Interior cambiará la ‘ley Fernández’ para que no choque con la Constitución

El Ministerio del Interior está dispuesto a asumir todas las observaciones de los informes críticos realizados, entre otros otros, por el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Fiscal sobre el polémico proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, según fuentes del departamento. Falta aún el preceptivo informe del Consejo de Estado. “Cambiaremos todos los artículos afectados para que no haya dudas sobre su constitucionalidad”, han añadido.

Nada más presentar el proyecto de ley, los partidos de oposición, todas las asociaciones judiciales y diversos colectivos sociales se lanzaron en tromba contra el proyecto legislativo por creer que cercena las libertades y recorta los derechos ciudadanos. El diputado Joan Coscubiela, portavoz de Izquierda Plural, llegó a decir que era la “ley de la patada en la boca a la democracia”.

Ante las críticas, la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios ya hizo retoques a la norma el pasado noviembre. No obstante, el proyecto legislativo mantenía íntegramente su esencia y seguía contemplando duras multas gubernativas —sin ningún control judicial— contra las que es más caro presentar recurso.

Frente a la avalancha de críticas, el ministro Jorge Fernández se mostró “abierto a todo tipo de sugerencias” del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y las que resulten de la subsiguiente tramitación parlamentaria de la ley.

El Consejo General del Poder Judicial votará mañana un informe elaborado por dos de sus vocales — uno de talante conservador y otro progresista— que censura múltiples aspectos. También el Consejo Fiscal consideró hace un mes “inconstitucional” al menos tres puntos de la ley Fernández.

El Poder Judicial cree que el texto justifica la intervención de los poderes públicos de forma “excesivamente amplia” y recomienda “adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana”. En su opinión, hay varios artículos de la norma que son “vagos” o inconcretos.

Pero, además, el órgano de gobierno de los jueces no duda en calificar de “contraria a la Constitución” la posibilidad de que la policía establezca controles en lugares públicos para identificar a las personas que se encuentren en ellos con el fin de descubrir y detener a quienes hayan cometido una infracción. El Poder Judicial piensa que eso “viene a reconocer la posibilidad de que una persona pueda ser detenida por simples faltas penales o infracciones administrativas”.

El Consejo también ve “difícilmente compatible con la Constitución” el artículo 16 del anteproyecto, que faculta a las fuerzas de seguridad del Estado a requerir la identificación de las personas cuando haya indicios de que han podido cometer una infracción o se sospeche que puedan cometerla, ante lo que establece la posibilidad de retenerlas si se niegan a identificarse o no es posible identificarlas en ese momento. En este supuesto, “debería indicarse la duración máxima tanto de la retención como de la medida de identificación en la comisaría”.

El Consejo Fiscal, en un informe rubricado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también estima que puede ser inconstitucional el registro de domicilios sin que medie el conocimiento de que se está produciendo un delito flagrante; la retención de ciudadanos para su identificación; y la detención de personas por haber cometido una infracción administrativa.

“El ministerio modificará todos los artículos cuestionados para que no haya dudas de constitucionalidad y para eliminar los problemas detectados”, aseguran fuentes de Interior. Pero no solo eso, sino que el equipo ministerial introducirá por propia iniciativa otros cambios al proyecto legislativo, según las mismas fuentes. Estas no han especificado cuáles son los aspectos que serán retocados, escudándose en que todavía no están acabados.

Los apartados más controvertidos del proyecto legislativo hacen referencia a las sanciones previstas para quienes participen en manifestaciones callejeras que afecten a la seguridad ciudadana. Eso ha desatado un aluvión de críticas de los partidos y los colectivos ciudadanos por entender que la verdadera intención del Gobierno es acallar las protestas.