Amnistía Internacional denuncia un “uso abusivo” de sanciones a los manifestantes

"A nadie le gusta que tus jefes piensen que has agredido al consejero". Jorge Aranda, un auxiliar de enfermería de 35 años, aguanta firme la voz mientras relata su detención en 2013 durante una protesta contra la privatización sanitaria en Madrid. Dos policías le "empujaron, tiraron al suelo y llevaron a comisaría", acusado de intentar golpear al responsable del área, Javier Fernández-Lasquetty. Pasó 24 horas en el calabozo. "Después, el juez desestimó la causa contra él: afirmó que no resultaba creíble la versión mantenida por los agentes", han explicado este jueves los responsables de Amnistía Internacional (AI), que han presentado un informe donde se concluye que el "uso abusivo de sanciones" administrativas y penales en España para castigar a manifestantes ya ha provocado un efecto "disuasorio" en la ciudadanía a la hora de concentrarse.

En el estudio —titulado El derecho a protestar, amenazado— la ONG denuncia cómo las medidas "legales" y "policiales" impulsadas por el Gobierno han supuesto un progresivo "deterioro" del derecho de reunión, asociación y expresión. Y apostilla que la futura Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal supondrán la puntilla a este proceso "restrictivo". "Hemos encontrado indicios claros de que las multas por participar en protestas están desalentando a la gente a sumarse a ellos", subraya el informe.

Valoración que ha remachado este jueves Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI: "España no está en línea con el estándar internacional de Derechos Humanos en lo referente a manifestaciones". Porque Amnistía, además de recabar el testimonio de 30 "víctimas", apoya su denuncia en el número de penalizaciones dictadas por las autoridades.

La ONG incide en que la Delegación del Gobierno de Madrid impuso 1.117 sanciones en 2012; que la comisión legal de Sol verificó 957 multas por "más de 300.000 euros" entre mayo de 2011 y abril de 2013; que del 12 al 15 de mayo de 2012 —primer aniversario del 15-M— se emitieron 314; y que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acumula más de 40.000 euros en sanciones. Eso sí, el informe no incluye una evolución histórica del número de multas que permita compararlo con etapas anteriores.

España no está en línea con el estándar internacional de Derechos Humanos Virginia Alonso, responsable de Política Interior de Amnistía

"Personas que participaron activamente en protestas fueron objeto de sanciones varias veces, hasta el punto de que sus abogados les aconsejaron que reduzcan su visibilidad en estas", ha resaltado Amnistía, que también ha denunciado el "uso excesivo de la fuerza" por parte de la policía en concentraciones pacíficas. De hecho, Anja Bienert, experta de Derechos Humanos de la ONG, ha alertado que esto puede suponer la entrada en un "círculo vicioso de escalada de violencia" que empuje a España a situaciones como las de Turquía o Brasil. "Hemos constatado malos tratos en detenciones y agresiones a periodistas". Pero Interior no ha querido responder a estas acusaciones.

"Han existido violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad", concluye la ONG, que presenta este documento apenas un día después de que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunciase la compra de más equipamiento para los antidisturbios y el cese del jefe de una unidad de la UIP por "fallos en la ejecución" del operativo policial desplegado en la Marcha de la Dignidad. "La respuesta de las autoridades a estas protestas, y a los movimientos que las han organizado, ha sido en gran parte represiva", sentencia Amnistía, además de resaltar la falta de transparencia en las investigaciones internas contra los agentes denunciados —también ha subrayado el intento del Gobierno de "criminalizar" a los organizadores de manifestaciones—.

Amnistía Internacional denuncia un “uso abusivo” de sanciones a los manifestantes