno del PP.

Aunque el texto tiene un articulado escaso, las maniobras en el Consejo General del Poder Judicial y en el Consejo Fiscal han permitido al Gobierno atravesar la campaña electoral de las europeas sin tener que digerir nuevos informes sobre una de sus normas más controvertidas, que elimina la ley de plazos que aprobó en 2010 el Gobierno socialista y que recupera la ley de supuestos de 1985 con más restricciones.

El Consejo General del Poder Judicial encargó el informe a dos vocales, una de tendencia progresista —elegida a propuesta del PSOE— y otra conservadora —designada por el PP—. La vocal progresista terminó su trabajo hace más de un mes, censurando la nueva normativa, mientras que la representante conservadora se ha negado a culminar su informe, con lo que el Consejo General del Poder Judicial no ha podido someterlo a votación en el pleno. Aunque ese organismo tiene mayoría conservadora, el informe que finalmente apruebe fracturará en dos el organismo.

Mientras, el Ministerio de Justicia ha recibido decenas de alegaciones de distintos colectivos y de comunidades autónomas para que modifique el texto del proyecto de ley de manera que incorpore el supuesto de malformación fetal, que se incluyó en la normativa vigente en España desde 1985 hasta 2010 y que fue eliminado del proyecto de ley que salió del Ministerio de Justicia.

Los populares defienden su proyecto recordando que es idéntico al de 1985 que aprobó el Gobierno de Felipe González y sugiriendo que, aunque el riesgo de malformación fetal no está incluido ahora, la mujer embarazada puede alegar riesgo psíquico para poder abortar.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene previsto aprobar definitivamente su proyecto de ley a mediados de junio, una vez haya recibido los informes preceptivos del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial. Y pretende salvar el principal trámite parlamentario de la futura ley en un pleno extraordinario que se convocará en el mes de julio para votar las numerosas enmiendas a la totalidad que presentará la oposición.

De esa manera, la ley podría aprobarse definitivamente en el próximo periodo de sesiones (entre septiembre y diciembre de 2014) para su entrada en vigor a primeros de 2015, unos meses antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.